Adela Navarro Bello.
Si alguien ha
politizado el tema del combate a la corrupción en México, ese es el presidente
Enrique Peña Nieto. No sólo ha impedido que el Sistema Nacional Anticorrupción
se active al cien por ciento al no ordenar a sus aliados incondicionales en el
Poder Legislativo reformar las leyes para la creación de una Fiscalía General
de la República que sirva, nombrar al Fiscal Nacional Anticorrupción, así como
integrar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino que también,
“ejerce” la procuración de justicia en aquellos ex gobernadores que caen en
desgracia, no en todos los corruptos.
En efecto, ex
Mandatarios como César Duarte han escapado a la justicia mexicana, simplemente
porque a la Procuraduría General de la República no le ha dado el tiempo ni el
compromiso para perseguir lo que incluso en otros países se investiga, el
lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.
Enrique Peña Nieto
también obstruyó el ejercicio de la Ley cuando su subordinado, el encargado de
despacho de la PGR, Elías Beltrán, destituyó al Fiscal Especializada para la
Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, cuando asumió que este había revelado
información del proceso que en esa instancia –también en la PGR aun cuando sin
resultados- se le sigue al íntimo amigo del Presidente, Emilio Lozoya Austin, por aceptar sobornos de la brasileña
Odebrecht, desde que el impune fungía como colaborador de la campaña Peña a la
Presidencia de la República y hasta ser Director de Petróleos Mexicanos y por
el orden de los 10 millones de dólares de acuerdo a declaraciones de directivos
de Odebrecht.
Entonces, que Enrique
Peña Nieto diga que la denuncia del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral
Jurado, sobre las represalias que el Gobierno Federal ha tenido para el Estatal
desde la denuncia y aprehensión de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario
general adjunto del PRI por el desvío de 250 millones de pesos del erario chihuahuense
es un acto político, no tiene… sentido. “Lo que hoy recogí fue una conferencia de prensa que más
pareció un acto político y auténticamente cargado de signo partidario, entonces
ante quien hace un acto partidario pues el presidente de la República
simplemente se conducirá con su vocación democrática, con absoluta
imparcialidad y apegado estrictamente a derecho”.
La realidad que lo
sucedido el lunes 8 de enero fue todo menos un acto político partidario. No
solamente el Gobernador Corral estuvo acompañado por los integrantes ciudadanos
del Sistema Nacional Anticorrupción (una enditad autónoma y sin partido),
encabezados por su presidenta, Jaqueline Peschard, sino que logró reunir a
activistas como Denise Dresser y el Grupo Chihuahua, como también a miembros
que fueron de la oposición y hoy militan en la intelectual mexicana como fue el
caso de Agustín Basave y Jorge Castañeda, sin dejar fuera de la foto a los
senadores que le acompañaron.
No, el acto de Javier
Corral no fue un acto político, fue un acto de búsqueda de justicia, de combate
a la corrupción, de denuncia de la impunidad y de señalamiento del cómplice
gobierno que ejerce su poder protector ante quienes le han servido, y –evidentemente-
mantenido.
Se trata del caso de la
investigación de la Fiscalía de Chihuahua sobre el desvío de recursos que hubo
durante la administración anterior, la del priísta César Duarte Jáquez, y donde
el Ministerio Público documentó cómo se sacaron 250 millones de pesos del
presupuesto a través de contratos de servicios a nombre de Alejandro Gutiérrez,
los cuales no se prestaron. El mismo hecho ha llevado a Manlio Fabio Beltrones
Rivera, dirigente del PRI en la época que Gutiérrez era secretario general adjunto,
a buscar el amparo de la justicia.
Lo dijo bien Corral,
descubrieron el modus operandi del PRI y los gobiernos emanados de ese partido
para sacar dinero oficial y enviarlo a las campañas priístas.
39 procesos penales iniciados, 30 órdenes de aprehensión
giradas por jueces, 10 cumplimentadas, 23 vinculados a proceso por jueces y
cinco sentencias condenatorias han salido del proceso que se sigue en la
Fiscalía de Chihuahua, afortunadamente
no en la PGR, ni en la acéfala FEPADE, y por supuesto que no es de interés del
Poder Legislativo cuando las tres entidades deberían estar investigando lo que
en la Fiscalía local se está procesando, y además con buenos resultados en el
Poder Judicial.
