Guanajuato: clase política y COVID-19

Arnoldo Cuellar.

La clase política guanajuatense exhibe un provincianismo ramplón en medio de la más grave emergencia sanitaria en un siglo: unos parecen no creer que exista el virus, otros esconden el padecimiento como si fuera lepra o algo peor. En conjunto, demuestran que no entienden y no atienden la responsabilidad pública que la pandemia ha agregado a sus tareas, lo cual evidencia que ya desde antes no entendían nada.

El Gobernador Diego Sinhue Rodríguez tuvo apariciones constantes en las primeras semanas de la crisis sanitaria para hacer lo que sabe hacer su equipo y su Gobierno: propaganda ramplona plena de machismo político: aquí el virus nos iba a hacer lo que el viento a Juárez.

Se reabrió en junio y se lanzó un programa de reactivación en mayo. Por cierto, la televisora que transmite los mensajes y programas del Gobierno era escenario de un brote, lo cual no importó para trasladar el riesgo al Teatro Bicentenario que a estas alturas ya no es un recinto cultural, sino una sala de juntas ampliada de la burocracia, eso sí, gratuita.

La mayor puntada ocurrió hace unos días, cuando luego de una larga ausencia en el tema COVID, Sinhue reapareció en un video para anunciar becas para los hijos de padres fallecidos por el virus. Parece chiste en medio del dramatismo: de los mil 600 fallecidos hasta este miércoles, 653 se encontraban en el rango de edad de 20 a 59 años, donde sería posible y probable que pudiesen tener hijos en edad escolar. El apoyo de Sinhue sería apenas para mil o 2 mil personas.

En cambio, es mucho más grande el universo de personas que, habiendo padecido o no COVID, han perdido fuentes de ingreso y están amenazados sus niveles de bienestar, lo que en muchos casos implicará hijos que dejan escuelas privadas y públicas, algunos para buscar alternativas más económicas y otros para buscar actividades que representen ingresos familiares.

Al no haber diagnóstico y solo ocurrencias que buscan darle imagen al Gobernador, se incurre en este tipo de propuestas que caen en el terreno de la banalidad y ni siquiera logran el objetivo que persiguen.

La distancia de la clase gobernante frente a la COVID también se exhibe en el abordaje de los casos que impactan a la propia burocracia. En el municipio de León fue notorio el abandono y el descuido con el que se trató el brote en las áreas de Seguridad Pública, donde destacaron por el número de casos, el C4, el área de jueces calificadores y la academia de policía. Descuido, revictimización, ninguneo, nula empatía y ahora hasta represión laboral, son las respuestas del Gobierno del ausente Héctor López Santillana, hacia sus trabajadores.

En el caso de la televisora oficial TV 4, el miedo a la “estigmatización” los hizo ocultar el número de casos, pese a que incluso altos directivos fueron afectados. El silencio fue una de las causas para que el brote se ampliara.

Lo mismo ha ocurrido en las oficinas de la dirección de auditoría de la Secretaría de Finanzas y en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, donde el propio titular José Gerardo Morales Moncada, resultó positivo en la prueba de COVID, pero lo mantuvo como secreto. El brote provocó ya una víctima mortal.

Esa inmadurez para afrontar con transparencia lo que a todas luces es una situación extraordinaria, nada vergonzante y que puede afectar a cualquiera, muestra otra de sus caras en la ligereza con la que se ha decidido contravenir los protocolos definidos para cortar la cadena de contagios, uno de los cuales es, terminantemente, evitar las actividades sociales no indispensables.

El relajamiento ya los llevó a celebrar a los gobernadores asistentes a una reunión de coordinación con una comida, ya demasiado comentada. El mal ejemplo ha cundido y muchas reuniones sociales con carácter clandestino llevan el sello de la tolerancia oficial, estatal o municipal.

La pandemia puede estar cambiando muchas cosas en el mundo, lo que no ha cambiado es la mentalidad patrimonialista, prepotente y amante de privilegios de nuestros pequeños políticos. Normal, ¿no?