La Fiscalía General del Estado (FGE)
de Veracruz solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) activar la
alerta migratoria y ficha roja para la búsqueda, detención y extradición de
Carol Jessica Moreno Torres, exoficial Mayor de la Secretaría de Educación de
Veracruz en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa, y quien es cuñada
del candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Según la
Fiscalía, la esposa de Arturo López
Obrador, quien podría estar refugiada en Texas, Estados Unidos, trabajó en la
recta final del gobierno de Duarte de Ochoa al lado de los exfuncionarios de la
SEV, Adolfo Mota Hernández y Vicente Benítez, funcionarios señalados por la
Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Sin embargo,
éstos tienen fuero constitucional por
ser legisladores y por presuntamente haber pactado impunidad con el gobierno de
Miguel Ángel Yunes Linares.
El titular
de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, señaló
que la exfuncionaria Jessica Moreno realizó un daño patrimonial superior a los
96 millones de pesos, pero –reparó Winckler- podría ser mayor.
“Y que pudiera aumentar a 250 millones de
pesos tras los resultados de investigaciones en proceso”, dijo.
Winckler apremió a la PGR que active la alerta roja,
para que Moreno se vea imposibilitada en salir del país y así lograr su captura
tras la ejecución del mandamiento judicial.
Se presume
que Carol Jessica Moreno Torres, cuando
fungió como Oficial Mayor, utilizó el recurso público para operar la campaña a
favor de Morena, luego de su relación marital con Arturo López Obrador, hermano
del candidato presidencial López Obrador.
En su
momento, Andrés Manuel López se deslindó
públicamente de cualquier relación con su hermano, incluso admitió que éste
había sido cooptado por “la mafia del poder”.
“En mayo se inició la carpeta de
investigación realizada desde la denuncia del contralor del estado de Veracruz,
por presumibles hechos cometidos cuando ella fue oficial mayor de la Secretaría
de Educación en el periodo de febrero a julio del 2016”.
Winckler insistió que Jessica Moreno Torres liquidó
la compra-venta para la adquisición de bienes, inmobiliario y equipo de
administración, con personas físicas que no estaban dadas de alta como
proveedores del gobierno de Veracruz.
Además, precisó que existen contratos de una
empresa a la cual prestaba el servicio de limpieza a oficinas dependientes de
la Secretaría de Veracruz, sin embargo, “no existe rubro o concepto que pueda
dar este tipo de servicio y no hay evidencia documental que haya ocurrido”.
“De las cuales se realizaron
transferencias bancarias y retiros, sin que se encuentre con ninguna
documentación que soporte estos movimientos”, señaló.
En la
carpeta de investigación en curso, también
se investiga la utilización de empresas fantasmas para disponer del recurso
público a través de transferencias y retiros, sin que haya soporte documental,
apuntó el fiscal Jorge Winckler.
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