La Auditoría
Superior de la Federación (ASF)
descubrió múltiples irregularidades, desde subejercicios hasta posible desvío
de recursos, por casi 2 mil 500 millones de pesos que la federación le entregó
a los estados en 2017 y que proviene de un fondo que carece de reglas claras de
operación, indicadores objetivos de seguimiento y mecanismos de transparencia.
Se trata del denominado Fondo para el
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) cuyo presupuesto erogado, además, terminó siendo casi 20 veces superior a lo que originalmente se había
contemplado en el Presupuesto de Egresos de 2017. Pasó de 3 mil 256 millones
originalmente aprobados a más de 55 mil millones al cierre del año pasado.
Debido al
tamaño de las irregularidades, la ASF
informó que ha ordenado un paquete de nuevas auditorías emergentes para dar
seguimiento al destino del dinero extraído de este fondo perteneciente al
denominado Ramo 23, el cual ha sido señalado por abrir la puerta a hechos de
corrupción, como los llamados “moches”.
En los
informes de resultados presentados al Congreso, la ASF advirtió que muchas entidades federativas incluso usan con
absoluta discrecionalidad los recursos que reciben de este fondo y deposita el
dinero en sus cuentas concentradoras, hecho que de por sí ya es ilegal.
“Se observó la carencia de reglas de
operación y de criterios claros y objetivos para su asignación a cada estado,
tampoco para su contabilidad incluso algunos estados los clasificaron
incorrectamente como participaciones y los depositaron en la cuenta licuadora”,
indicó la Auditoría.
Fallas de
todos colores.
Para
analizar la forma en que se estaban usando los recursos del FORTAFIN, la ASF practicó 17 auditorías de
cumplimiento financiero, una de ellas a la Secretaría de Hacienda como la
entidad responsable de coordinar el fondo y 16 más a distintas entidades
federativas que recibieron recursos del mismo durante el año pasado.
El resultado
fueron diversas irregularidades
detectadas por un monto que asciende a 2 mil 477 millones de pesos y que los
estados tienen la obligación de aclarar. En caso contrario se considerará un
presunto daño al erario público que dará paso a las denuncias penales ante la
Procuraduría General de la República.
Del total
del dinero mal manejado hay 1 mil 269
millones de pesos, el 50.5 %, que corresponden a recursos que las entidades
reportaron haber gastado sin que existen documentos suficientes que acrediten
que realmente se invirtió en algo. Es decir, falta evidencia que lo pruebe.
Esta es la irregularidad más común.
La segunda irregularidad detectada
con mayor frecuencia y que asciende a un monto de 829.5 millones de pesos (33 %
del monto total observado) corresponden a recursos que las entidades recibieron,
pero no gastaron y que sin embargo tampoco fueron devueltos a la Secretaría de
Hacienda. ES DINERO QUE NO APARECE.
Los
auditores también encontraron anomalías
en el gasto 87.3 millones de pesos que se destinaron al pago de obras de mala
calidad o que no se ejecutaron. A su vez se reportaron 77.1 millones de pesos
que se pagaron como anticipos por servicios que no fueron compensados.
Además, hubo pagos improcedentes o en exceso que,
de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, suman 56 millones de
pesos. El resto del dinero reportado corresponde a otras irregularidades.
Pero sumando
a lo anterior, lo que la ASF considera
como “crítico” es el hecho de que sin aparente justificación, el monto original
del FORTAFIN aprobado en el presupuesto de 2017, y que era del orden de los 3
mil 243 millones de pesos, haya crecido hasta los 55 mil millones de pesos Es
un sobre ejercicio del 1,600 % entre lo aprobado y lo que se terminó erogando
al final.
¿Qué estados
fueron los principales beneficiados con este incremento? El estado de México que terminó recibiendo 8 mil 528 millones de pesos;
seguido de Guerrero con 3 mil 792 millones de pesos; Michoacán con 3 mil 771
millones de pesos; Ciudad de México con 3 mil 422 millones de pesos; y Chiapas
con 3 mil 328 millones de pesos.
El aprobar una cantidad para este
fondo y terminar gastando mucho más no es un hecho aislado. Un análisis de la organización
México Evalúa arrojó que en el año 2016
al FORTAFIN se le asignó en el presupuesto 1, 560 millones de pesos y sin
embargo, al finalizar aquel año el monto se había elevado a más de 65 mil
millones de pesos, un crecimiento descontrolado de más del 4 mil por ciento.
En opinión
de los auditores, lo anterior es posible
gracias a la falta casi absoluta de reglas y criterios reales sobre la utilidad
de este fondo, sus alcances y los criterios para repartirlo.
“No existe un marco jurídico que
regule a quién otorgar los recursos, los motivos, el monto y la temporalidad.
Actualmente, la entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la
Secretaría define, los cuales no se publican en el Diario Oficial de la
Federación (…) No existe claridad sobre el problema o necesidad pública que
atiende el fondo, ni se cuenta con una justificación adecuada sobre su
pertinencia y alcance” indica el análisis.
