Por Juan
Omar Fierro.
Un
juzgado federal aplazó la fecha para celebrar la audiencia constitucional en un
juicio de amparo promovido por Rosario Robles contra la negativa de un Juez de
Control de concederle la prisión domiciliaria en la causa penal que enfrenta
“por la omisión” en el caso de la denominada “Estafa Maestra”.
De acuerdo
con el expediente del juicio de amparo 390/2020 radicado en el Juzgado Cuarto de
Distrito en Amparo de la Ciudad de México la audiencia constitucional para
notificar a las partes de una suspensión dictada dentro del proceso se va a
celebrar hasta el próximo 24 de agosto a las 10 de la mañana.
La
resolución señala que la suspensión provisional dictada en el proceso es para
efecto de que se conserve el actual estado del juicio hasta que se resuelva el
fondo del litigio, por lo que Robles seguirá en prisión y no se cambiará la
medida cautelar como pretende su defensa.
El
aplazamiento de la audiencia obedece a las cargas de trabajo del juzgado
federal, según se desprende del acuerdo publicado este martes.
“Vista la
certificación de cuenta y el estado que guardan los autos en el presente
incidente de suspensión, se desprende que, dadas las cargas de trabajo con que
cuenta este Juzgado de Distrito, no ha sido posible notificar a la totalidad de
autoridades responsables señaladas por la parte quejosa”, explica la resolución.
Eso
implica que no existe ningún cambio en la situación jurídica ni en la medida
cautelar de prisión justificada que impide la libertad de la extitular de
Sedesol y Sedatu por los presuntos desvíos de dinero público que se cometieron
en ambas dependencias mientras era secretaria de Estado.
De
acuerdo con la Fiscalía General de la República, Rosario Robles Berlanga fue
alertada por exfuncionarios de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol),
y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de la falsificación de
firmas, contratos y documentación comprobatoria relacionado con un posible daño
al erario por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil pesos, por lo que se le
imputó el delito de omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos
públicos a través de la llamada “Estafa Maestra”.
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