Por Alejandro Gutiérrez.
La Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional recibió este lunes 29 un escrito de Emilio Lozoya Austin,
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que acepta su consentimiento
para ser entregado a la Fiscalía General de la República de México, que le
reclama por un presunto delito de blanqueo de capitales por la operación de
compra-venta de la planta de Agro Nitrogenados de AHMSA.
Fuentes jurídicas confirmaron que Lozoya aceptó por
escrito su entrega y con ello renunció a la vista (audiencia judicial) que
estaba prevista para celebrarse en breve en la Audiencia Nacional, donde se
determinarían los siguientes pasos en el proceso de extradición al que está
sometido.
A partir de este cambio de estrategia judicial, la Sala
Penal estudiará el convenio de extradición entre el Reino de España y México,
para ver si éste permite una extradición simplificada.
Este procedimiento simplificado evitaría la necesidad que el
caso pase por el Consejo de Ministros para que dé su última palabra para dicha
entrega; de no permitirlo, el caso tendría que pasar por la necesaria
aprobación del Consejo de Ministros.
Otras fuentes jurídicas explicaron que al no haber más
controversia en el proceso de extradición de Lozoya, sólo habrá que esperar que
se agoten trámites burocráticos dentro del juzgado de la Audiencia, del
Ministerio de Justicia y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
español.
Esto aceleraría la entrega del extitular de Pemex a México,
aunque por el momento permanecerá en prisión.
Poco antes que se confirmara esta información en la Audiencia
Nacional, en México el fiscal General de la República, Alejandro Gertz
Manero, adelantó la información al señalar que Lozoya presentó ante la Sala
Penal de la Audiencia su solicitud aceptando ser extraditado a México.
Emilio Lozoya Austin presentó “su solicitud por escrito en
la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General; y manifiesta
su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas,
ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han
sido imputados”.
El 25 de enero de 2017, la entonces Procuraduría General de
la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de
la empresa Odebrecht, misma que no concluyó en más de dos años; razón por la
cual, al inicio de las funciones de la nueva Fiscalía, tuvimos que retomar ese
caso para establecer, con toda precisión, los delitos cometidos y los posibles
responsables, explicó el fiscal.
Recordó que se inició todo el proceso de extradición,
obteniéndose de inmediato el aseguramiento de inmuebles vinculados con el
lavado de dinero.
La Fiscalía también presentó denuncia en 2019, por delitos
con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la empresa Agro Nitrogenados.
Gertz explicó que “ambas investigaciones permitieron a esta
Fiscalía, en los meses de mayo y julio del año pasado, obtener del Poder
Judicial Federal, órdenes de aprehensión en contra de la persona referida,
tanto en el caso Odebrecht, como en el caso de Agro Nitrogenados”.
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