Edomex y
Puebla, focos rojos.
El Estado de México y Puebla son las
dos entidades en donde se concentra el mayor monto de recursos de este fondo
manejados irregularmente.
Por ejemplo,
de los 1 mil 269 millones de pesos
gastados sin que exista la comprobación suficiente, el 56.4 % corresponde
exclusivamente a dinero entregado al estado de México en la gestión de Eruviel
Ávila y Alfredo del Mazo, mientras que el 37 % son recursos asignados a Puebla,
durante las administraciones de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali.
Y de los casi 830 millones de pesos del
FORTAFIN que la Auditoría reportó como no ejercidos, pero tampoco devueltos, el
44.5 % corresponden a Puebla y el 22.4 % al estado de México.
En el caso
específico de la entidad mexiquense, los
auditores establecieron que prácticamente 2 de cada 5 pesos del fondo
entregados a dicho estado presentan irregularidades en su manejo.
Pero además del dinero faltante los auditores
determinaron que la entidad federativa pudo haber hecho una promoción indebida
de servicios y obras que pagó con este fondo federal. Lo anterior ya que, por
ejemplo, en algunos conceptos no se incluyó la leyenda “Este programa es
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”, mientras que en obras realizadas
tampoco se colocó la frase “Esta obra fue realizada con recursos públicos
federales”.
“En conclusión, el Gobierno del
Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los
recursos del fondo para el Fortalecimiento Financiero, en incumplimiento de la
normativa que regula su ejercicio” determinaron los auditores.
En el caso de Puebla lo auditores
encontraron irregularidades en más del 60 % del dinero que la entidad
federativa recibió del fondo. A lo anterior se suma un problema de opacidad ya
que el gobierno estatal incluso incumplió con la entrega de los informes
mínimos que tiene que devolver a la Secretaría de Hacienda para certificar el
manejo de los recursos.
El cúmulo de
irregularidades que los auditores encontraron en estos y los demás estados
revisados dejó un saldo de 56 pliegos de
observaciones por igual número de posibles fraudes al erario público, que de no
solventarse a la brevedad se convertirán en denuncias penales ante la PGR.
A ello se suman 39 promociones de
responsabilidad sancionatoria, que son casos en los la ASF actúa en contra de
funcionarios en específico con la finalidad de que reparen económicamente el
daño que podrían haber causado.
Un hoyo
negro.
El Fondo para el Fortalecimiento
Financiero es uno de los fondos que pertenecen al llamado Ramo 23, una partida de recursos que el
gobierno federal destina para los estados, pero que de acuerdo con el análisis tanto de la ASF como de organizaciones
especializadas en el tema, carece de controles mínimos e indicadores serios, lo
que favorece que con él se cometen actos de corrupción.
“No existen reglas de operación, ni
criterios claros y objetivos por parte de la SHCP, para determinar qué monto y
vertiente del FORTAFIN se asigna a cada entidad federativa” señaló la ASF en el último paquete
de auditorías entregadas.
En enero
pasado la organización México Evalúa advirtió
de la forma en como este fondo y en general los recursos del Ramo 23 han
crecido de forma exponencial con controles mínimos sobre su aplicación.
Advirtió que ello favorece que su utilización fines políticos o de corrupción.
“Una de las razones por las cuales el
Ramo 23 es propenso al uso político, es que a través de él se crean programas
que otorgan subsidios a los gobiernos locales para financiar proyectos de
inversión física, entre otros apoyos, programas que la propia Auditoría
Superior de la Federación ha señalado estar caracterizados por la falta de
transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así como por la
carencia de lineamientos”, indicó la organización en su análisis.
El manejo discrecional e irregular de
los recursos de este fondo han quedado evidenciados en casos como el de
Chihuahua donde, a principios de 2018, el gobernador de esa entidad Javier
Corral denunció que el gobierno federal había decidido no entregarle más de 200
millones de pesos cuya entrega ya estaba plasmada en un convenio.
El mandatario estatal atribuyó esta
situación a una supuesta represalia por los procesos que su administración
había promovido en contra de exfuncionarios priistas señalados de actos de
corrupción.
Los fondos de este ramo también son
el origen de los denominados “moches”, como se le denomina a cantidades de dinero que eran
prometidas por legisladores a distintos estados a cambio de obtener,
posteriormente, algún beneficio. Por ejemplo,
el porcentaje de un contrato que se firmara a partir de ellos. Esto es posible
gracias a la falta de controles y de reglas claras en el manejo de estos
recursos.
En ese
contexto tanto la Auditoría como México Evalúa insisten en la urgencia de reglamentar los usos de estos fondos y los
convenios que se firman con los estados, definir cuáles son sus objetivos (para
qué se tiene que usar el dinero), así como los tiempos de entrega de los
recursos e indicadores que permitan evaluarlo.
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