Entonces no se trata de un acto político, se trata de evidenciar la corrupción del
PRI y los Gobiernos del PRI, auspiciados por el Gobierno Federal que, a pesar
de haber diez órdenes de aprehensión contra César Duarte en el Poder Judicial
de Chihuahua, no ha solicitado la PGR la orden de captura en el exterior, y por
consecuencia la orden de extradición, como sí se hizo en los casos de
Roberto Borge, Javier Duarte o Tomás Yarrington por mencionar algunos que
también desde el priísta y arropados en la Presidencia de la República de
Enrique Peña Nieto, desfalcaron a sus estados, Quintana Roo, Veracruz y
Tamaulipas, respectivamente.
El Gobierno Federal
actuó contra Javier Corral y la administración pública de Chihuahua, como actúa
con los empresarios que lo señalan de corrupto, con las organizaciones de la
sociedad civil que evidencian los actos ilícitos en esa administración, y con
los periodistas que señalan la corrupción y la impunidad sobre el círculo
presidencial: tomó represalias oficiales. En este caso, le negó la liberación
de recursos federales que sí entregó a otros Estados y en el pasado a la
administración chihuahuense.
De hecho, peña Nieto
entregó recursos federales por los casi tres mil millones de pesos a César
Duarte en los últimos años de su gobierno, y hoy negó a Corral, 700 millones
para un rescate financiero necesario ante la catástrofe financiera que dejó el
priísta.
En pláticas oficiales
entre funcionarios federales y estatales para analizar la entrega de tal
recurso, se dejó entrever que, en efecto era por la investigación contra
priístas que lleva a cabo la Fiscalía de Chihuahua, la de Alejandro Gutiérrez
que liga a Manlio Fabio Beltrones, y a la estructura del PRI en el 2016 para
ganar elecciones.
Fue de suma importancia
que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, no
solo haya acompañado a Javier Corral a la conferencia-denuncia, sino que lo
haya respaldado con un comunicado donde rechazan la reducción presupuestal por
denunciar los malos manejos de Duarte, apoyan la persecución de funcionarios
que desvían recursos públicos con fines electorales y privados, y apoyan a
todas las organizaciones de la sociedad civil que buscan poner freno a la
corrupción, además firmado no solo por Jaqueline Peschard, también por
Marieclaire Acosta, Luis Pérez de Acha, Octavio López Presa y Alfonso Hernández
Valdez.
De los desvíos de
recursos que hubo en administraciones pasadas, como la de César Duarte, o la de
Javier Duarte, o la de Humberto Moreira, o la de Roberto Borge, forzosamente
debió enterarse la Secretaría de Hacienda, que ahora aduce esas sospechas para
no entregar el recurso, de hecho en la Fiscalía de Chihuahua, uno de los
detenidos confesó la línea del desvío, y efectivamente pasaba por la SHCP, aun
en tiempos de Luis Videgary, pero no hace mucho en manos y mente de Antonio
Meade, el hoy
anodino candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Bastaron las denuncias
de opositores, analistas y ciudadanos, para que también se investigue al ex de
Hacienda, para que este saliera a despotricar, porque no declaró con conciencia,
fundamento o documento alguno para deslindarse o deslindar a la SHCP, sino que
atacó al Gobernador Corral: “vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que
tortura, vemos por primera vez en el país a un gobernador que engaña, vemos a
un gobernador que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que
cada vez que tiene problemas inventa y confronta”.
La realidad es que ante
una investigación de una Fiscalía Estatal que está funcionando, los señalados,
miembros del PRI del Gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto,
solo les queda denostar aquello que no pueden probar ni en documentos ni en
tribunales.
Por eso politizan, por
eso se niegan a activar el Sistema Nacional Anticorrupción, por eso huyen a la
ciudadanización de las instituciones, por eso se dicen buleados, porque ante la
evidencia de corrupción –y ahí están los ex gobernadores detenidos y los ex
funcionarios priístas aprehendidos- solo pueden ofender, politizar un proceso
judicial, en miras de desviar la atención de una realidad cada vez más
evidente: este gobierno, pasará a la historia como el más corrupto.
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