La guerra subterránea: la UIF le pone el foco al dinero de redes criminales… y en la narcopolítica.

Por Redacción / Sin Embargo.

Hasta el momento, media docena de ayuntamientos en el Estado de Jalisco son investigados como parte del Operativo Agave Azul implementado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de las actividades de lavado de dinero que realizan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus aliados a lo largo del territorio mexicano.

La Unidad especializada dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó bloquear las cuentas bancarias de las instancias municipales y las de algunos de los alcaldes para que no desaparezcan posibles indicios de acciones ilícitas; sin embargo, en el caso de los recursos públicos se ordenó desbloquear lo correspondiente al pago de nómina de servidores públicos.

A decir del investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, el alcance de la intervención de la autoridad federal podría ser aún mayor, pues buscaría los vínculos de funcionarios y hasta de algunos gobernadores en funciones con ámbitos delincuenciales “y pudieran llegar a caer con estas investigaciones”.

Las pesquisas seguidas por “línea” del Gobierno estadounidense han llevado a la UIF al aseguramiento de cuentas bancarias de los presuntos “blanqueadores de capitales” del CJNG, entre quienes se encuentran jóvenes emprendedoras, empresarios, constructoras y ahora entidades gubernamentales que tuvieron relación con dichas personas físicas y jurídicas.

Así se desprende de las últimas acciones a cargo de Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF que se ha constituido en policía del sistema financiero mexicano y durante las últimas tres semanas ordenó el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias de los ayuntamientos de Autlán de Navarro, El Grullo, Ixtlahuacán de los Membrillos, Casimiro Castillo y Villa Purificación en Jalisco.

Apenas el 2 de junio anterior, la UIF dio a conocer del congelamiento de mil 770 cuentas bancarias de personas físicas y por lo menos 167 empresas y fideicomisos como parte de la embestida gubernamental para contrarrestar el poder económico de la principal organización delictiva que opera en Occidente y otras regiones del país.

Posteriormente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconocería que dichas acciones fueron a solicitud del gobierno de Estados Unidos, de esa forma se llegó a una serie de personas y compañías que prestan servicios de construcción e infraestructura de obras, inmobiliarias, turismo, restaurantes, boutiques, despachos jurídicos, laboratorios farmacéuticos y fábricas de tequila en por lo menos una docena de estados del país, denominando la acción mexicana como Operación Agave Azul.

PROBLEMA “EN CASA”

Las primeras investigaciones alcanzaron a los municipios de Autlán de Navarro y El Grullo, enclavadas en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, respectivamente. En el caso de Autlán, ciudad media, fueron aseguradas las cuentas bancarias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Ayuntamiento mismo. En tanto, en El Grullo fueron bloqueadas la cuenta de la comuna y de la alcaldesa Mónica Buenrostro Marín. La noticia se conoció el 12 de junio.

Más tarde se sabría que los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, corrieron con la misma suerte. En los límites de ambos territorios, el 1 de mayo de 2015, miembros del CJNG derribaron un helicóptero Cougar de las Fuerzas Armadas que ese mismo día daba inicio a la Operación Jalisco para detener a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del grupo criminal. Al alcalde de Villa Purificación, Moisés Brambila Pelayo, le inmovilizaron su dinero en el banco.

Tampoco el secretario general de El Grullo, Héctor Iván Serrano Cabrera, escapó que fuese congelada su cuenta bancaria personal. Tal y como le sucedió enseguida al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, a quien le bloquearon el acceso a sus finanzas, igual que las de las arcas municipales.

Cervantes saltó a la fama después que policías a su mando privaron de la libertad y mataron a golpes al albañil Giovanni López, lo que desató violentas manifestaciones en Guadalajara los días 4, 5 y 6 de junio.

El lunes 15, el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, se reunió con Santiago Nieto en Ciudad de México para conocer la situación que se vive en diversos municipios intervenidos por la autoridad federal. Ahí se habría informado de actividades de los ayuntamientos con empresas sospechosas de lavar dinero para el CJNG y de movimientos bursátiles sospechosos de algunos de los alcaldes.

