El juez de Control,
Luis Roberto Juárez López, vinculó a proceso a Arturo Bermúdez Zurita,
exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte,
por un delito patrimonial superior a los 70 millones de pesos por la presunta
adjudicación de contratos irregulares de servicios de alimentos y otros de
prestación de servicios.
En una carpeta de investigación ministerial por separado, la
Fiscalía General del Estado (FGE) acusó
al también conocido en la SSP como Capitán Tormenta de enriquecimiento ilícito
al adquirir bienes muebles e inmuebles por un costo superior a los 80 millones
de pesos, aun cuando en la administración duartista sólo obtuvo ingresos por
ocho millones de pesos.
La autoridad investiga
al extitular de la SSP en Veracruz para que responda por el engranaje de una
compleja red de empresas que prestaba servicios de alimentos, transportación,
alarmas y otros servicios a la SSP, pero cuyos socios y propietarios son sus
propios familiares: Miguel Ángel Bermúdez Zurita, Jesús Bermúdez Quezada, Jesús
Gabriel Bermúdez Zurita y María Guadalupe Zurita.
Entre todos ellos, existe un personaje clave: el empresario Roberto Esquivel, quien hasta
hoy se ha negado a comparecer como “imputado” en la Sala de Juicios Orales 3
del penal de Pacho Viejo. El argumento que sus abogados han dado a las
autoridades es que padece diabetes severa, con “niveles de glucosa altísimos”
(sic) y que su médico de cabecera en la Ciudad de México le ha recomendado no
viajar a comparecer, porque podría padecer problemas cardiovasculares severos.
En noviembre pasado, la
defensa de Bermúdez Zurita ganó un amparo federal que obliga a la justicia
local de Veracruz a “reponer el proceso”, razón por la cual, el imputado
recibió una segunda oportunidad para demostrar su presunta inocencia.
“Literal, estamos empezando
el proceso penal de nuevo. Es el primer capítulo de la historia”, confío un
integrante de la FGE que participa en el proceso contra el Capitán Tormenta.
La audiencia.
En la audiencia en la Sala de Juicios Orales 3, el fiscal
especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Pedro Pensado,
ilustró que en las empresas constituidas como Sociedades Mercantiles y dadas de
alta en Oaxaca y Tlaxcala, como Grupo Profesional de Resguardos SA de CV, Grupo
Profesional de Alarmas, Transportes Garzua, Administradora de Inmuebles de
Capital, entre otras, aparece como socio y apoderado Roberto Esquivel, además
de consanguíneos de Arturo Bermúdez, quienes recibieron “beneficio económico”
cuando éste estuvo al frente de la corporación.
El fiscal expresó que había
pruebas fehacientes para llevar a cabo, no sólo la vinculación a proceso de
Bermúdez, sino también de Esquivel, para luego dar inicio al juicio
correspondiente.
A toda acusación,
Rodolfo de la Guarda, abogado de Bermúdez, excusó que quien tramitó los
contratos fue el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan) y un Órgano Colegiado en el que su cliente no tuvo
participación alguna.
Incluso, fue más allá
al asegurar que la defensa “no negaba la existencia de dichos contratos”. Sin
embargo, dijo que la Sefiplan jamás cubrió el pago de 179 facturas de las
empresas aludidas, razón por la cual algunas interpusieron denuncia penal.
El propio Arturo
Bermúdez volvió a incriminar a su examigo, Javier Duarte y a la Sefiplan al
asegurar que, al estar concentrado en la operatividad de siete mil policías, 19
centros de readaptación social, 20 delegaciones de Tránsito y velar por la
seguridad de ocho millones de veracruzanos “no tuvo tiempo” de ver lo
administrativo.
Ante la mirada incrédula de los fiscales y el ceño fruncido
del juez, el inculpado aseguró:
“Todos los proveedores
tenían registro en Sefiplan, al entrar en crisis el flujo de dinero, se dieron
pagos graduales a cada uno a través de la Sefiplan. Nunca presioné a ningún
colaborador para hacer algo contrario a la ley. Siempre actúe con honestidad,
ética y profesionalismo”.
Luego de la nueva
vinculación a proceso y tras haber pasado un año de prisión preventiva, el
Capitán Tormenta regresó al penal de Pacho Viejo en la llamada “Perrera” –la camioneta enrejada de la SSP–,
donde permanecerá como otros cinco duartistas encerrados en el último año.
En los distintos recesos que tuvo la audiencia, a Bermúdez Zurita se le vio de buen humor,
sin esposas y con ropa naranja de alta costura. Ahí, abrazó a los suyos,
convivió con custodios e, incluso, quiso bromear con la prensa –a la que
fustigó cuando era servidor público–, en especial, con los reporteros que
llegaron a la mitad de la audiencia:
“Ahí cuando quieran cabrones”, dijo a los enviados de una
televisora y de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
El juez de Control, Luis Roberto Juárez López, autorizó a la FGE una investigación
complementaria de dos meses más para que indaguen en la Sefiplan si hay más
empresas en las que Bermúdez Zurita pudo traficar influencias con otros
familiares o su socio Roberto Esquivel Hernández.
La defensa del imputado consideró que la Fiscalía sólo aletarga
más el juicio, pese a “que ya no tienen más que investigar”.
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