Peña, Murillo y Osorio Chong le apostaron al olvido, pero ahora hay esperanza: padres de los 43

Por Sugeyry Gándara.

Mil 825 días de ausencia. Las mismas preguntas: ¿Qué pasó con ellos?, ¿qué les hicieron?, ¿dónde están? Este jueves se cumplen cinco años de la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.

Los padres y madres de los 43 estudiantes llegan al quinto aniversario con las mismas interrogantes, pero con la esperanza renovada frente a una nueva ruta en las investigaciones del caso Iguala.

RESTRUCTURAR LA INVESTIGACIÓN.

La Comisión de la Verdad, instalada en enero del presente año, y la Unidad de Investigación para el caso Ayotzinapa han impulsado una nueva ruta, basada en las once líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, prometió que reconstruirán todas las investigaciones. En una reunión de más de dos horas, celebrada el pasado 18 de septiembre, el fiscal fijó tres compromisos: “reconstruir todas las investigaciones; se mantendrá comunicación directa y sin interferencias con el fiscal especial para el caso Ayotzinapa; y un tercer compromiso es que nos vamos a ver al inicio de diciembre para hacer un balance de qué tanto han avanzado las investigaciones “, reveló Vidulfo Rosales.

Nuevos elementos de prueba han llegado a los encargados de la indagatoria. Los datos recientemente aportados a la indagatoria han desatado una serie de nuevas diligencias y búsqueda en diversos puntos de Guerrero, entre ellas, basurero municipal de Tepecoacuilco, que es resguardado e inspeccionado desde el pasado 23 de septiembre, lo que ha levantado fuertes expectativas.

Los normalistas habrían sido atacados frente al Palacio de Justicia de Iguala y llevados rumbo a Huitzuco, en la misma ruta en la que se encuentra dicho tiradero, es por ese motivo que se señala ese punto, aseguran versiones extraoficiales.

Vidulfo Rosales destacó que se trata de una diligencia más, de las que se han efectuado a raíz de declaraciones de testigos y/o detenidos del caso. Detalló que al a fecha se han explorado 108 puntos, a raíz de información parecida o que llegó de la misma forma

“Como esa información se han tenido muchas diligencias. […] Se han procesado esos puntos, y hoy se está procesando el basurero como un punto más de interés. Una diligencia ordinaria, que se realiza de estos puntos de esta nueva información que llega a la Comisión para la Verdad”.

Luz María Telumbre Casarubias, madre de Christian Alfonso Rodríguez, coincidió con Rosales al no dar mayor relevancia a las inspecciones del basurero, pues se trata de otro de los muchos casos, y se investiga para no descartar cualquier información.

“Los basureros o los puntos donde han dicho que están supuestamente nuestros hijos, pues, sabemos que como ese punto hay muchos más, y esos también han sido descartados, entonces nosotros como padres de familia, no sabemos si eso es parte de unas personas que han querido dividir el movimiento”.

La madre alertó que “ya ha habido gente mala que ha querido dividir el movimiento, y que ha metido cizaña que dan un punto, dan otro y otro, y nosotros sabemos que puede ser mentira, pero se tienen que investigar para descartar”, expresó.

5 AÑOS DE DOLOR E IMPUNIDAD.

Los cinco años del caso, hasta el momento, se resumen en impunidad: ninguna persona ha sido sentenciada por el caso.

Un total de 169 personas fueron consignadas desde el 26 septiembre de 2014 al 30 de agosto de 2018; de esas 142 quedaron detenidas: 55 policías de Iguala, 20 policías de Cocula y 67 personas presuntas integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Los arrestos se realizaron por diversos delitos: delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud, Delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Delitos previstos en la Ley General de Secuestro.

El pasado 14 de septiembre, el Juez Samuel Ventura Ramos decretó la libertad a 24 personas – que son señaladas como presuntas inculpadas en la desaparición de los 43 estudiantes. De ellos, dos eran presuntos integrantes de Guerrero Unidos, un miembro Protección Civil y 21 policías: 12 de Cocula y 9 de Iguala.

Además de la liberación de 24 personas, el pasado 2 de septiembre Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, presunto jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos, fue absuelto de los cargos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Ventura Ramos decretó la “absolución por insuficiencia probatoria”. López Astudillo estaba preso en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México. Fue detenido por elementos de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional el 16 de septiembre de 2015.

Es así, como al menos 77 de las 142 personas detenidas – por otros delitos pero que se sabe estarían relacionadas con el caso Ayotzinapa–, han dejado la cárcel hasta la fecha, en tanto otros 65 continúan en presos.

Los padres y madres solicitan que todos los involucrados sean detenidos, reaprehendidos en el caso de los liberados.

Vidulfo explicó que en el caso los policías liberados, no quiere decir que hayan quedado absueltos del caso Ayotzinapa porque no fueron sometidos a un juicio por el caso, “los policías tienen libertad con reservas de Ley, la desaparición forzada imprescriptible”.

