A dos semanas de finalizar el periodo
ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, organizaciones de la sociedad
civil urgieron a que las iniciativas de leyes generales de Biodiversidad y de
Desarrollo Forestal Sustentable sean sometidas a consulta. Además, la Alianza
contra el Fracking se pronunció en contra del proyecto de reforma a la Ley de
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA).
Las tres legislaciones tienen puntos
en común: son dañinas para el medio ambiente y son impulsadas por el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), a decir de especialistas y organizaciones que acusan que el instituto político de “verde”
sólo tiene el nombre, pues busca únicamente favorecer intereses particulares,
mientras da la espalda al cuidado de los recursos naturales.
Las iniciativas de Ley de
Biodiversidad y Forestal han sido criticadas reiteradamente por la academia y
por la sociedad al considerarlas violatorias de derechos humanos de comunidades
indígenas y dañinas para el medio ambiente en México.
Y la reforma
a la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio
Ambiente (ASEA), según alertó la Alianza Mexicana contra el Fracking, permitirá asegurar que personas cercanas a
los intereses de los partidos promoventes –Verde Ecologista de México (PVEM),
Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN)– puedan ocupar
puestos clave durante el siguiente sexenio.
Por otro
lado, si bien la minuta de la Ley Forestal atendió al llamado de la sociedad
civil en el sentido de continuar que los ecosistemas continúen bajo al cuidado
y aprovechamiento de las comunidades rurales, omitió incluir temas de fortalecimiento del mercado de la madera y
productos forestales con un cambio en el enfoque de abordar la ilegalidad.
La reforma a
la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio
Ambiente (ASEA) incorpora el artículo 27 Bis, le da la facultad al presidente de la República de designar a los cinco
vocales que conformarán el Órgano de Gobierno de la Agencia, con lo que,
alertan, se le da poder al Gobierno en turno desde las más altas esferas, para
evitar vigilancia a las empresas y se les siga permitiendo contaminar el país.
Pues, los cargos tienen una duración de 7 años, así que Peña Nieto estaría
decidiendo quienes estarían al frente durante la siguiente administración.
Claudia
Campero, integrante de la Alianza contra el Fracking, afirmó que el hecho de que las tres iniciativas hayan
sido impulsadas por el PVEM, “reafirma” que la fracción parlamentaria “está muy
lejos de buscar proteger una visión sustentable del manejo de los recursos
naturales”.
Y dijo que “el Partido Verde ha sido una de las cosas
más dañinas que hemos tenido en México. Ha sido un verdadero atentado contra el
ambiente de este país. Es un partido que, al impulsar leyes, en realidad está
tratando de acelerar beneficios empresariales de sus cuates”.
“De verde
sólo tiene el nombre”, ironizó. Desde
hace años el PVEM fue excluido de las reuniones de la red mundial Global Verde,
constituida por 79 partidos ecologistas.
Por su
parte, el doctor Octavio Klimek Alcaraz, analista ambiental, condenó que “una causa noble como es el cuidado del
medio ambiente y la protección de la biodiversidad en México ha sido usada por
un grupo político que no tiene nada que ver con la conservación de la
biodiversidad y el cuidado del medio ambiente”.
Y afirmó que
“muchos de sus legisladores tienen
orígenes con representantes de intereses de grupos de interés económico. Ese
partido representa intereses de actores económicos y eso se observa en el tipo
de iniciativas que presentan”.
Un ejemplo claro es la Senadora Ninfa
Salinas Sada, quien impulsa la Ley de Biodiversidad y es hija de Ricardo
Salinas Pliego,
presidente de Grupo Salinas. Ella junto
a sus hermanos Hugo y Benjamín fueron –desde abril de 2017– son vicepresidentes
del conglomerado que tiene participa en proyectos de generación de energía a
través de Grupo Dragón, del cual es presidenta y socia fundadora.
Gustavo Sánchez Valle, presidente
del consejo directivo de la Red Mocaf, coincidió con Campero y Klimek en que el
Partido Verde se ha caracterizado por impulsar leyes que obedecen a intereses
privados y que resultan en violaciones a los derechos humanos, por lo que
consideró importante que se realice una revisión desde las entrañas de la
fracción parlamentaria.
