En su naturaleza autoritaria, el PRI
desoye todo aquello que pretenda una auténtica democratización de México. Se
resiste a enterrar en definitiva al ya inoperante presidencialismo que le
permitió el control del poder durante el siglo pasado.
Aun cuando
las encuestas lo proyectan en un lejano tercer lugar en las elecciones
presidenciales del 1 de julio, ese PRI
antidemocrático pretende mantener los engranajes autoritarios que subsisten en
el país.
Uno de ellos
es la publicidad oficial, el mecanismo
con el que sus gobiernos han controlado a la prensa a través del uso
discrecional del gasto en esa materia; una partida que no ha dejado de crecer
desde que el PAN gobernó entre 2000 y 2012, hasta los 40 mil millones de pesos
erogados hasta ahora por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre el
presidente José López Portillo, quien gobernó entre 1970 y 1976, y el
vicepresidente de facto, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray,
no hay ninguna diferencia en el uso patrimonialista de los recursos de la
publicidad oficial.
Del “no pago para que me peguen” de
López Portillo a las decisiones caprichosas de Videgaray en su anterior
despacho de la Secretaría de Hacienda, para repartir los contratos
publicitarios, hay sólo la distancia del tiempo.
Tampoco hubo diferencia entre los
gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y el de Felipe Calderón, quienes también
en su vena antidemocrática manejaron la publicidad oficial a su antojo. El
principio ha sido el mismo: castigar o premiar, según se porten los dueños de
los medios.
Un grupo de
organizaciones sociales y periodistas, aglutinado en el colectivo
#MediosLibres, se ha embarcado en
quitarle al gobierno el control absoluto de esos recursos para que sean
gestionados y supervisados por un ente autónomo.
Es una tarea
cuesta arriba, porque en última instancia lo que está en cuestión es uno de los
ejes del control informativo y, en consecuencia, la formación de una sociedad
auténticamente libre.
Desde su
lógica autoritaria, es entendible que el
PRI se oponga. Aun cuando todo apunta a que va a perder la Presidencia de la
República, seguirá siendo gobierno en un gran número de estados y municipios,
donde también se ejercen recursos de publicidad oficial.
La diputada Mercedes Sebastián
Guillén, como presidenta de la Comisión de Gobernación en la Cámara de
Diputados, está aceitando ese engranaje antidemocrático.
Como lo hizo con la impugnada Ley de
Seguridad Interior, la legisladora tamaulipeca se valió de la mayoría del PRI y
de sus aliados Partido Verde y Partido Nueva Alianza –con el voto del diputado
de Morena Alejandro Ojeda Anguiano–, para imponer un dictamen que busca
legalizar el actual estado de cosas a través de la Ley General de Comunicación
Social.
Sebastián
Guillén procesó de manera ventajosa la
iniciativa presentada hace apenas unas semanas por el PRI y sus aliados,
desestimando propuestas de la oposición y del colectivo #MediosLibres,
encabezado por Fundar y Artículo 19, la organización no gubernamental que
desató esta batalla con el amparo que ganó en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).
La legisladora también desoyó a la
SCJN, que fijó hasta el día 30 como plazo perentorio para que el Congreso
legisle en la materia. La Corte fijó principios internacionales para evitar que
la publicidad oficial tenga un “efecto silenciador”, a través de la asfixia
financiera, de los medios críticos al poder, o que granjee el apoyo de la
prensa temerosa a perder los recursos que le asigne el gobernante en turno.
El PRI, sencillamente, mandó a volar
también a la Corte en esta primera etapa legislativa.
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