Por Jesusa
Cervantes.
El
gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó una iniciativa de endeudamiento por
6 mil millones de pesos para que una empresa privada venda energía eléctrica a
la entidad.
Lo anterior,
luego de la cancelación de la desalinizadora de Rosarito, que implicaba una
deuda por 7 mil millones de pesos para Baja California.
De acuerdo
con el documento de 23 páginas elaborado por la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Territorial (Sidurt), la entidad tiene un déficit de
energía y por ello se buscará una empresa privada “mexicana” para que la provea
mediante la construcción de una planta solar fotovoltaica. Una de las
condiciones que deberá cumplir es mantener las tarifas eléctricas.
Aunque en
el documento no se establece qué tipo de contrato se establecería con la
empresa privada, y tampoco el monto, hace dos semanas se explicó a los diputados que sería por
270 millones de dólares y que el gobierno proporcionaría los recursos.
De acuerdo
con el tipo de cambio del Banco de México (22.34 pesos por dólar), el
endeudamiento sería por 6 mil 31 millones 800 mil pesos.
Ayer,
mientras la opinión pública estaba a la espera de la sesión para discutir el
tema de los matrimonios igualitarios, que finalmente se trasladó a este jueves,
las comisiones de Energía y de Hacienda autorizaron un decreto para la
contratación de deuda hasta por 30 años.
Durante
el anuncio en comisiones, que nunca se discutió, se leyó un documento donde se
estableció que “el presente decreto tiene como objeto que el Congreso autorice
al Poder Ejecutivo… para que celebre un contrato plurianual de energía
eléctrica, derivada de una planta generadora de energía solar fotovoltaica para
el suministro de energía, siempre que el costo de energía eléctrica por
kilowatts sea menor a la tarifa autorizada actualmente…
“…por lo
anterior, se considera viable el decreto para autorizar al Ejecutivo para
que directamente o a través de sus paraestatales realice gestiones
administrativas y financiera para la celebración de un contrato plurianual con
una empresa generadora de energía para el suministro de energía…”.
En el
documento que Sidurt elaboró se justifica la urgencia de dotar de energía a
Baja California, y se recuerda que en Mexicali la temperatura alcanza los 50
grados durante el verano, por lo que la demanda crece.
También establece
que pasados los 20 años la empresa que construya la planta de energía
fotovoltaica pasará a manos del estado.
De lo
anterior se desprende que se trata de un contrato de Asociación Público
Privada (APP), donde quien gane la licitación construirá la planta, pero será
con dinero del estado, razón por la que se endeudará a la entidad. Este tipo de
contratos han generado controversia, pues quien gana en lo inmediato es la
empresa privada por ser financiada por una autoridad.
El documento
tiene un apartado con el título: “¿Qué requerimos?”, y precisa: “inversión
privada de un generador de energía que tenga en asociación a un suministrador
calificado de energía, que genere energía de una planta solar fotovoltaica en
BC, que sea empresa mexicana, que en un periodo de 20 años la propiedad donde
se desarrolló el generador sea donado al estado como patrimonio y que la tarifa
sea relacionada con la eficiencia de generar energía con costo fijo y no a
costos de mercado”.
Una vez
que el pleno apruebe el endeudamiento, el gobierno lanzará la licitación, y
entre las condiciones destaca que la empresa cuente con los permisos de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de
Energía (Cenace). La planta deberá estar lista en 12 meses, y a los 20 años de
funcionamiento se donará al estado, mientras éste seguirá, por 10 años más,
pagando una deuda de 6 mil millones de pesos, eso en el caso de que los
intereses se liquiden puntualmente, de lo contrario aumentaría.
Durante la
sesión en comisiones, los diputados ni siquiera preguntaron qué implicará
para el estado esa deuda, qué áreas quedarían desprotegidas y, menos aún, de
cuánto sería la tasa bajo la cual se contrataría, y tampoco se impuso algún
límite.
Esta semana,
cuando se canceló el proyecto actual de la desalinizadora de Rosarito, se
argumentó que era muy costosa para el estado. Con este nuevo endeudamiento, la
diferencia es de poco menos de 8%.
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