Debido a que las acciones de la UIF afectaron la operación municipal con el arribo de la quincena, Nieto Castillo ordenó desbloquear recursos de las cuentas de los ayuntamientos para el pago de nómina, no así las particulares de los funcionarios, que continúan congeladas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin embargo, la incertidumbre prevalece en algunos de los municipios por el resto de compromisos existentes, como la inversión en obras en marcha y los gastos que generan los servicios públicos. En el caso de Autlán de Navarro, de autoridad emanada de Movimiento Regeneración Nacional, el desbloqueo de las cuentas llegó el martes 16 de junio para el pago de nómina, pero no ocurrió lo mismo con las finanzas de El Grullo, gobierno de coalición PAN–Movimiento Ciudadano.

Cuestionado sobre el tema, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que su administración auxiliará en las necesidades de los municipios afectados. También afirmó que colabora con el Gobierno de México en las investigaciones. “Nosotros estamos solamente en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, ayer (15 de junio) estuvo el fiscal del Estado en México platicando con Santiago y es información que tenemos que manejar con cuidado, será la Unidad de Inteligencia Financiera la que irá dando la información”, subrayó el mandatario.

EMPRESAS DE SOSPECHA.

Sin que se haya determinado aún su responsabilidad, una serie de empresas de Jalisco también son sujetas a aseguramientos bancarios, y junto con personas físicas, entre ellas empresarios y hasta abogados, han interpuesto durante la última semana y media más de 50 demandas de amparo, tanto para que sus cuentas de banco sean liberadas, como en contra de posibles órdenes de aprehensión y presentación ante el Ministerio Público federal.

Entre las empresas a las que se les congelaron sus cuentas bancarias se encuentra Drabsa Constructora, SA de CV, que a pesar de su reciente constitución en sociedad mercantil, en octubre de 2016 ya tenía múltiples clientes en el ámbito de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de cualquier tipo de inmueble. Entre su cartera se cuenta a ayuntamientos diversos y organismos públicos descentralizados.

Otra de las compañías es Edificaciones Mendpad de Occidente, SA de CV, también creada en 2016, que aparece en buscadores de internet como proveedores de servicios de dependencias de gobierno municipales como Zapopan y Tlajomulco de Zuñiga, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta y de la Universidad de Guadalajara.

Junto a estas empresas bloqueadas, aparece Consorcio Flaroma, SA de CV, que tienen en común a un mismo representante legal: Juan Guillermo Frutos Becerra, quien figura como firmante en los contratos con ayuntamientos y otras entidades públicas y privadas. Dicha persona promovió un juicio de garantías a finales de febrero de 2020 ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en contra de una posible orden de aprehensión.

Cabe mencionar que todas las empresas citadas cuentan con juicios de amparo promovidos por el propio Frutos Becerra en contra de la UIF. También hay amparos relacionados con la misma investigación, presentados a favor de Pulido Truck & Parts, SA de CV; Cromadora Hermanos Pulido, SA de CV; Pulcro Crédito y Servicios, SA de CV; Super Gas de Los Altos, SA de CV; Productos Farmacéuticos Collins, SA de CV; Salud Natural Mexicana, SA de CV y Operadora de Proyectos Efectivos de Salud, SA de CV.

Empresas tequileras fueron blanco de las medidas ordenadas por Santiago Nieto, entre estas Agaves Finos Los Altos, SPR de RL de CV; Agavera Alteña, SPR de RL de CV; Casa Casco Viejo, SA de CV; Tequila Supremo, SA de CV y Casa Tequilera Dinastía Arandina, SA de CV.

Otras empresas que padecen congelamiento de cuentas son: Eurocavsa, SA de CV; MH Excelencia Médica, SA de CV; Inmuebles y Construcciones RUA, SA de CV; Med Ahead, SA de CV; Transporte Unido Costa Pacífico, SA de CV; Comercializadora Tugg, SA de CV; Agroval del Sur, SPR de RL, de CV; AFIX Servicios Inmobiliarios, SA de CV; AFIX Servicios Financieros, SA Promotora de Inversión de CV SOFOM ENR; y Grupo Empresarial AFIX, SA de CV.

PERSONAS FÍSICAS.

Varias de las personas físicas a las que les aseguraron sus cuentas bancarias con motivo de la Operación Agave Azul en Jalisco durante las últimas fechas, ya se hallaban en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro norteamericano, sobre todo con la designación realizada en mayo de 2019 al CJNG y a mediados de 2018 a la organización criminal de Raúl Flores Hernández.

