La
corrupción y la impunidad fueron temas centrales en el primer debate
presidencial. Estas son algunas de las frases de los candidatos que el equipo
de Verificado revisó. ¿Serán verdades o mentiras?
Frase
“El
patrimonio de AMLO no refleja tres departamentos que sí están en el Registro
Público de la Propiedad”: José Antonio Meade
Se trata del
departamento 102 en la Calle Heriberto Frías 1519, de la delegación Benito
Juárez, en la Ciudad de México; y de dos departamentos en los números 301 y 302
de la calle Odontología 57, en la delegación Coyoacán, también de la capital
mexicana.
Ninguna de
estas propiedades figura en la declaración patrimonial que López Obrador hizo
pública en abril de 2016.
El primer
caso se trata de un departamento que era propiedad de su esposa, Beatriz
Gutiérrez Müller, quien a su vez se lo vendió a Julio Scherer Ibarra, abogado
de López Obrador y coordinador territorial de Morena en Veracruz, Oaxaca,
Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Así consta
en el documento con número de folio real 9056296 inscrito en el Registro
Público de Comercio.
De acuerdo con este documento,
Beatriz Gutiérrez Müller compró ese departamento en mayo de 2002, cuando aún no
era esposa del candidato de Morena. El primer aviso de venta de Beatriz Gutiérrez
a Julio Scherer se registra en diciembre de 2015, ya como esposa del
tabasqueño. Y en agosto de 2017 la compraventa queda formalmente registrada
ante notario.
Aquí puedes
checar el documento de la compra-venta.
En cuanto a
los departamentos adyacentes 301 y 302 de la calle Odontología 57, se trata de
dos propiedades que reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal en
una nota publicada en abril de 2016, en la que documentó que los inmuebles no
habían sido incluidos en la declaración pública de bienes de López Obrador.
El WSJ corrigió el texto el 7 de
noviembre de 2016 y señaló que López Obrador había transferido los dos
departamentos a uno de sus hijos en 2005, aunque el título de propiedad sigue a
nombre del tabasqueño. En la primera versión del artículo, explica el diario,
se decía que esos departamentos no aparecían en la declaración patrimonial del
candidato.
Tras la
publicación del artículo, en noviembre de 2016 el abogado de López Obrador
presentó copias de los títulos de propiedad en los que se indica que el exjefe
de gobierno transfirió el 50% que le correspondía a su hijo Andrés Manuel en
2005.
Sin embargo, López Obrador aún figura
como propietario de los inmuebles, de acuerdo con las actas con número de folio
real 613504 y 613505, respectivamente, que están disponibles en el Registro
Público de la Propiedad de la Ciudad de México.
Aquí puedes
checar el documento con folio 613505.
César Yáñez,
vocero de Morena, explicó en una entrevista, que López Obrador aún aparece como propietario de los dos inmuebles porque
se encuentran en un juicio testamentario. En 2003, Rocío Beltrán, primera
esposa de López Obrador, murió sin dejar testamento, por lo que la cesión de
derechos de las propiedades a sus hijos está en litigio, señaló Yáñez.
El vocero de López Obrador dio esta
entrevista en septiembre de 2016. Y más de un año y medio después, en abril de
2018, las propiedades aún figuran a nombre del candidato de Morena, según los
documentos que constan en el Registro Público de la Propiedad.
Frase
“Necesitamos
mocharle la mano al que robe en el servicio público, eso no es malo. Países que
han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es
poniendo ejemplos… hay que presentar una iniciativa para que aprueben esta
sanción”: Jaime Rodríguez Calderón
El candidato
independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, propuso “mocharle la mano” a
los funcionarios públicos que roben, como una sanción viable y ejemplar, y
afirmó que, de ser electo, presentaría la iniciativa. Sin embargo, este castigo
está prohibido por la Constitución y es incompatible con tratados
internacionales de los que México forma parte. La frase es ridícula.
La sanción propuesta por el candidato
presidencial contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la cual prohíbe en su artículo 22“las penas de muerte, de mutilación,
de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie,
la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas
inusitadas y trascendentales”.
Al mismo tiempo, actos como la
mutilación están prohibidos por los tratados internacionales en materia de
derechos humanos, mismos que el Estado mexicano está obligado a cumplir; lo que
se reforzó a partir de 2011, con la reforma constitucional en la materia.
La prohibición de utilizar la
mutilación, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes se ha
reconocido desde hace décadas. Esto se encuentra señalado en el artículo 7 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), al que México se sumó en 1981.
En el mismo sentido está la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (ONU), del cual México forma parte desde 1986. Esta convención
obliga a los Estados participantes prohibir “actos que constituyan tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes”.
También, la Organización de los Estados Americanos
(OEA) entiende en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, firmada por el gobierno mexicano en 1987, que la tortura también son
“métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su
capacidad física”.
