La transición de la Procuraduría
General de la República (PGR) a una Fiscalía General de la República autónoma e
independiente podría alargarse hasta 2027. Además,
cualquier reforma constitucional que pretenda hacerse para, por ejemplo,
modificar el nombramiento del fiscal, no sería posible en al menos dos años.
Esto es parte de un pre-dictamen
elaborado por legisladores de las comisiones Unidas de Justicia y Estudios
Legislativos del Senado – con mayoría de Morena – para la expedición de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Este pre-dictamen,
del que Animal Político tiene copia, no
es definitivo y aún está sujeto a modificaciones. Sin embargo, las
organizaciones no gubernamentales agrupadas en el colectivo #FiscalíaQueSirva
denunciaron en un comunicado que el documento no respeta la propuesta de ley
planteada con el gobierno de transición que fue resultado de 15 mesas de
trabajo.
“Estamos ante el riesgo inminente de
que solo tengamos un cambio de nombre de la PGR a Fiscalía, como ha ocurrido en
muchos estados. El problema de fondo es que no hay comunicación ni
transparencia de los legisladores, no sabemos cuándo se presentará el dictamen
definitivo, No se está respetando el espíritu ni la profundidad del cambio que
se busca y que incluso fue platicado con el propio gobierno de transición”, dijo Edgar Corte, integrante y
vocero del colectivo.
Cabe
recordar que desde 2014 se aprobó una
reforma constitucional que plantea la transformación de la PGR en una Fiscalía
Autónoma, separada del Poder Ejecutivo, y con un patrimonio propio. Pero para
que ese cambio se concrete se necesita que el Congreso expida la Ley Orgánica
de la nueva Fiscalía que abrogue la actual ley de la actual PGR.
En
septiembre pasado el colectivo Fiscalía que Sirva presentó en el Senado una propuesta de Ley Orgánica, elaborada de
forma conjunta con académicos, especialistas y el gobierno de transición, con
la intención de que se convirtiera en la ley aprobada. Pero el predictamen
elaborado por los legisladores, y que se estaría discutiendo en los próximos
días, incluye modificaciones que según los activistas pone en riesgo todo el
proceso.
A continuación,
Animal Político destaca los principales cambios:
-Una
transición de nueve años.
El proyecto
de dictamen, presentado en septiembre por Fiscalía que Sirva, planteaba en su
artículo segundo transitorio que, en cuanto entrara en vigor la Ley Orgánica de
la Fiscalía General (un día después de su publicación en el DOF), se abrogaría
en automático la Ley Orgánica de PGR. Con ello desaparecería la Procuraduría.
En cambio, el pre-dictamen elaborado por los
legisladores plantea lo que denomina “una abrogación paulatina” de la Ley
Orgánica de PGR, y establece un plazo de nueve años (hasta 2027) para que se
culmine con dicha abrogación. Pese a ello añade que la Fiscalía será declarada
autónoma de manera inmediata aun cuando la abrogación de la PGR no se haya
culminado.
En opinión de Edgar Cortez esto abre
la puerta a un riesgo meramente cosmético. “No se ha entendido que esto se
trata de una transformación de fondo, que requiere cambios profundos. No solo
expedir una ley por hacerlo o cambiar un nombre” dijo.
-Reformas,
hasta dentro de dos años.
Académicos y
activistas han insistido en la necesidad de reformar la constitución para darle
mayor autonomía a la fiscalía y modificar procesos como el nombramiento del
fiscal. Es por ello que en la iniciativa presentada en septiembre tras las
mesas de trabajo, se planteó que un año después de la entrada en vigor de la
Ley General de la Fiscalía General se convocaría a una revisión pública del
marco constitucional.
El artículo
decimotercero transitorio de esa iniciativa detallaba además un amplio abanico
de temas que se revisarían en dicha convocatoria y serían susceptibles de las
modificaciones constitucionales que tuvieran que hacerse.
Pero en el
pre-dictamen de los legisladores se
amplió a dos años el plazo para comenzar con la consulta pública sobre las
reformas constitucionales.
-Catálogo de
faltas graves eliminado.
El artículo
26 del proyecto de ley que trabajaron los activistas de Fiscalía Que Sirva y el
gobierno de transición establecía un catálogo de 16 “faltas graves” en que
podrían incurrir los funcionarios de la fiscalía general y que ameritarían, por
lo menos, su destitución. Entre ese catálogo se encontraba, por ejemplo, actuar
con negligencia, retrasar o perjudicar una investigación, negar u obstaculizar
algún derecho de las víctimas.
