Por Daniela
Barragán.
En los
últimos 10 años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hizo
múltiples observaciones a la Secretaría de Salud (SSa) federal sobre la manera
en cómo se ejerció el dinero destinado a la prevención y el control del
VIH/SIDA.
Los
gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto
(2012-2018), permitieron diversas irregularidades que repercutieron en los ejes
principales del Gobierno para la atención de este virus.
La ASF de
2008 a 2018, encontró fallas tanto administrativas como en la atención a
pacientes en los estados.
De acuerdo
con el Registro Nacional de Casos de VIH y Sida, del Centro Nacional para la
Prevención y el Control del VIH y el sida (Censida), de 1983-2019 hay
actualmente 210 mil 104 casos notificados de VIH y de Sida. En el último año,
se registraron 5 mil 119 casos de Sida y 8 mil 757 de VIH.
El pasado 16
de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia
matutina, cuestionado por la compra consolidada de medicamentos que realizó la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que la SSa encontró que para
el tratamiento de VIH, habían 38 medicamentos con esquemas de 750 combinaciones
para tratar a pacientes.
Explicó
que el uso de 750 de combinación reflejó un “enorme desorden del uso de los
medicamentos para el VIH” porque no eran adecuadas y se utilizó, “en muchos
casos” medicamentos antiguos.
“Encontramos
el uso, por ejemplo, del primer medicamento contra el VIH que se descubrió o se
inventó a principios de los años 80. Es un medicamento que ya está en desuso a
nivel mundial y en México se seguía utilizando. Lo que empezamos a ver es que
esto no era un acto casual, el uso o el mal uso de estas combinaciones de
tratamiento. Empezamos a ver patrones de distribución en el territorio mexicano
y nos llamaba la atención que encontrábamos combinaciones no adecuadas en
algunas regiones”,
añadió.
Desde el año
2007, el Gobierno Federal definió el acceso universal a medicamentos
antirretrovirales, como uno de los ejes prioritarios para abatir los estragos
que causa el VIH, y a través del Fideicomiso de Protección Contra Gastos
Catastróficos del Seguro Popular, la SSa debe garantizar la compra de estos
medicamentos para su distribución gratuita a todas las personas con VIH que no
cuenten con seguridad social, tanto para quienes ya reciben el tratamiento como
para los casos que se incorporen.
En 2001, como
resultado de las modificaciones a la estructura de la Secretaría de Salud, se
creó el Censida, que es la instancia rectora de coordinación de la respuesta
nacional al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
En los
archivos de la ASF está el registro de lo que se hizo desde 2008 con el
presupuesto asignado.
Bajo la
administración de Calderón Hinojosa y con José Ángel Córdova Villalobos y luego
Salomón Chertorivski en la SSa, resaltan anomalías como la entrega a 12 estados
de 29 millones 718 mil pesos de medicamentos antirretrovirales en demasía; tan
solo en ese año, en Chiapas hubo un excedente de medicamentos antirretrovirales
por 6 mil 796 unidades. A la par, las autoridades encargadas firmaron un
contrato por las mismas medicinas porque no se sabía que ya había en el
almacén, entonces se registraron excedentes y se arriesgó la caducidad de los
medicamentos
Otra
observación se desprendió de la revisión de los expedientes clínicos de
pacientes con tratamiento antirretroviral, de los que se comprobó que el 100
por ciento no contó con la constancia de no ser derechohabiente del IMSS e
ISSSTE, el 33.3 por ciento no se encontraban registrados en el Sistema Salvar
–que es el sistema de administración de los medicamentos antirretrovirales– y
el 20 por ciento no tenían los estudios de carga viral, lo que hizo concluir
que los datos no eran reales.
Resultado de
un mal manejo en Salvar, la SSa trabajó sin datos históricos, información
duplicada y sin información de cuántos pacientes estaban únicamente bajo
observación y se contabilizaron como pacientes que requerían medicamentos, por
lo que las compras se hicieron con información “no confiable”.