“Mochar las
manos”, como sugirió el quinto y último
candidato en sumarse a la contienda por la presidencia de México, requeriría no
sólo una reforma legal, sino que implicaría realizar reformas constitucionales,
además de desconocer los tratados internacionales en materia de derechos
humanos de los cuales México es parte.
Frase
“La
corrupción es el principal problema de México”: Andrés Manuel López Obrador
El candidato
de Morena a la presidencia ha insistido que, para los mexicanos, el principal
problema es la corrupción. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que se ha levantado cada dos años
desde 2011, en realidad la inseguridad y la delincuencia que los mexicanos
ubican en primer lugar. Su frase es falsa.
En las encuestas de 2015 y 2017, la
corrupción está en segundo lugar, luego de desplazar al “desempleo”, que estaba
en esa posición en 2011 y 2013.
El objetivo
de la ENCIG es recabar información sobre la percepción de la población respecto
de los trámites y servicios públicos de todo tipo, y reporta resultados cada
dos años.
Frase
“…Hacienda,
el SAT, el propio INE tienen que estar metidos en el combate a la corrupción,
eso no se ha hecho. Y todos los contratos deben ser transparentes, eso se hizo
un mes antes de que yo saliera de la Secretaría de Hacienda”: José Antonio
Meade
Las
contrataciones que realizan las dependencias gubernamentales son públicas y
están a disposición de los ciudadanos desde el 9 de noviembre del 2017, cuando
—en efecto— José Antonio Meade era titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
Pero los contratos abiertos no fueron
iniciativa de él y tampoco se transparentaron todos. Su afirmación es Engañosa.
Su aplicación en distintas
dependencias y entidades gubernamentales fueron producto de un largo proceso
cuya iniciativa no fue propuesta por el ahora candidato. El origen de la iniciativa fue un
esfuerzo global para crear gobiernos abiertos en el 2012 y el gobierno de
Enrique Peña Nieto la retomó como parte de la Estrategia Digital Nacional, la
cual tenía como uno de sus pilares la transparencia a través de Gobierno
Abierto.
La
Estrategia Digital Nacional arrancó el 25 de noviembre del 2013. En marzo del
2017 se firmó una alianza entre el gobierno, la sociedad civil y el sector
privado con el fin de diseñar un Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas,
en la que se discutieron los términos, así como las cantidades máximas y
mínimas para poder denominar un contrato como abierto.
De acuerdo
con Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, la iniciativa de
Contratos Abiertos es de carácter global, inició en el 2012 y en México fue es
impulsada por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el INAI y Transparencia Mexicana.
“En esta administración se subieron
sets de datos de presupuesto y contratos del gobierno central. No es la
totalidad de los contratos del gobierno”, aclaró a Animal Político.
“Se integraron las bases de datos de
transparencia presupuestaria y CompraNet buscando cumplir con el estándar de
datos de Contrataciones Abiertas. No es la totalidad de los contratos del
gobierno federal”,
dijo el director de Transparencia Mexicana.
Esta “cuota”
de datos, están obligados por el gobierno federal:
De acuerdo
con el artículo 14 del PEF2018 “las dependencias y entidades proporcionarán a
la Secretaría, en los términos que ésta determine, la información relacionada
con los contratos que impliquen la erogación de recursos públicos, la cual será
pública, en formato de datos abiertos, a través del Portal de Transparencia
Presupuestaria”.
Es aquí
donde la Secretaría de la Función Pública se coordina con la SHCP para integrar
la información al sistema CompraNet.
Frase
“Metimos a
la cárcel a Rodrigo Medina, pero un juez federal lo sacó”: Jaime Rodríguez
En efecto, Rodrigo Medina fue
internado en el penal de Topo Chico el 26 de enero de 2017. Pero 19 horas
después, el juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo
León ordenó dejar sin efecto la prisión preventiva debido a que se había
incumplido el debido proceso.
El Consejo
de la Judicatura Federal (CJF) informó esta resolución sobre el amparo 39/2017,
que promovió la defensa de Medina.
Luego, el 8
de febrero de este año, el Juez de Control Jaime Garza Castañeda de Nuevo León
volvió a confirmar el auto de vinculación a proceso por el mismo delito contra
del exgobernador Medina.
El exfiscal
anticorrupción, Ernesto Canales, señaló que la resolución aguantaba cualquier
revisión de amparo, esta había tenido 13 amparos, y se confirmaba la posición
inicial de vinculación contra Medina. Sin embargo, el juez Garza Castañeda
volvió a dictar no vinculación sobre el caso, después de que un juez federal
pidió dictar una nueva resolución.
“Es una
instancia más en donde vemos una protección a Rodrigo de parte del Gobierno
federal, en este caso del Juez de amparo. (…) Hay que preguntarse por qué de
esta protección, ¿qué fichas a cambio, con qué pagó Rodrigo Medina o por qué
razón el Gobierno federal lo protege?”, indicó Canales.
Las próximas
audiencias sobre el caso serán el 28 de mayo y el 5 de julio, informó la
fiscalía de Nuevo León.
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