El video de Pío.

Raymundo Riva Palacio.

¿Cómo un cóctel molotov puede destruir el puerto de Beirut? La respuesta es con una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El viernes elevó a nivel de escándalo nacional lo que en la víspera parecía un golpe periodístico con vida efímera. El periodista Carlos Loret difundió en la plataforma de LatinUs un video donde el excoordinador de Protección Civil, David León, entregaba un millón de pesos a Pío López Obrador para el “movimiento”. No había mucho contexto, ni una dimensión de lo que podría significar, sumado a que León respondió que en esa época no era funcionario, sino consultor privado, y recaudaba fondos para entregarlos a la causa. Era grave, pero de daño limitado.

También era una acción que el Presidente pudo haber resuelto fácilmente. Si le preguntaban en la mañanera del viernes podría señalar que de esa transacción tendrían que responder y explicar su hermano y León, no él. Ahí estaban sus fusibles. Si se calentaban mucho las cosas, los fusibles quemados los podía desechar. Si se le empezaba a pudrir el dedo del pie podía cortárselo para impedir que le subiera la gangrena. Pero la desmedida centralización de poder que ejerce López Obrador, fue un búmeran. Un problema con posibilidades de control se descontroló, y en su explicación no pedida en la mañanera se desbarrancó. No se dio cuenta muy probablemente, pero lo que hizo, en primer lugar, fue reconocer que violó la ley.

Por sus propias cándidas revelaciones, el viernes, López Obrador nos informó a todos que León le había reportado que iba a aparecer ese video. Si tuvo días para preparar una estrategia de contención o de respuesta, ¿por qué no lo hizo? Al abrir el Presidente el tema en la mañanera, parecía que utilizaría la técnica de ser él mismo quien detonara la crisis para poderla conducir y administrar. Esa técnica permite tener todo bajo control y llegar al puerto deseado, encapsulando el daño. López Obrador hizo lo contrario. Detonó la crisis y la bomba explotó en su pecho.

Legalmente, aunque las leyes no son lo suyo, hay evidencias que podrían dar cauce a una investigación por delitos electorales. Dinero en efectivo para un “movimiento”, como dijo León, que en ese momento ya era partido (Morena) y estaba compitiendo en sus primeras elecciones. Probablemente ese presunto delito electoral haya prescrito, pero en el contexto de las acusaciones que se debaten hoy sobre presuntos pagos ilegales a campañas políticas, ¿cuál es la diferencia? López Obrador la quiso diferenciar con los montos, pero es tanto como decir que si uno roba poquito, es diferente a robar mucho. Cantidad no es calidad. Punto.

Aún si así lograra torearlo, al ser este el énfasis de la prensa política en el análisis de las consecuencias del video, hay otros temas de índole penal que quedan abiertos para investigación en el más estricto sentido de la ley. El más importante es el presunto delito de delincuencia organizada, que en el artículo 16, párrafo nueve, de la Constitución, se entiende como “una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada”. En este sentido, adicionalmente, existe la presunción de delitos de utilización de recursos procedencia ilícita, que también se integran en los delitos de delincuencia organizada.

Entonces, si Pío López Obrador y David León se reunieron para apoyar al “movimiento” de Andrés Manuel López Obrador, y éste reconoció el viernes que sí sabía de esas entregas, podría argumentarse la configuración del delito de delincuencia organizada –el Presidente, en todo caso, tiene inmunidad–, al que se le agrega el dinero de procedencia ilícita porque no hay ningún registro de dónde viene. López Obrador dijo que eran aportaciones de la gente “para fortalecer el movimiento”, que se entregaban en efectivo para pagar diversas cosas, pero son sólo palabras, porque no hay ninguna documentación que lo soporte, cuando menos hasta ahora.

Para efectos de argumentación únicamente, sin que esto se tome como afirmación o insinuación siquiera, ¿no podrían venir esos recursos del narcotráfico? O ¿no podrían haber salido del erario chiapaneco? El Presidente no estaría metido en este embrollo con implicaciones penales de no haber confirmado que él sabía de estas operaciones ilegales e irregulares. Podría no haberlo sabido exactamente en su momento, pero al admitir que estaba enterado previamente al video y no actuó en consecuencia, lo convierten en presunto cómplice. No hay ninguna lógica para la autoinculpación.

Esa entrega ilegal de recursos, que no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral como gastos de campaña, llevó a López Obrador al presunto delito de evasión fiscal. Reconoció el Presidente el viernes que de esa forma “obtenía mi sueldo”, lo que se infiere nunca devino en impuestos. Hay que recordar que no es la primera vez que lo dice. Lo señaló durante la pasada campaña presidencial –antes había dicho que vivía de las regalías de sus libros–, donde agregó que también había contribuciones de partidos políticos. Sus ingresos y su pago de impuestos correspondientes, han sido un tema de debate por años.

López Obrador ha sido un político que ha optado siempre por no querer saber de dónde sale el dinero para apoyos. Hace casi dos décadas, la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles, le dijo que un empresario –Carlos Ahumada– estaba dispuesto a financiar campañas del partido. López Obrador le dijo que no quería saber nada de los detalles, y que solucionara el financiamiento. Los antecedentes son hoy irrelevantes, al meterse en el centro del escándalo. Hizo explotar el puerto de Beirut con una botella con gasolina, y dijo que esto le daba la oportunidad para que todo lo público –y lo privado, como también ha sido costumbre de la casa–, se haga público. El Presidente se pintó la cara de guerra para la guerra que el viernes declaró.