“Me parece que tiene que haber una
profunda revisión al interior de ese partido y de las prácticas parlamentarias
que están impulsando […]. Nos preocupa lo que están promoviendo en el poder
legislativo: leyes que no son sometidas a consulta, que son violatorias de
derechos humanos y que parecieran obedecer a intereses de algunos grupos y no a
la representación de la ciudadanía, como debería de ser”.
LEY FORESTAL.
Formalmente,
el ordenamiento “regulará y fomentará el
manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación,
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos”.
El proyecto abroga la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 25 de febrero de 2003. La Diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, del PVEM,
presentó la iniciativa el 20 de septiembre de 2016.
Hace un año,
con modificaciones mínimas, la propuesta fue aprobada por los diputados y
turnada para su revisión a la Cámara de Senadores, donde fue turnada a las
comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat), de Estudios Legislativos
Primera y a la de Desarrollo Rural.
En septiembre pasado, mientras la
población capitalina apoyaba a los damnificados por el terremoto ocurrido el
día 19, la Comarnat aprobó un dictamen que aunque incluyó algunas propuestas de
las organizaciones civiles, mantenía retrocesos importantes.
El martes pasado, el Senado de la
República aprobó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable a la que le
fueron aplicados cambios que atienden algunas de las demandas de las
organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades forestales. Aunque, la
consulta a los pueblos fue un asunto que quedó en el aire.
Legisladores de los partidos del
Trabajo (PT), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la Revolución
Democrática (PRD) e independientes criticaron la ausencia de una consulta
amplia con los sectores involucrados, principalmente los dueños originarios de
los bosques.
Los
senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Angélica de la Peña se pronunciaron en
contra de la figura de “transmisión de autorizaciones” del Artículo porque
podría abrir la puerta a que terceros exploten los recursos forestales.
“La falta de la consulta a las
comunidades demuestra que las instituciones mexicanas se encuentran aún muy
rezagadas con respecto al reconocimiento de los derechos de sus poblaciones. Se
requiere una revisión transversal del proceso legislativo, las normas,
políticas públicas y actos de autoridades mexicanas para que se reconozca el
derecho de las comunidades a decidir sobre sus propios territorios”, criticó el Consejo Civil Mexicano
para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Hace año y medio que la fracción
parlamentaria del PVEM presentó la iniciativa de Ley, desde entonces diversas
organizaciones de la sociedad civil habían insistido en que el proyecto permite
el saqueo y la privatización de recursos naturales, además, de que arrebataba
el cuidado y conservación de los ecosistemas de las manos de las comunidades.
Si bien la
minuta de la Ley Forestal atendió al llamado de la sociedad civil en el sentido
de continuar que los ecosistemas continúen bajo al cuidado y aprovechamiento de
las comunidades rurales, omitió incluir
temas de fortalecimiento del mercado de la madera y productos forestales con un
cambio en el enfoque de abordar la ilegalidad.
Ahora está
de nuevo, ya con modificaciones, en la Cámara de Diputados.
LA REFORMA A
LA LEY DE ASEA.
La Reforma
Energética incluyó la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos (ASEA), que formalmente debe de garantizar la
seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre
jurídica, procedimental y de costos en el sector hidrocarburos.
“Nuestra visión es ser la agencia que
lleve al sector hidrocarburos de México a ser el más limpio y seguro del
mundo”, destaca en
su sitio web.
Campero, de
la Alianza contra el Fracking, recordó
que tradicionalmente, México ha extraído gas y petróleo a lo largo de muchos
años y los temas ambientales antes de la Reforma Energética iban a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con dicha
reforma “decidieron quitarle esa
competencia a la Semarnat y crear la ASEA, con ello, se crearon nuevos
problemas porque define las reglamentaciones ambientales, da permisos, además
de vigilar y sancionar”.
La reforma a
la ASEA incorpora el artículo 27 Bis, le
da la facultad al presidente de la República de designar a los cinco vocales
que conformarán el Órgano de Gobierno de la Agencia, con lo que, alertan los
grupos opositores, se le da poder al Gobierno en turno desde las más altas esferas,
para evitar vigilancia a las empresas y se les siga permitiendo contaminar el
país. Pues, los cargos tienen una duración de 7 años, así que Peña Nieto
estaría decidiendo quienes estarían al frente durante la siguiente
administración.