Hilda Hernández Rivera, madre de Cesar Manuel González Hernández, dijo que es urgente una limpieza a la estructura al interior de la FGE para que las investigaciones puedan avanzar.

“Sí, siempre se ha visto la impunidad, la mentira, la creación mentiras históricas que no tenían ningún sustento. Queremos castigo”, expuso.

Y añadió: “han sido muy difícil, la verdad el tiempo no cura nada. Hasta que tengamos a nuestros hijos eso es lo que nos va a curar, porque no hay cosa alguna que nos calme este dolor tan grande que llevamos a cinco años”, dijo.

Para los padres, otro de los aspectos que les genera mayor indignación, -según aseguraron – es que las autoridades tienen identificados a personas responsables de la desaparición y, sin embargo, no han sido detenidas.

“A pesar de que sabemos, con nombre y apellido, quienes son los responsables de la desaparición de nuestros hijos no han sido detenidos. ¿Cómo es posible que tengan conocimiento de las personas que cometieron esta privación de la libertad y no hayan procedido penalmente? Para nosotros eso lastima y eso duele”, ha dicho en protestas Emiliano Navarrete.

El entrevistado comentó que las personas que están identificadas serían policías municipales de Huitzuco, Cocula e Iguala, quienes detuvieron a los jóvenes.

“El Gobierno estatal y federal tienen identificados a esos elementos, ellos se los llevaron, ellos los entregaron, y ellos saben a quienes se los entregaron”, aseguró.

ESPERANZA.

Este es el primer aniversario de la desaparición que se conmemora con Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República. Los padres y madres de los 43 destacaron que han sido cinco años de dolor, pero coincidieron en dar un voto de confianza al nuevo Gobierno.

A decir de ellos, la actitud y algunas acciones de las autoridades es lo que ha reavivado la esperanza.

“En esta nueva administración se abren nuevas posibilidades para encontrar a nuestros compañeros. Se ha contraído un nuevo compromiso de reestructurar y recomponer las investigaciones”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres.

NO ES UN CHEQUE EN BLANCO.

Los padres de los normalistas resaltaron la confianza que han depositado en el nuevo Gobierno, sin embargo, aclararon que eso no quiere decir que hayan emitido un cheque en blanco a la nueva administración.

Vidulfo Rosales aclaró hoy que el movimiento de los padres de los 43 no está ligado a ningún partido político y se mantendrá vigilante de las nuevas acciones de Gobierno y que se cumplan las promesas que emitió el Fiscal General, de investigar y poner los recursos necesarios para el esclarecimiento del caso Iguala.

“El movimiento de las madres y padres de Ayotzinapa, camina de manera independiente a este Gobierno, camina de manera independiente a partidos políticos, a otros intereses y que vamos a estar vigilantes de estas investigaciones y, en el momento en que sea necesario, también haremos los señalamientos de ser necesario hacerlos. Nosotros no dependemos de nadie”, aseguró.

CASTIGO A EPN Y CÓMPLICES.

Los familiares de los normalistas han demandado que la investigación y castigo no sólo sea para los responsables del asesinato, lesiones y desaparición de los estudiantes, también para Tomás Zerón y ex Procurador Jesús Murillo Karam, los encargados de construir lo que llaman “la mentira del sexenio” pasado; sin embargo, el reclamo de la investigación a ex funcionarios se ha elevado al ex mandatario nacional, Enrique Peña Nieto, al ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y al ex Secretario de Gobernación, Osorio Chong.

Para Gaspar de la Cruz, el ex Presidente, Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad, deben de ser llamados a rendir cuentas.

“Tomás Zerón, Jesús Murillo Karam y Enrique Peña Nieto saben, ellos saben qué pasó. Ellos no resolvieron el caso porque ellos saben lo que pasó”, sostuvo.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, informó que la demanda es la misma: es verdad y justicia, y que todos los involucrados tengan que pagar.

Es por eso, agregó, que los padres exigen que Tomás Zerón, Murillo Karam, Osorio Chong y Enrique Peña Nieto, quienes fueron parte del Gobierno anterior, sean investigados por complicidad y por elaborar una verdad histórica que no existió jamás.

“Son cinco años de dolor; sabemos que ellos– Enrique Peña Nieto, Murillo Karam, y Osorio Chong– le apostaron al tiempo y al olvido, pero se les olvidó que para nosotros los pobres, el tesoro más grande son nuestros hijos y no vamos a descansar hasta llegar a la verdad, y ver tras las rejas a los responsables de este crimen”, manifestó De la Cruz.

El pasado 24 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso seis demandas penales ante la FGR en contra 235 funcionarios públicos por violaciones graves a derechos humanos en la investigación por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayozinapa.

Además, el organismo presentó 12 demandas administrativas en contra 140 personas del servicio público, de los ámbitos federal y estatal, esto como parte de la Recomendación 15VG/2018.