Entre las personas designadas a quien le fueron congeladas sus cuentas -en BBVA Bancomer– se halla Ana Paulina Barajas Sahd, ex esposa de Ulises González Valencia, miembro de la familia de “Los Cuinis” de Aguililla, Michoacán y cuñado de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG. Presuntamente la pareja se divorció en octubre de 2018, cuando el capo fue encarcelado en Puente Grande.

Barajas Sahd ha presentado demandas de amparo de 2018 a la fecha en contra de posibles órdenes de aprehensión, pero en tres ocasiones las autoridades han negado que exista el acto reclamado. Curiosamente los abogados de Ana Paulina pertenecen al mismo despacho jurídico que quienes patrocinan las defensas de la alcaldesa de El Grullo y del representante legal de las empresas involucradas en la prestación de servicios de construcción a los ayuntamientos jaliscienses.

Otros particulares amparistas son el ex regidor de Autlán de Navarro, Felipe Flores Gómez, mencionado en las investigaciones a la red Flores Hernández, Sofía Paulina González Vázquez, Francisco Javier Gudiño Haro, los hermanos Aldrín y Jesús Jarquín; Hilda Partida Deniz, José Antonio Cordero Cárdenas y Roberto García Arteaga, nieto del ex secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán. Todos ellos en la vía administrativa por cuentas aseguradas.

Por otra parte, la Operación Agave Azul también reactivó viejas investigaciones como las realizadas en 2009 por el gobierno estadounidense a las familias sinaloenses Tirado Escamilla y Tirado Díaz, que en Zapopan crearon uno de los consorcios farmacéuticos más grandes del país: Laboratorios Collins, en aquel entonces presuntamente vinculado al Cártel de los hermanos Amezcua Contreras y que al tiempo le fue levantado el veto norteamericano.

Ahora comparecen de nuevo ante los tribunales federales de Jalisco, pero en materia penal, solicitando amparos a nombres de María Teresa Díaz Castro, Rolando Tirado Díaz, Telésforo Baltazar Tirado Escamilla, Liliana Guadalupe Tirado Díaz, Baltazar Tirado Díaz, Luis Alfonso Tirado Díaz y María Teresa Tirado Díaz. Repelen una supuesta orden de aprehensión, cuya existencia no se ha corroborado.

UIF VA EN SERIO.

El profesor investigador de tiempo completo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, asegura que el impulso que está tomando la UIF tiene un motor, y ese motor es la DEA norteamericana que trae todos los “hilos” de la narcopolítica en México.

“En mi opinión hay dos tipos de delincuencia organizada: la delincuencia organizada común, y lo que llamaría yo, la delincuencia constitucional organizada, que en ocasiones ‘trabajan’ de forma mancomunada y, como sabemos, su objetivo es producir dinero y con diferentes finalidades”, asegura el catedrático, quien aseveró que uno de esos fines es comprar conciencias y autoridades para controlarles.

Jiménez Reynoso es claro: “Sabemos que han extendido ese control, poco a poco, al grado de financiar campañas electorales. Se dice, incluso, que a nivel presidencial, ya no se diga a presidentes municipales, que llegan a ser financiados en la etapa de proselitismo, y cuando ganan se convierten automáticamente en empleados de la delincuencia organizada”.

El entrevistado por ZETA señaló que algunas autoridades pasan a formar parte de la delincuencia constitucional. Personajes públicos que están como empleados al servicio de quienes toman -verdaderamente- las decisiones en este país en diversos municipios. “Esto sucede a nivel municipal, estatal y hasta federal, porque en el sexenio de Vicente Fox, el mismo narco tocó la Presidencia, y sabemos, pues, lo que está pasando con el que fue titular de la AFI y ex secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, que estaba hasta adentro de la maña y fue una farsa su supuesta lucha contra el narcotráfico”.