En el pre-dictamen
de los legisladores dicho artículo
desapareció. La justificación que las comisiones dictaminadoras establecieron
es que la Constitución y la Ley de Responsabilidades Administrativas ya hacen
referencia a faltas en que pueden incurrir los funcionarios, por lo que
consideraron que no puede definirse un catálogo distinto.
-Incumplir
plan, ya no es causa de remoción-
El artículo
18 del proyecto presentado en septiembre establecía que el incumplir
sistemáticamente con los objetivos del plan de persecución penal era una causa
válida para remover al fiscal general.
El referido
plan es la estrategia que tiene que definir el titular de la Fiscalía para
abatir la incidencia delictiva, con metas específicos e indicadores para evaluarlo.
El pre-dictamen
elaborado por las comisiones del Congreso simplemente
elimina el incumplimiento de los objetivos del plan de persecución penal como
una causa para la remoción del Fiscal general.
-Acotan
intervención de Consejo Ciudadano.
La propuesta
pactada por Fiscalía Que Sirva y el gobierno de transición planteaba la
creación de un Consejo Técnico Ciudadano de la Fiscalía General que, entre
otras cosas, tenía la capacidad de emitir recomendaciones a la institución,
intervenir en la revisión y nombramiento de fiscales especiales. Estaría
encabezado por cinco personas nombradas por un Comité de Designaciones
independiente.
El pre-dictamen
de los legisladores remueve el carácter
de técnico al consejo, establece que su función es honorífica, y subraya que si
bien sus recomendaciones son públicas “no serán vinculantes”, es decir, el
fiscal general no tiene obligación alguna de aplicarlas. También se elimina la
participación del consejo en la designación de fiscales especiales.
Otra diferencia es que la propuesta
de las comisiones del Congreso establece que los integrantes de dicho consejo
serán además elegidos por el Senado.
-Quitan piso
mínimo a presupuesto.
El artículo
63 del proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General elaborado en las mesas
de trabajo de los especialistas, y presentado por el colectivo Fiscalía Que
Sirva, establecía un piso mínimo que garantizaba recursos para la Fiscalía: el
presupuesto anual de la institución en ningún caso podrá ser inferior al del año
anterior.
En cambio,
el pre-dictamen de los legisladores elimina
dicho candado para el presupuesto mínimo de la institución. Y no solo eso, en
los artículos transitorios se establece que sus recursos estarán sujetos a las
medidas de austeridad del Estado.
-Remoción de
los fiscales incompleta.
La propuesta
presentada en septiembre no abunda en el tema de la remoción de los fiscales, pero el pre-dictamen de los legisladores
subraya que es facultad del Fiscal General remover a los fiscales
especializados y que debe enviar al Senado una explicación al respecto para que
este, si lo considera, objete dicha decisión. Pero no define ningún plazo para
que esto suceda.
Los
especialistas del colectivo proponen que
se modifique en el dictamen final esta redacción, sobre todo porque el artículo
102 de la Constitución subraya que la ley debe fijar los plazos. En ese
sentido, se sugiere que se incluya la obligación del fiscal de avisar al Senado
de forma “inmediata” cuando remueva al fiscal, y que se defina un plazo de 30
días para que la Cámara Alta presente una objeción si lo considera.
Escuchan a
especialistas ya con dictamen avanzado.
Luego de que
públicamente dieran a conocer su descontento por las modificaciones al proyecto
de Ley Orgánica presentado en septiembre, representantes
del colectivo Fiscalía que Sirva se reunieron ayer con senadores para presentar
sus puntos de vista. Fue la primera reunión desde que comenzó el proceso de
análisis.
“Hasta antes de esto no habíamos
tenido conocimiento absolutamente de nada respecto al proceso. No fuimos
convocados. Sabíamos que las dos cámaras (senadores y diputados) estaban
trabajando en ello pero era información parcial. Nos enteramos por rumores de
que el 20 de noviembre pretenden aprobar esto y nos preguntamos dónde quedó el
diálogo y la discusión con la sociedad civil” señaló Edgar Cortez.
El vocero
del colectivo Fiscalía Que Sirva
insistió en que se corre el riesgo de solo implementar un “cambio cosmético” en
la PGR, que más allá de tener otro nombre mantenga los mismos vicios e inercias
que la afectan actualmente.
En ese
contexto Cortez dijo que el Senado aún
está a tiempo de escuchar las opiniones técnicas de los especialistas y
modificar el dictamen que se estará presentando al pleno para su análisis. Se
prevé una nueva reunión entre los legisladores y los especialistas para el 7 de
noviembre.
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