Por Rosa
Santana.
El Sistema
Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY) informó que 36 funcionarios de 17
ayuntamientos fueron sancionados por pretender aprovecharse de los recursos
extraordinarios estatales que se pusieron a disposición de los ciudadanos que
perdieron su empleo a raíz de la emergencia sanitaria.
De acuerdo
con el organismo, las irregularidades fueron detectadas gracias a la
activación del mecanismo de queja de la SEAY, y las sanciones se aplicaron
conforme a las normativas propias de los ayuntamientos involucrados.
En abril
pasado, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEAY, Mónica
Febles Álvarez-Icaza, activó la queja por indicios de posibles actos de
corrupción de servidores públicos que pretendieron acceder a los apoyos del
Programa de Desempleo lanzado por el gobierno estatal para apoyar a quienes
perdieron su empleo por las medidas aplicadas debido a la pandemia de covid-19.
La SEAY detalló
que hasta el momento han dado respuesta a la indagatoria en un total de 44
ayuntamientos, y en 17 de ellos identificaron a 36 servidores municipales que
habrían solicitado el seguro de desempleo, cuando nunca perdieron su trabajo.
En función a
la falta cometida por los servidores públicos, los ayuntamientos impusieron
sanciones que van desde apercibimientos y suspensiones, hasta el cese
definitivo.
“Es así
como fueron retirados de sus cargos cuatro personas; otras seis, suspendidas; a
16 más les abrieron expedientes administrativos y recibieron amonestaciones; en
dos casos se realizaron procedimientos con base en códigos de ética, y
finalmente en ocho personas más están por determinarse las sanciones
correspondientes”.
El organismo
comentó que aún faltan por dar respuesta a la Comisión Ejecutiva 62
ayuntamientos, así como otras instituciones a las que se solicitó información.
Al inicio de
la contingencia, el gobierno del estado lanzó una serie de programas para
apoyar a las familias y empresas frente a las crisis de salud y económica.
Entre estos destaca el de Desempleo, con el que se apoyó económicamente por dos
meses a quienes quedaron sin trabajo.
No obstante,
en cuanto se hizo pública la lista de beneficiados de los diferentes
programas, los propios ciudadanos denunciaron que en ellas había funcionarios o
familiares de éstos.
En
respuesta, la SEAY inició el mecanismo de queja por posibles hechos de
corrupción o faltas administrativas.
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