Tras la pista de Calderón.

Raymundo Riva Palacio.

Emilio Lozoya, como le exigió el fiscal general Alejandro Gertz Manero para garantizarle la libertad, imputó al gobierno que encabezó la némesis del presidente Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, en temas de corrupción. El 2006 no se olvida, y el fiscal está armando el ajuste de cuentas políticas con el que sueñan en Palacio Nacional, con la denuncia de hechos sobre corrupción de funcionarios y empresarios involucrados en el Proyecto Etileno XXI, la planta petroquímica en Coatzacoalcos que provocó un quebranto de mil 900 millones de pesos al erario.

Lozoya, según dijo Gertz Manero, afirmó que Odebrecht, a través de su filial de petroquímica Braskem, y su socia mexicana en el Proyecto Etileno XXI, Idesa, tuvieron “una serie de beneficios de carácter económico”, y se les dio “una serie de privilegios en precios de insumos, en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy grandes”. Frente a ellas, los 10 millones y medio en sobornos que pagó Odebrecht a Lozoya, que ahora dice el exdirector de Pemex que fue para la campaña presidencial de 2012 y para comprar voluntades políticas para las reformas del Pacto por México, palidecen.

La acusación es extemporánea. Calló cuando dirigía Pemex, hasta febrero de 2016 en que lo cesaron. El contrato fue denunciado por quien lo sustituyó, José Antonio González Anaya, quien formuló la querella contra el Proyecto Etileno XXI, en enero de 2017, y la Procuraduría General de la República abrió una investigación que también revisó la parte de la gestión de Lozoya sobre la planta heredada por el gobierno de Calderón. La Fiscalía General tendrá camino andado en sus pesquisas, pues la PGR le dejó el expediente 117, donde se encuentra una reveladora declaración, la de Arturo Arregui García, director de Pemex Transformación Industrial cuando se firmó el contrato, el 28 de abril de 2017.

Arregui García declaró durante más de dos horas, y detalló la cadena de funcionarios de Pemex involucrados en el proyecto, donde figuraban el entonces director de la empresa, Juan José Suárez Coppel; el exdirector de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Jordy Herrera, muy cercano a Calderón, y el exdirector de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, a quien ratificó Lozoya. La investigación era por su presunta responsabilidad en los beneficios otorgados al consorcio Braskem-Idesa, que es lo que ahora señaló Lozoya en su denuncia de hechos.

El testimonio contiene el eslabón perdido que anduvo buscando el gobierno de López Obrador, que es la relación de todo el proceso del proyecto, con la Presidencia de Calderón. Se encuentra en la pregunta 59 formulada a Arregui García: “¿A qué persona de la Presidencia se informó de los trámites y gestiones del proyecto de contrato de suministro de etano?”. Su respuesta: “La Oficina de la Presidencia invitaba a Pemex, a Sener, a los representantes de Hacienda, a los asesores financieros y técnicos a informar periódicamente de los avances del proceso, sin recordar quién era la persona que coordinaba dichas reuniones”.

El contrato de Etileno XXI se asignó en febrero de 2010 mediante un proceso de subasta, y quien ocupaba el cargo de jefa de Oficina era Patricia Flores. A partir de junio de ese año y hasta el final del gobierno de Calderón, el responsable de esa oficina era Gerardo Ruiz Mateos. El contrato de suministro de etano, cuyo costo bajo, considerado como subsidio por el gobierno de López Obrador, es el centro de la investigación que se inició el martes, y fue firmado el 19 de febrero de 2010. Braskem Idesa niega ventajas, y afirma que la fórmula del precio la había utilizado Pemex más de tres lustros antes de ese contrato, y se había aplicado a clientes de Pemex anteriores a ella.

Con la denuncia de hechos de Lozoya, Gertz Manero tiene un manjar político sobre la mesa. Son 11 los exfuncionarios de Pemex directamente relacionados con el Proyecto Etileno XXI, además de dos exjefes de Oficina de la Presidencia. Por el testimonio de Arregui García, también se abre la puerta a que sean llamados a declarar el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y los exsecretarios de Energía, Georgina Kessel, José Antonio Meade y Jordy Herrera, junto con los miembros del Consejo de Administración de Pemex.

Los ejecutivos de Odebrecht, así como los de Braskem-Idesa en ese entonces, también tendrían que ser llamados a declarar por Gertz Manero, quien se topará con un tema delicado. Idesa fue fundada y es propiedad de la familia política de Javier Jiménez Espriú, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, quien, a la vez, era consejero de la empresa en los años donde se concretó la subasta y se firmaron los acuerdos que el gobierno lopezobradorista, al que perteneció hasta recientemente, asegura que se realizaron con subsidios y privilegios para las empresas. Lozoya aseguró en su declaración de hechos que la empresa mexicana tuvo beneficios económicos de ese proyecto.

Todos los imputados por Lozoya deberán ser citados a declarar por la Fiscalía General. López Obrador pidió ayer que Calderón fuera llamado a declarar, porque Lozoya lo había involucrado en posibles actos de corrupción. A menos que el Presidente sepa algo que no dijo Gertz Manero, Lozoya no lo imputó cuando habló de los beneficios por el contrato de Proyecto Etileno XXI, de cuya obra y detalles del contrato supo cuando fue director de Pemex.

Pero eso es lo que quiere López Obrador que le regale Lozoya, que Calderón tenga que rendir cuentas ante un juez. Esto será posible sólo si lo mencionó en su declaración, lo que no parece inquietar a Calderón, quien en una entrevista en Radio Fórmula esta semana con Ciro Gómez Leyva, dijo que a él, López Obrador y Lozoya, que van tras su pista, “me van a hacer los mandados”.