Para 2011, con
la partida P016 “Prevención y Atención de VIH/SIDA y Otras ITS”, los institutos
nacionales de salud y hospitales no registraron oportunamente la recepción de
medicamentos antirretrovirales en sus almacenes.
Por ejemplo,
hubo diferencias netas de 298 mil 369 medicamentos por 546 millones 189 mil
pesos, que corresponden a 309 mil 595 medicamentos no entregados a pacientes y
11 mil 226 medicamentos entregados en exceso a pacientes. De abril 2011 a marzo
2012, se verificó que en 13 entidades federativas y 1 instituto nacional de
salud se caducaron mil 050 medicamentos antirretrovirales.
Derivado
de esto se detectó “un alto riesgo en la caducidad de los medicamentos” porque
permanecieron ociosos y sin poder ser transferidos a otras entidades federativas
o institutos, ante el riesgo de una escasez que podría desembocar en
interrupciones del tratamiento, en sufrir inmuno‐resistencia (fallas
terapéuticas), recaídas, complicaciones y otras secuelas.
Ese mismo
año, personal encargado de realizar las visitas de supervisión de la
operación del programa en las 32 entidades federativas del país y en los 5
institutos no las llevó a cabo por no contar con los recursos financieros para
cubrir los pasajes y viáticos de las supervisiones.
Tampoco
se avanzó en la conformación de información histórica e integral de las
entradas y salidas de medicamentos antirretrovirales, lo que dificultó el
seguimiento de los medicamentos antirretrovirales hasta su prescripción médica
al paciente.
Para el
último año de la administración panista, se observó que no se logró la meta de
reducir la mortalidad por Sida en 17 por ciento; se logró colocarla en 13 por
ciento.
LUEGO LLEGÓ
PEÑA…
De 2013 a
2017, bajo la administración de Peña Nieto y José Narro Robles en Salud, la ASF
encontró que ese primer año de Gobierno quedaron 633 millones 365 mil pesos que
o se gastaron; 18 estados no acreditaron contar con la totalidad de los
recursos pendientes de aplicar y los otros 15, no demostraron con estados de
cuenta bancarios disponer con los recursos del programa.
Tan solo en
Nuevo León se generó un daño al erario por 51 millones 088 mil pesos que no se
ejercieron ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación. En total se
determinaron recuperaciones por 2 mil 294 millones de pesos.
En 2015, hubo
daño al erario por 1 millón 307 mil 366 pesos por gastados en condones
adquiridos por Censida ya que no entregó pruebas de que se distribuyeron.
Ocurrió
también en las 32 secretarías de Salud estatales: no se entregaron condones,
pruebas rápidas ni jeringas. El daño al erario por esa causa fue de 104
millones 318 mil 093 pesos.
Ese mismo
año empezaron los problemas con las Organizaciones de la Sociedad Civil. La
ASF recomendó establecer una fecha límite para el proceso de revisión y
supervisión de la documentación comprobatoria que éstas debían presentar al
Censida para acreditar la aplicación de los recursos otorgados, para que así se
reintegrara el dinero de gastos no autorizados, o bien de los recursos no
devengados.
La ASF dictaminó
un daño al erario por 2 millones 975 mil 224 pesos que Censida dio a ONG’s para
el financiamiento de 76 proyectos para la implementación de estrategias de
prevención focalizada del VIH/SIDA y otras ITS, que no fueron acreditados con
la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente.
Otros 3
millones 077 mil se fueron a otras ONG’s para el mismo objetivo, pero no
proporcionaron registros contables, pólizas, cheques o trasferencias bancarias
y estados de cuenta que acrediten que realizaron las campañas para las que se
les dio dinero.
Para 2016 se
hizo un cambio de clave en los medicamentos sin avisar y en Chiapas se dejaron
de repartir 2 mil 496 antirretrovirales en los únicos dos Centros Ambulatorios
para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.
Finalmente, para
2017, se detectó que el Censida no tenía establecidos el perfil y valores con
los que debe contar el personal de dicho centro. No estaban incluidos
estándares de conducta para los puestos clave y para el resto del personal.
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