“Nada hay
más humano y compasivo que el legítimo reclamo de que se haga justicia”. Esa es
una de las primeras declaraciones del abogado Paulo Díez Gargari luego del
fallecimiento del ex funcionario Gerardo Ruiz Esparza.
El abogado emprendió
desde hace años una batalla por demostrar el papel de Ruiz Esparza en diversas
tramas de corrupción, en específico con OHL –hoy Aleatica–. Siempre estuvo el
priista en el centro de los casos, siempre resultaba ser pieza clave. Pero no
se logró avanzar.
“Parece
que Ruiz Esparza está muerto. Hemos perdido una enorme oportunidad. Si el
gobierno hubiera actuado oportuna y diligentemente, este señor habría tenido
que rendir cuentas ante un juez antes de irse de este mundo”, comentó el
abogado minutos después del tuit en el que Peña Nieto anunció la muerte de su
ex funcionario.
“La
muerte de este señor no debe alterar demasiado el curso de mis demandas y denuncias,
salvo (claro está) que Ruiz Esparza ya no tendrá que hacer frente a su
responsabilidad personal (penal y civil) […] Esas denuncias alcanzan a Enrique
Peña Nieto, Luis Videgaray, Eruviel Ávila, Alfredo del Mazo, entre otros. Yo
seguiré haciendo lo que me corresponde para hacer que la exigencia de justicia
se haga realidad en este caso”, agregó.
La
empresa con la que se le acusó de cometer actos de corrupción es OHL, hoy
Aleatica. El capítulo más polémico se dio en julio de 2015, cuando un audio lo
involucró directamente en una presunta entrega de información privilegiada a la
empresa Obrascón Huarte Lain México.
En ese mismo
audio exhibió un supuesto pago de sus vacaciones por parte de la empresa
española, situación que el funcionario federal negó esta tarde en su cuenta de
Twitter: “Rechazo categóricamente que la empresa OHL me haya pagado algún gasto
de vacación o de cualquier otro tipo”, escribió Ruiz Esparza.
De acuerdo
con ese audio, funcionarios del Gobierno federal entregaron información
privilegiada a OHL para que pudiera ganar licitaciones públicas. Los audios son
del 8 y 9 de octubre del 2014 y además, sugirieron que la constructora le pagó
sus estancias en un hotel corresponden a marzo del presente año.
LOS INTENTOS
DE GARGARI.
El
abogado Paulo Díez ha intentado por distintas vías demostrar la participación
de Ruiz Esparza en casos de corrupción. El caso OHL no surgió en 2015 con esos
audios, sino que se remonta al periodo en que Peña Nieto fue gobernador del
Estado de México, de 2005 an 2011.
De acuerdo
con Díez Gargari, Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza supieron desde
un principio que el Viaducto Bicentenario fue construido sobre una vía de
jurisdicción federal, por lo que requería una concesión del Gobierno Federal
para su explotación a través del cobro de peaje. Sin embargo, ninguno solicitó
la concesión porque eso habría impedido que Aleatica la ganara.
El 7 de mayo
de 2008, el Gobierno mexiquense otorgó a Aleatica la concesión para la
construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la
autopista que va del Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan, a Valle Dorado en
Tlalnepantla.
“Tanto en
la Convocatoria como en las Bases de Licitación se estableció que el Viaducto
Bicentenario sería construido sobre el derecho de vía de la autopista
México-Querétaro”, que es una vía de uso público y federal que no está sujeta a
la posesión definitiva o provisional por parte de terceros como Aleatica, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley de Bienes.
“No
obstante lo anterior –dijo Gargari– tanto en las Bases de Licitación como en el
Título de Concesión se afirma falsamente que el Viaducto Bicentenario es una
infraestructura vial de cuota de jurisdicción estatal”.
Las
pruebas recabadas por Gargari forman parte de una investigación en proceso del
Gobierno federal y “serían casi suficientes como para que la Fiscalía [General
de la República] pudiera judicializar esta carpeta de investigación”. Esto
quiere decir que hay pruebas contundentes para solicitar un proceso penal en
contra de Ruiz Esparza y de quienes resulten responsables de los actos de
corrupción.
Luego, justo
antes de la elección de 2017 para la gubernatura del Estado de México, Díez
Gargari presentó una denuncia en contra de Ruiz Esparza por el cobro ilegal al
Gobierno federal, derivado de una táctica que creó cuando estaba en el Estado
de México.
De acuerdo
con lo dicho por Gargari, el equipo mexiquense conformado por Peña Nieto,
Ruiz Esparza y Luis Videgaray “se acordó” de un dinero que la entidad “perdió
en 1997”: eran 50 millones que el Gobierno federal no reembolsó como
consecuencia del rescate carretero.
En el
poder estatal presionaron para que el Gobierno federal lo devolviera, no sin
antes sumarle una tasa de interés anual de 10 puntos reales por encima de la
inflación. Así, el monto alcanzó los 3 mil 671 millones de pesos. Lo lograron
recuperar cuando ya estaban en Los Pinos, señaló el abogado.
Díez
Gargari sostuvo que el dinero fue utilizado para la elección del Estado de
México porque no hubo registro alguno, sólo una cuenta que quedó en ceros.
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