Julio Astillero.
No es usual
en México que un político fuertemente confrontado con otro acepte abiertamente
una equivocación y diga que se dispone a enmendar. Al menos en el escenario
público eso sucedió ayer en Irapuato, donde Diego Sinhue Rodríguez, panista que
gobierna Guanajuato, reconoció el error de ausentarse por sistema de las
reuniones matutinas de seguridad pública con representantes de las fuerzas
federales correspondientes al gobierno del morenista Andrés Manuel López
Obrador.
En tiempos
tan caracterizados por el endurecimiento de posiciones políticas e ideológicas,
resulta loable que contrincantes acerados tracen posibilidades de
entendimiento, para bien de sus representados (un ejemplo de esas virtudes
inmediatas de la diplomacia se acaba de registrar en Washington, durante la
visita del presidente mexicano al estadunidense).
Sin embargo,
como sucedió en la capital del vecino país norteño, las postulaciones escénicas
y discursivas no son vías automáticas ni necesariamente eficaces para la
solución de un problema como, en este caso, el que se vive en Guanajuato (sobre
este punto, puede verse el análisis de Arnoldo Cuéllar, fundador del
Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, @poplabmx:
https://youtu.be/xnuCUwd6d08 ).
Entregado
durante casi 30 años a los políticos panistas, como pago inicial por el
reconocimiento de facto que hicieron de la presidencia de Carlos Salinas de
Gortari, Guanajuato es una entidad estructuralmente dominada por prácticas
políticas, policiacas y judiciales que han permitido el ascenso de grupos
delictivos, en particular el cártel de Santa Rosa de Lima, dirigido por José
Antonio Yépez, alias El Marro, cuya detención parecería ahora más cercana si se
coordinan los recursos estatales y federales, aunque ello no necesariamente
significaría un cambio, más allá del facial, respecto a la realidad
guanajuatense regida por la corrupción política, el contubernio de mandos
policiacos con los delictivos y la persistencia de negocios de robo de
combustible y los demás que son propios del crimen organizado.
Es evidente
que en ese contexto se necesita más que unas horas de presunto entendimiento
entre poderes en pugna creciente. El gobernador Rodríguez cedió una aparente
victoria al presidente López Obrador (que, además, podrán usar los panistas
para demostrar que son capaces de rectificar, mientras a su contraparte
morenista la acusan de una cerrazón total), pero se quedó, por lo pronto, con
una especie de tregua o retiro de banderas de guerra del obradorismo contra el
fiscal general del estado, Carlos Zamarripa (once años en el cargo y aún le
quedan siete más, conforme a decisión del Congreso local, de mayoría panista).
López
Obrador se retira de escena con una especie de retractación pública del
gobernador Rodríguez, pero éste se queda con su equipo intacto, el citado
Zamarripa y el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca. Así,
podrá ser detenido El Marro y podrán caer otros presuntos mandos del cártel
regional aún dominante, pero los factores estructurales que causan la violencia
se mantendrán, con la mira electoral y financiera puesta en mantener a
Guanajuato como un estado antiobradorista.
Astillas
Ya son 11
los gobernadores unidos en demanda de una convención nacional hacendaria que
redefina el pacto fiscal federal. A los nueve originales se unieron el panista
Martín Orozco, de Aguascalientes, y el priísta Juan Manuel Carreras, de San
Luis Potosí... El sismólogo político Ricardo Monreal ha dicho desde su
observatorio del Senado que la llegada a México de Emilio Lozoya, director de Pemex
durante el peñismo, con su disponibilidad videográfica como salvavidas
judicial, va a generar una sacudida a la política del país, una suerte de
temblor… En el Consejo de la Judicatura Federal se informó que las sesiones con
el citado Lozoya serán a puerta cerrada, pero, modernísimos que andan en ese
ámbito judicial, reportarán los sucesos por la vía de la aplicación de
mensajería instantánea WhatsApp…
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