La “bomba” de Coca Cola y el TLCAN.

Alejandro Calvillo.

Una “bomba”, así consideraron los funcionarios de Coca Cola, en documentos internos, su estrategia para poner en la palestra pública a una asociación científica que estableciera que el problema en la epidemia de obesidad no está en lo que comes sino únicamente la cantidad de energía que consumes y la que gastas. Una “bomba” para “cambiar la conversación”, para desviar la atención de los productos y sus daños.

No había que discutir la alta concentración de calorías en sus bebidas, ni que esas calorías son vacías y que no generan saciedad, tampoco que el consumo de una sola lata al día aumenta el riesgo de obesidad en niños en un 60% y que en adultos aumenta en un 25% el riesgo de diabetes, tampoco que ese consumo de una sola lata (355 mililitros con 7 cucharadas de azúcar) es menos de lo que se consume una persona en promedio cada día en países como México (más de 400 mililitros) y que este consumo dispara los indicadores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La “bomba” estaba destinada a negar y sacar de la palestra esta información, reforzada por campañas publicitarias como la de Coca Cola de “149 calorías para usar en actividades felices”.

El uso de términos de guerra en la empresa refresquera, al parecer, es algo común. En México, un alto directivo de la empresa fue despedido, según denunció públicamente, por oponerse a una campaña de Coca Cola a la que internamente se le llamaba “blitzkrieg”, que significa “guerra relámpago”. La empresa refresquera se inspiró en el concepto utilizado para describir un tipo de ataque militar ejecutado por el ejército nazi, “blitzkrieg”, para referirse  a la estrategia que estaba desarrollando para aniquilar a la competencia. La “guerra relámpago” fue ejecutaba a principios de 2008 en todo México a través de 1,173 brigadas de la empresa para desplazar a la competencia en las más de 700 mil tiendas de abarrotes y misceláneas.

Ángel Alvarado, que denunció a The Coca Cola Export Corporation, era responsable de aplicar la “Blitzkrieg” o “guerra relámpago” como director de desarrollo de mercado. Según declaró en los procesos contra la empresa, fue despedido por oponerse a esa práctica monopólica. Además, denunció que la empresa contrataba a sus empleados a través de otra compañía outsourcing para evitar el reparto de utilidades entre los trabajadores. Alvarado estimó que la empresa habría evadido a través de este mecanismo, repartir 70 millones de dólares entre sus empleados en México.

La “bomba”, la estrategia para generar la narrativa sobre el origen de las epidemias de obesidad y diabetes, desviando la atención del impacto de las bebidas azucaradas en la salud y poniendo la responsabilidad en los individuos, en la necesidad de balancear el consumo de energía con su gasto, fue descrita en documentos internos de Coca Cola. Los documentos internos muestran que la empresa dio recursos y apoyó, de manera oculta, la creación y operación del Global Energy Balance (Balance Energético Global, GEB) porque serviría como una “bomba” para “cambiar la conversación” sobre la obesidad en medio de la “creciente guerra entre la comunidad de la salud pública y la industria privada”.

El GEB, dirigido por un grupo de científicos aliados a Coca Cola, plantean los documentos internos, debe ser visto como un “agente honesto” en esta “guerra”, es decir, una entidad libre de conflicto de interés. El GEB tendría todo el poder de cabildeo de la industria para vincularse a políticos, tomadores de decisión, periodistas, medios de comunicación, es decir, para imponer su palabra.

Esta es una práctica común que se sigue en México por la refresquera, ConMéxico y las mayores agencias de relaciones públicas del país que trabajan al igual para las corporaciones de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, la gran industria del tabaco y la industria del alcohol.

La estrategia del GEB es muy similar también a la que usaron por años la industria petrolera en los Estados Unidos patrocinando un grupo de científicos que negaban el cambio climático, conocido como los “escépticos”, con gran difusión en los medios y vínculos muy fuertes con los políticos, especialmente los republicanos. La estrategia en ambos casos consiste en: desviar la atención sobre las causas identificadas por la evidencia científica, negar los daños que causan sus productos, negar las responsabilidades de sus prácticas y detener las políticas que puedan afectar sus intereses. Las consecuencias de estas estrategias, en salud en el primer caso y en el medio ambiente en el segundo, no importan, lo que importa es el beneficio económico.

