Raymundo Riva Palacio.
La militarización de la frontera con México, emprendida desde
el viernes pasado por el presidente Donald Trump, no es distinta a la que
hicieron sus tres antecesores, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Lo
que cambió fue el tono belicoso, altanero y agresivo contra un país entero que
provocó una respuesta de repudio casi unánime, en México y en Estados Unidos.
Pero también, lleva a la reflexión si
los muchos años de trabajo sucio realizado por gobiernos mexicanos para Estados
Unidos en materia de migración y delincuencia organizada, siguiendo los
designios de Washington deben, cuando menos, ponerse a revisión. En todos estos
años, la variable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido la
rectora del alcance de la dependencia mantenida en secreto de los mexicanos.
Como hoy, justamente.
La última estampa de esa fotografía nos la regaló el sábado
The Washington Post, al hacer una nueva revelación de esta colaboración. Desde
2014, con una ayuda de 75 millones de dólares acordada dentro de la Iniciativa
Mérida –que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto había dicho al
iniciar la administración que iba a revisar y modificar–, se instalaron escáneres biométricos en la delegación Iztapalapa de la
Ciudad de México, y en Tapachula para obtener información de centroamericanos
detenidos sin documentos y darle un acceso sin precedente a las cárceles
mexicanas a oficiales estadounidenses para que pudieran identificar a
criminales, pandilleros y terroristas potenciales antes de que llegaran a la
frontera común. Los escáneres son manejados por agentes del Departamento de
Seguridad Interna, y en los últimos 13 meses, añadió el Post, recopilaron
información de 30 mil centroamericanos.
En este campo, la
colaboración tiene casi 30 años de ser intensa y secreta. En el gobierno de Carlos Salinas, por
petición del gobierno de Estados Unidos se incrementaron sustancialmente los
retenes en las carreteras del sur de México para detener a centroamericanos, y
se enviaba toda la información recopilada al entonces llamado Servicio de
Migración y Naturalización de esa nación. De mucho tiempo atrás,
intensificado durante los años de la Guerra Fría, todas las fotografías de los pasajeros que llegaban a los aeropuertos
mexicanos –tomadas en los pasillos antes de cruzar Migración– eran compartidas
con los servicios de inteligencia en la Embajada de Estados Unidos, que a su
vez cotejaban con sus bancos de datos y, si encontraban 'personas de interés',
pedían a las autoridades mexicanas que los siguieran o detuvieran.
Durante mucho tiempo,
Washington presionó a los gobiernos mexicanos para que les permitieran a sus
agentes, particularmente de la DEA, portar armas en territorio mexicano, que
siempre recibió una respuesta negativa hasta el gobierno de Felipe Calderón, con la Procuraduría General de la
República bajo el mando de Eduardo
Medina Mora -funcionario peñista después- le dio un acceso sin precedente a la
DEA. Los agentes antinarcóticos pudieron, primero, estar presentes en los
interrogatorios a personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico, y más adelante
autorizó que realizaran primero los interrogatorios y después el Ministerio
Público Federal, en una violación completa de la ley.
La cooperación llegó a
niveles increíbles.
Por ejemplo, el operativo donde se
abatió a Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, fue realizado por un
comando de marinos que había llegado 15 días antes de entrenamiento en Estados
Unidos, quienes recibieron las instrucciones tácticas en inglés, por parte de
un comandante estadounidense. Las dos capturas de Joaquín El Chapo Guzmán, en
febrero de 2014 y en enero de 2016, fueron realizadas por comandos de la
Marina, pero con la participación directa en la operación de agentes de la CIA
y la Oficina de Alguaciles del Departamento de Justicia en comunicaciones.
Durante los últimos
seis gobiernos del PRI y el PAN, los niveles de cooperación con Estados Unidos
han tenido distintos grados, pero la subordinación a Washington ha tenido un
quid pro quo económico y político, del cual se ha
beneficiado sucesivamente Los Pinos.
Esta racional de costo-beneficio está rota por la virulencia
retórica de Trump, y la respuesta se ha tardado. Jorge G. Castañeda,
exsecretario de Relaciones Exteriores, exigió desde el año pasado un cambio en
la cooperación de México con Estados Unidos, pero pocos lo escucharon.
Pero también lo expuso a través del candidato presidencial
Ricardo Anaya –del cual es hoy coordinador de estrategia–, por cuya boca mandó
el mensaje de condicionar la cooperación en materia migratoria, de seguridad y
combate a las drogas, al cese de las agresiones norteamericanas. Castañeda no
dijo el cómo –lo que es correcto–, pero el qué y el porqué son algo en lo cual
debe pensarse seriamente. El espacio para hacerlo y motivar al presidente a
hacer algo en ese sentido se lo dio el Senado, que ante las amenazas de Trump
le demandó suspender la colaboración con Estados Unidos en materia migratoria y
de lucha contra el crimen organizado.
Peña Nieto tuvo una respuesta positiva, inmediata e inusitada
–por su nivel de descrédito– cuando la semana pasada se plantó ante el jefe de
la Casa Blanca, lo que mostró que, en este tema, la nación lo apoya. La demanda
de un cambio debe atenderse. No tiene que ser pública, pero sí clara y
contundente. Si el TLCAN no va a ser a cualquier precio, tiene que haber
reciprocidad: las agresiones de Trump sí cuestan. Que lo sientan quienes se
verán afectados por ello en Estados Unidos, y que lo amarren. Ya es tiempo de
pasarles a ellos el manejo de su vitriólico presidente.
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