El juez Daniel Adán Rodríguez Apac.
Pedro Portillo Herrera
conducía una motocicleta rumbo a su trabajo cuando un Juez de control del
estado de Morelos, identificado como Daniel Adán Rodríguez Apac, lo impactó con
su vehículo y le provocó la muerte. En el mundo al revés, el imputado pudo
marcharse a casa [en aparente arresto domiciliario] y la familia del occiso
denuncia ahora amenazas, después de no aceptar el dinero que les ofrecieron
como indemnización.
El sábado 16 de diciembre del 2017, Portillo Herrera, de 42 años,
abandonó su hogar en la colonia La Mojonera, en Cuernavaca. Intentó llegar al
sitio en el que laboraba. Avanzó por la autopista México-Cuautla y, cerca de
las 07:30 horas, fue embestido a la altura del kilómetro 200, en el municipio
de Tepoztlán. Murió en el lugar. Elementos de Caminos y Puentes Federales
(Capufe) resguardaron el cadáver.
Daniel Adán, quien
aparentemente se hallaba en estado de ebriedad al momento de la colisión,
viajaba en un Jetta blanco con placas del estado que gobierna el perredista
Graco Ramírez Garrido Abreu. Huyó, pero fue aprehendido por policías en el
entronque que conduce al poblado de San Juan Tlacotenco.
Las autoridades locales iniciaron con las indagatorias en el
camino morelense, abrieron la carpeta de investigación AHTD/249/2017 y
presentaron al inculpado ante el Ministerio Público (MP).
Ese mismo día [el
sábado 16], por medio de un documento firmado y dirigido al MP encargado, el
sujeto solicitó que le otorgara su liberación inmediata. Además, manifestó que
tenía “arraigo tanto laboral, familiar y domiciliario dentro del estado de
Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, por lo que no existe riesgo de sustracción
de la justicia por parte del de la voz; así mismo no cuento con antecedentes
penales”.
Rodríguez Apac,
señalado por el delito de homicidio culposo, expuso que no se negaría a reparar
los daños causados (después de escapar y ser atrapado). Medio millón de pesos
ofreció a la familia de Portillo Herrera, pero no se los aceptaron.
Para el 18 de diciembre, sin
haber pasado tres días en prisión, Daniel Adán “N” –como lo llamó la Fiscalía–
fue liberado.
El agente del Ministerio Público tomó en consideración las
diligencias practicadas y previo al análisis jurídico determinó lo anterior
dentro del término legal, explicó la dependencia en un boletín.
“¿Yo cómo le voy a
explicar a mi hija de cinco años que un borracho lo mató? Él iba a su trabajo,
el señor invadió el carril y lo mató. Dejó a mi hija sola. ¿Yo cómo le voy a
explicar a mi hija que no va a estar él? ¿Cómo le voy a decir que su papá murió?
Y este señor ya está libre y me lo dicen hoy. No puede ser posible”, dijo
Mariquel Arriasca, esposa de Pedro, ante medios de comunicación aquel 18 de
diciembre.
“Me quiere ofrecer una
cantidad de 500 mil pesos por la muerte de mi esposo. Yo quisiera ofrecerle a
él lo mismo, que me deje hacer lo mismo con alguien de su familia. No le va a
parecer. Es su familia y le duele su familia, y a mí me duele mi marido”, detalló la mujer.
AMENAZAS.
Tras la negativa,
sujetos sin identificar amedrentaron a los integrantes de la familia de Pedro.
“Ofreció dinero.
Nuestra familia no lo aceptó, entonces aparecieron hombres tatuados amenazando,
‘que era mejor que aceptáramos el dinero o nos arrepentiríamos’, que “nos
atengamos a las consecuencias”’, relató Tabata a este diario digital.
Pedro fue asesinado en
un estado en el que las víctimas no acuden ante sus autoridades. Sólo el 9.2
por ciento de los delitos cometidos en 2016 fueron denunciados, de acuerdo con la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
La población morelense tiene sus razones. Entre ellas se encuentran la pérdida de
tiempo (28.8 por ciento) y la desconfianza en la autoridad (18.4 por ciento).
En 49 por ciento del
total de averiguaciones previas iniciadas no pasó nada o no se continuó con la
investigación en 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el caso de Daniel
Adán Rodríguez Apac sí se inició el proceso, sin embargo, se dejaron a un lado
las amenazas que sufrió la familia de Portillo Herrera.
“Las autoridades han
dicho que el juez está bajo arresto domiciliario”, afirmó Tabata.
“Pedimos justicia. No
queremos recurrir a hacer algo por nuestra propia cuenta, no buscamos un “ojo
por ojo”. Sólo queremos que pague por sus crímenes en prisión. No podemos
seguir con gente así”, declaró la joven el 7 de enero.
En los primeros once meses del 2017 se registraron 792
homicidios en Morelos. 556 fueron clasificados como dolosos y 236 como
culposos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP).
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