En una de las revistas científicas más importantes en medicina, el British Medical Journal, se acaba de publicar un análisis de estos documentos internos de Coca Cola realizado por un grupo de investigadores de Oxford en el Reino Unido, de la organización estadounidense US Right to Know e investigadores de la Universidad de Bocconi en Italia. Los investigadores señalan: “La propuesta de Coca Cola por establecer el GEB confirma las preocupaciones en relación a las corporaciones de alimentos y bebidas sobre sus vínculos con las organizaciones científicas y sus semejanzas con las estrategias de la gran industria tabacalera”.

La salida a la luz en el New York Times del caso del GEB y el dinero que recibió de Coca Cola; la estrategia que también salió a la luz de cómo esta empresa estaba financiando a nutricionistas, coachs en salud y actividad física, para que enviaran mensajes en las redes sociales a través de los cuales, incluso, recomendaban tomar las bebidas de esta empresa como una buena alternativa; y las denuncias de financiamiento a asociaciones de profesionales en salud, llevaron a la empresa a publicar una lista, no completa, de las instituciones, organizaciones, asociaciones y académicos que ha financiado en los últimos años. En todos los casos el patrón ha sido destinar estos recursos para que otros actores que pueden parecer independientes y que tienen cierta autoridad, se expresen públicamente en contra de las políticas que pueden afectar sus intereses, sus ganancias.

El caso más reciente es el que denunciamos la semana pasada cuando dimos a conocer que en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los Estados Unidos está proponiendo, en acuerdo con los negociadores mexicanos, un acuerdo sobre el etiquetado de alimentos y bebidas. Este acuerdo pretende establecer la prohibición, a los países firmantes del TLCAN, de instituir etiquetados frontales que adviertan al consumidor si el producto es alto en azúcares, sodio, grasas, calorías.

Se intenta prohibir que las naciones establezcan un etiquetado frontal de advertencia tal como lo recomienda el mayor órgano de salud de la región, la Organización Panamericana de la Salud, para combatir la epidemia de obesidad y diabetes. Un etiquetado que ya se ha establecido en Chile y se propone en Canadá, Brasil, Uruguay y México.

En la pasada entrega a Sinembargo, expusimos la dimensión que tiene esta propuesta en su daño a las políticas de salud pública para combatir las epidemias de sobrepeso y obesidad. Una propuesta que mantendría a los consumidores de una de las regiones del mundo con mayor incidencia de sobrepeso y obesidad en la ignorancia de cuánta azúcar agregada, cuánta sal y cuantas grasas saturadas tienen los productos ultraprocesados que consumimos. El propósito es mantenernos con etiquetados que nos sigan engañando y que no sean entendibles por la mayor parte de los consumidores.

¿Cuánta presión y recursos pueden moverse para mantener el etiquetado en México que diseñaron las propias empresas para que no se entendiera y recomendara el consumo de altísimas cantidades de azúcares añadidos? ¿cuánto para que se establezca la prohibición de un etiquetado frontal de advertencia en el TLCAN?

En su reporte A red light for consumer information, el Corporate Europe Observatory, organización dedicada a vigilar y exponer el poder de los cabildeos en la Unión Europea, describe la estrategia que siguió la industria de alimentos y bebidas en el Parlamento Europeo para bloquear el etiquetado del semáforo en Europa e imponer el llamado GDA. El Observatorio mostró que la industria invirtió mil millones de euros para imponer su etiquetado que, al igual que en México, no es entendible por los consumidores y que establece un consumo de 18 por ciento de las calorías por azúcares añadidos, es decir, 18 cucharadas de azúcar al día. Varios parlamentarios europeos señalaron que este era el mayor cabildeo que habían vivido

En este asunto todo va enlazado: el espionaje en México que denunciamos hace más de un año y que sufrimos tres de los promotores de las políticas preventivas de la obesidad; el diseño de las regulaciones del etiquetado frontal y de la publicidad dirigida a niños en México y que se entregó a la industria para quedar en pura simulación y un riesgo a la salud; la prohibición que se quiere imponer a los etiquetados frontales de advertencia en la renegociación del TLCAN; la existencia de un Observatorio Nacional de Enfermedades No Transmisibles en México destinado a evaluar la política contra la obesidad y que está dominado por las propias corporaciones de alimentos y bebidas; es como dicen los documentos internos de Coca Cola: una guerra creciente de la industria contra la comunidad de salud pública, una guerra de la industria contra la salud de la población.

¿Y dónde está el Estado garante del derecho a la salud y los derechos de la infancia? ¿Dónde la protección al derecho a la información?