“Esto se hace bajo un argumento falso
de autonomía, pero no hay autonomía cuando se está designando desde el presidente
y no se está garantizando que no exista conflicto de interés”, recriminó Campero.
Por si fuera
poco, la reforma a la Ley de la Agencia
–promovida por el PVEM con el apoyo del PRI y del PAN– plantea otros puntos que ponen en alerta a
las organizaciones:
Uno es que los requisitos para poder
ser elegidos para el cargo de vocales resultan insuficientes para evitar que
intereses empresariales pasen a integrar este Órgano de Gobierno.
“Las empresas de hidrocarburos tienen
mucho poder político y económico. Una iniciativa como esta reforma reforzaría
ese poder político. Si la siguiente administración quisiera tener una
perspectiva de mayor atención y vigilancia al tema de la contaminación que
generan los hidrocarburos se vería obstaculizada por esta modificación”, advirtió la también consultora en
Food Water Watch.
Explicó también
que “esos conflictos de interés pueden
definir la política ambiental de manejo de hidrocarburos que traerá
consecuencias que de por sí hemos visto. Los lineamientos como están ahora
permiten mucho a las empresas”.
Y otro, que los cambios a esta Agencia se dan a tan
solo quince días de que se finalice el periodo ordinario de sesiones del
Congreso y sin una consulta amplia y representativa de la misma.
“Esta reforma se acepta darle poder
al Gobierno en turno para que no se vigile a las empresas y se les siga
permitiendo contaminar este país”, insitió.
LEY DE
BIODIVERSIDA, EN PAUSA.
Por otro
lado, la Ley General de Biodiversidad, promovida por la Senadora Ninfa Salinas
ha sido criticada también por organizaciones civiles, académicos y partidos
políticos de oposición.
La Ley
General de Biodiversidad (LGB) es
señalada de suponer un riesgo para las áreas naturales protegidas (ANP), toda
vez que el artículo transitorio tercero del proyecto de dicha Ley deroga el
Titulo II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), el cual regula el tema de esas zonas, con lo que deja en la
ambigüedad lo que sucedería con el Reglamento de la LGEEPA en materia.
Además, la
LGB omite la prohibición de la
importación de marfil y del aprovechamiento extractivo de tortugas marinas.
La Ley de
Biodiversidad, en palabras de David Ruiz, maestro en Ciencias Bioquímicas y
miembro de la Red Nacional Indígena (RNI), valida
la extracción de los recursos naturales, la desposesión del conocimiento para
que terceros se acrediten la propiedad, es decir, la LGB contribuye con la
biopiratería y las industrias que podrían verse beneficiadas son la cosmética,
la farmacéutica, la minera, entre otras.
El 22 de
marzo pasado, sin quórum, los legisladores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y PVEM que pertenecen a la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales discutieron el dictamen, no obstante, la iniciativa se
encuentra detenida, situación que fue aplaudida por las organizaciones.
Sanchez
Valle “Lo que vemos en común [entre las
leyes Forestal y de Biodiversidad] es un proceso muy opaco de discusión y
aprobación, muy poco incluyente y por supuesto, discriminatorio de pueblos y
comunidades indígenas y campesinas. Esto retrata de cuerpo entero la crisis que
se vive en el poder legislativo y el agotamiento de este modelo de democracia
representativa que debe evolucionar de manera urgente a una democracia
participativa”, agregó.
Ambas leyes, buscan favorecer
intereses de empresarios y políticos, mientras se le da la espalda al bienestar
de los mexicanos.
“Puede haber intereses políticos de
demostrar que algún partido es el salvador de la naturaleza, sin que
necesariamente sea así. Las leyes podrían estar obedeciendo a intereses
comerciales que buscan la apertura de los territorios indígenas y comunitarios
campesinos para actividades de aprovechamiento comercial de los recursos
naturales, sin tener criterios de sustentabilidad y de respeto a los derechos
de la gente que habita en esos territorios”, criticó.
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