Daniela
Barragán.
Justo en el
día en que Andrés Manuel López Obrador anunció el fin de la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, estaban en activo 129 mil 082 millones 510
mil 963 pesos de 24 contratos en los que estaban inmiscuidos 44 empresas
nacionales y extranjeras.
La mayoría de esos contratos que
tienen una fecha de conclusión en diciembre de 2018, en 2019 o hasta 2021, son
de obra pública; el
resto es de bienes y servicios y otros relacionados con la obra, de acuerdo con
los contratos disponibles en el portal del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM).
Desde aquel
lunes 29 de noviembre, fecha en que el Presidente electo respaldó el resultado
de la consulta, los empresarios del NAIM
han mostrado calma frente a la decisión del gobierno que está por entrar en
funciones. Se ha dicho que trabajarán ahora en el aeropuerto de Santa Lucía y
que hay voluntad de ambas partes para terminar el proyecto. Otros han
descartado la vía de la demanda.
Esa fue la declaración de Hipólito
Gerard, de la constructora GIA, que tiene uno de los contratos más costosos, de
84 mil 828 millones 377 mil 320 pesos, y que aún está vigente.
“Nos explicaron que conforme a la ley
se finiquitará el proyecto del NAIM, por lo que ambas partes mostraron voluntad
de avanzar en la terminación de este proyecto”, refirió.
Estas son
otras empresas con contratos en activo: Coconal,
que tiene un contrato por 7 mil 926 millones 299 mil 964 pesos; La Peninsular
Compañía Constructora, propiedad del mexiquense Carlos Hank Rhon, con un
contrato por 7 mil 359 millones 204 mil 570 pesos junto con Prodemex y
Operadora Cicsa; Astaldi SPA y PROC Mina, con un contrato por 6 mil 498
millones 409 mil 900 pesos, e ICA Flour e Industria del Hierro, con dos
contratos, uno por 4 mil 267 millones 339 mil 854 pesos y otro por 3 mil 656
millones 005 mil 433 pesos.
Y las
empresas del socavón: Sacyr Epccor, que
tiene un contrato por mil 399 millones 983 mil 017 pesos y Construcciones
Aldesem y Aldesa Construcciones y un contrato por mil 242 millones 171 mil 349
pesos.
El pasado
lunes, luego de una reunión con
empresarios del NAIM, López Obrador dijo que se finiquitarán contratos y que
los empresarios dijeron estar dispuestos a trabajar con su Gobierno.
“La reunión estuvo muy bien,
estuvieron todos los empresarios, los que tienen que ver con el 92 por ciento
de las obras del NAIM en Texcoco. Están en la mejor disposición de llegar a un
acuerdo. Fue una reunión muy provechosa, se llegó a un acuerdo general […] Se
portaron muy bien, de manera muy comprensiva, responsable”, comentó.
Insistió en que se comenzarían a
revisar las alternativas para que el volumen de obras que tienen contratado en
Texcoco se haga en Santa Lucía y que la reunión se hizo “en los mejores
términos”.
UN PROCESO
LEGAL INMINENTE.
A pesar de la buena voluntad
mostrada, una realidad son los documentos firmados y los litigios que se
tendrán que enfrentar.
En
entrevista con SinEmbargo, José Mario de la Garza Marroquín, Presidente de la
Barra Mexicana de Abogados (BMA), explicó
que por tratarse de contratos de obra pública, celebrados por el gobierno o
derivados de licitaciones, estos quedaron enmarcados una legislación por lo que
no se podrán eludir los procesos de indemnización.
Y a esto, se le sumará que en ese marco, una consulta
no está contemplada como una causal de cancelación, por lo que no se podrá
argumentar frente a los contratistas que por esa razón se canceló la obra y su
contrato.
“No es un sustento jurídico para
cancelar un contrato. No hay una ley mexicana que diga que por hacer una
consulta tengas una facultad legal para cancelar un contrato. Habría que
esperar a que tomara protesta el nuevo gobierno y el gabinete, para ver los
efectos y que desde ahí den por terminados los contrato”, agregó.
Lo que puede ocurrir, dijo, es que muchas de las empresas tomen acciones legales en contra porque
los contratos están debidamente firmados, acordes al sistema jurídico mexicano
y que por lo tanto, si se quiere dar por terminado de manera unilateral y sin
tener una causa, pueden demandar los daños y perjuicios que le ocasionen y se
tendrá que evaluar la afectación económica y la parte de las utilidades y los
ingresos que estas empresas iban a tener por el proyecto.
El legista también descartó que los contratos se
puedan trasladar de un proyecto a otro, porque primero hay que cancelarlos y la
cancelación implica la explicar la razón de la cancelación. De ahí se puede
derivar que los contratistas no estén de acuerdo, que demanden y se les tenga
que pagar.
“Esto podría ser un tema de
tribunales y demandas internacionales y sí puede enviar la señal de inseguridad
jurídica […] Si a los contratistas del NAIM, les hubieran dicho en la firma del
contrato que se podían cancelar por una encuesta, seguramente ninguno hubiera
firmado o pocos hubieran aceptado esas condiciones porque implican inseguridad
para la inversión. El tema es cómo se les cambian las reglas del juego para que
participen en el país, con un sistema que operará de manera segura, en el que
no habrá cambios no previstos”, sostuvo.
Entonces, el
panorama es negativo para México en esos procesos. De la Garza Marroquín señaló
que las empresas van a argumentar que la encuesta no es una causal de cancelación
y que se tendrán que pagar daños y perjuicios, utilidades previstas.
Si se opta por el camino de la
negociación, entonces el reto será la transparencia en todos los contratos que
ser firmaron. Según el portal del GACM, son 455.
“Tienen que informar de los criterios
de la cancelación, a quiénes se les va a pagar, cómo, cuánto y por qué, cómo se
les va a indemnizar. Si eso se maneja en un esquema de poca rendición de
cuentas se presta a pensar que unos recibirán una mejor indemnización que
otros, que algunos reciban un mejor trato que otros. Se tiene que informar de
los montos de la cancelación y cómo se van a fijar y a cuantificar. No es un
tema fácil. Si lo que dicen es que no se acabará en juicio, tienen que explicar
el método de pago y los funcionarios públicos que determinarán eso. Tienen que
ser transparentes porque si no se van a prestar a lo que el nuevo gobierno ha
criticado de corrupción y preferencias”, añadió.
De acuerdo
con la agencia Bloomberg, los
contratistas del NAIM dijeron que la vía de la denuncia contra el nuevo
gobierno estaba descartada.
“Nadie quiere una batalla legal […]
Me reuniré con las contratistas nuevamente esta semana para analizar los
detalles”, afirmó
Gerardo Ferrando Bravo, quien encabezará el GACM a partir del próximo 1 de
diciembre.
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