El investigador entiende que le congelen las cuentas bancarias a un alcalde que no acredite el dinero o movimientos bursátiles que tiene, con lo que legítimamente ha ganado o que se cotejen sus gastos. Incluso que se aseguren precautoriamente los recursos económicos de sus esposas, de sus hijos, de sus parientes y amigos vinculados. “Eso lo entiendo perfectamente, que se congelen esas cuentas por la sospecha de que se trata de dinero mal habido, pero lo que sigo sin comprender es que se congelen las cuentas de los ayuntamientos. Trato de entender que es un dinero etiquetado, dinero que es pagado con impuestos de los mexicanos, por quienes habitan el municipio, y al congelarse una cuenta de la comuna se afecta a los trabajadores del municipio, se afecta la obra pública, se perjudica a los servicios principales -que son muchos- y es la base y sustento de una sociedad. Me gustaría que la UIF nos diera los fundamentos y argumentos más claros de esta intervención para entender por qué se puede dejar sin recursos a una autoridad, alterando la vida cotidiana de los habitantes”, reflexionó el doctor en Derecho.

Estas acciones parecen ser un procedimiento fast track, se congelan las cuentas bancarias con la finalidad de establecer una medida cautelar inmediata en contra de presidentes municipales y regidores involucrados en actividades aparentemente ilícitas, “y con esto, quisiera yo pensar que se congelan las cuentas para evitar que se distraiga o sustraiga dinero y se lo lleven o se den a la fuga con el mismo; la detención de los personajes tendría que ser de inmediato, detenidos y procesados sin demora, previa investigación. De lo contrario, no puede soportar un municipio varios días con las cuentas congeladas”, reiteró el investigador universitario.

“PECES GORDOS”

Francisco Jiménez Reynoso comparte que el tema de la delincuencia organizada “podemos englobarla en sus dos vertientes, esto, es la delincuencia organizada callejera -la común- y la organizada constitucional, donde están las autoridades involucradas y que se trata de lavar dinero. Es tanta la producción de dinero que se genera que llegan a hacerse socios, y con la finalidad de blanquear los mismos recursos, pueden comprar maquinaria, materiales a quienes invierten ese dinero para hacer más dinero y lavarlo con este procedimiento”, ejemplificó.

“La DEA, como sabemos, trae las ‘cuerdas’ de varios políticos mexicanos en la mira y tiene la información muy puntual. Los norteamericanos tienen a varios presos que han desfalcado a México y además han estado involucrados en la delincuencia organizada, y que siguen, como dicen coloquialmente, soplando, ¿no? Siguen hablando, delatando y dando información”, destaca sobre las delaciones.

Y puntualiza: “Los norteamericanos y los agentes de la DEA, en sus procedimientos de investigación, son muy efectivos porque les ofrecen reducción de penas a cambio de información. Creo que por ahí es donde se están nutriendo sus bancos de información. Llevan a presionar al Gobierno Federal mexicano y a que hagan capturas importantes en México. Después de un par de décadas, cuando menos, del crecimiento de la delincuencia organizada, así son las cosas”.

Cuestionado sobre si esta vez el gobierno mexicano va en serio contra los lavadores de dinero ilícito, Jiménez Reynoso respondió sin dudar: “Sí, porque creo que hay un poder fuerte detrás de la UIF, detrás del mismo Presidente de la República. Ese poder se llama Gobierno de los Estados Unidos de América, que sigue teniendo información, cada vez más veraz y efectiva, que sigue presionando, y creo que con esta mancuerna se pueden lograr objetivos interesantes en captura de delincuentes organizados constitucionales, que refugiados en un mal concepto de fuero malentendido (que en los últimos años ha sido acotado), están las condiciones dadas para la detención de importantes delincuentes en el país, de los niveles de gobierno”.

— ¿Hasta dónde pueden llegar estas acciones?

“El alcance puede ser mucho mayor. El golpe puede llegar a escalar a nivel gubernamental, en virtud de que sabemos que la compañera periodista Anabel Hernández asegura tener pruebas contundentes de que algunos gobernadores en funciones, en este momento, tienen vínculos con ámbitos delincuenciales y pudieran llegar a caer con estas investigaciones. Además de que, tal vez, los mismos presidentes municipales no se mandan solos, e independientemente de los partidos políticos, ¿por qué no?, pueden tener una liga con gobernadores en cuanto al reparto del ‘botín’, me refiero”.

Convencido de que las investigaciones se efectuarán con seriedad, objetividad e imparcialidad, Francisco Jiménez Reynoso finalizó: “Y, pues ahora sí, como dicen los propios políticos, caiga quien caiga”.