La Policía Federal destinó 23 mil
millones de pesos en 2017 a “operativos para la prevención y disuasión del
delito”, y aunque cumplió con las metas previstas como la elaboración de fichas
criminales o bases de datos biométricos, eso no se tradujo en disminuir la
violencia o mejorar las condiciones de seguridad en el país, es decir, no tuvo
un efecto social.
Así lo concluye la auditoría de
desempeño 22-GB a la Policía Federal, respecto al componente “Operativos para
la Prevención y Disuasión del Delito”, realizada como parte del segundo informe
de Cuenta Pública de 2017.
El programa
de la Policía Federal estableció metas que cumplió al 100%, como 481
operaciones institucionales basados en indagaciones científicas, 575 fichas
criminales, 52 agendas de riesgo, e ingresó 10,520 datos biométricos y
balísticos a las bases de datos, además de ejecutar 7,447 operativos en
atención a las solicitudes presentadas por las autoridades locales.
Sin embargo, “no contó con un mecanismo que le permita
medir su contribución relativa a mejorar las condiciones de seguridad en el
país, expresado en términos del efecto social”. Por lo tanto, la Auditoría
determinó que la Policía Federal “no contó con un mecanismo que le permita
medir su contribución relativa a mejorar las condiciones de seguridad en el
país”, señaló la ASF respecto al gasto en 2017.
Los datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
confirman esto: en 2017 hubo un
incremento en la comisión de delitos. Se registraron un millón 817 mil 61
delitos de todo tipo, lo que significa una tasa de mil 471 nuevos ilícitos por
cada cien mil habitantes.
Esto
representa un aumento de 10.26 % con respecto a 2016, cuando se registró un
millón 628 mil 438 delitos, equivalentes a una tasa de mil 334 ilícitos.
La Policía Federal, a cargo del
Comisionado General Manelich Castilla, tampoco determinó si sus acciones
tuvieron algún impacto en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el
país, por medio de una mayor convergencia en su coordinación con otras
autoridades de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo
con el análisis del presupuesto, el programa E903 “Operativos para la prevención y disuasión del delito”, tuvo una
asignación de 23 mil 662 millones de pesos, lo que representó el 93.7% de lo
asignado al rubro prevención del delito con perspectiva nacional.
Respecto a
la medición de los objetivos, la Policía
Federal no identificó ni clasificó cuántas y cuáles de sus actividades fueron
para la prevención del delito, y cuáles son de reacción ante hechos delictivos
o de alteración pública, tampoco estableció un indicador sobre los resultados y
el efecto esperado mediante la operación del programa.
En el rubro de “inteligencia”
previsto en el programa, la Auditoría comprobó que la Policía elaboró fichas
criminales y agendas de riesgo, además se cumplió en 106.3% la meta del
indicador de “Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia,
detección y seguimiento de probables actos delictivos”, porque en 2017 realizó
113,707 servicios de los 107,000 programados, debido a que se presentó un mayor
número de solicitudes por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo,
“no acreditó que el conjunto de
actividades realizadas correspondió a la prevención del delito, y la atención
de las causas para abatir la delincuencia”.
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