Julio Astillero.
Enrique
Peña Nieto es el responsable histórico de adecuar la estructura política,
jurídica y administrativa del desgobierno que encabezó para impedir que se
conociera la verdad de lo sucedido en Iguala, Guerrero, cinco años atrás, y de
permitir u ordenar que su cínico subordinado, Jesús Murillo Karam, fabricara y
postulara la criminal verdad histórica.
Tomado por
sorpresa cuando creía estar en un punto muy alto de su gestión, Peña Nieto
pretendió esconder bajo la siempre agitada alfombra guerrerense la tragedia que
marcaría su sexenio. Acababa de recibir un reconocimiento de Enlace Judío y la
élite empresarial, diplomática y religiosa de Estados Unidos relacionada con
México, como reseñó esta columna en 2014 (https://bit.ly/2mJ4QXC): “el 23 de
septiembre de este año, el rabino Arthur Scheneier se aventuraba en Nueva York,
al entregar a Enrique Peña Nieto el premio Estadista Mundial 2014: A veces
tengo profecías, y usted me oyó decir antes acerca de que usted va a asumir un
papel de liderazgo en la escena mundial.
La verdad
es que la invertebrada administración peñista entró en imparable declive a
partir de aquella noche de Iguala. Nunca como en esa ocasión quedó de
manifiesto la postración del Estado mexicano (sus órganos de inteligencia,
civiles y militares; su aparato de seguridad pública, en los niveles municipal,
estatal y federal) ante el aplastante poder de los grupos del crimen organizado
que resultaron intocables, imparables, ante la decisión de la criminalidad
mafiosa de imponer sus leyes y castigos contra decenas de estudiantes de la
normal rural de Ayotzinapa.
Peña
Nieto reaccionó como lo había hecho y seguiría haciendo mientras ocupó la silla
presidencial: un maniquí de copete distintivo, cuya función principal era la de
permitir o propiciar que los grandes intereses de cualquier signo y ámbito
pudieran continuar en sus tareas de depredación, saqueo, iniquidad e inequidad.
Primero pretendió mantener el tema Iguala-Ayotzinapa a distancia, confinado al
ámbito guerrerense. Diez días después tuvo que asumir que era una tragedia de
resonancia internacional y bajo su frívola inducción comenzó la tarea de
esconder, disimular, engañar.
Hacer que
nada se supiera, haciendo como que todo se hacía. Borrar indicios de la
colusión de narcotraficantes, políticos y funcionarios. Abrir la puerta a
instancias e investigadores internacionales para luego impedirles llegar al
fondo e incluso para desatar en su contra campañas de desprestigio. El clásico
juego del policía-funcionario bueno y el malo: instancias gubernamentales más
comprensivas, preocupadas pero acotadas o francamente paralizadas por los
policías-funcionarios malos. El Ejército como instancia inalcanzable, con el
secretario de la Defensa Nacional convertido en rudo garante de la impunidad de
sus subordinados bajo sospechas o acusaciones.
A cinco
años, la vergüenza nacional continúa. No se ha podido deshacer el embrollo
voluntariamente realizado por el peñismo y sus ejecutores más visibles, Murillo
Karam y Tomás Zerón de Lucio. No bastan las buenas intenciones explícitas del
aparato de gobierno ahora a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Se necesita
un alto presupuesto operativo, que la austeridad obradorista no ha determinado
si otorgará.
Y se
necesita una férrea voluntad política que esté dispuesta a abrir el arcón de
los horrores complicitarios, lo cual implicaría investigar y procesar a
personajes del pasado hasta ahora amnistiado a discreción por el actual
Presidente. Además,
se necesitaría hurgar y castigar a segmentos de las fuerzas armadas que hoy dan
respaldo esencial, casi inafectable, al gobierno andresino sujeto a presiones
crecientes.
Cinco años:
Peña Nieto tan campante; Murillo, preocupado, pero haciendo declaraciones y
sosteniendo su versión mendaz; el actual gobierno, solidario y cercano a los
familiares de los 43, pero aún insuficiente a la hora de teclear estas líneas;
y aún sin saberse el paradero y la verdad de lo sucedido con 43 jóvenes. Esto
es México.
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