1560000.org.

Javier Risco.

Una de las mayores victorias de la sociedad civil organizada fue la obligatoriedad de que los funcionarios públicos y los candidatos tuvieran que rendir su 3de3: una declaración patrimonial, fiscal y de intereses, que con la transparencia como bandera, nos permitiera a los ciudadanos saber con qué riqueza llega un funcionario al poder, asegurarnos que no existe conflicto de interés en el puesto que desempeña y que su modus vivendi va de acuerdo con el sueldo que obtiene producto del pago de nuestros impuestos.

Sin embargo, como ocurre con frecuencia en un país donde las leyes existen, pero no se ejecutan como deben o tienen huecos que son aprovechados para doblar su espíritu, las declaraciones patrimoniales de los que están en la toma de decisiones no pueden compararse, a veces ni siquiera verificarse y quedan a la ‘buena voluntad’ del que la realiza.

Si usted ha intentado consultar alguna de cualquier funcionario de su interés, se habrá dado cuenta de que aunque están en la plataforma habilitada para ello en Declaranet, el formato PDF en que la soportan y la poca amabilidad de la página no permite al ciudadano contrastar, comparar o dar seguimiento. La transparencia de estas declaraciones, necesarias para generar confianza en nuestros funcionarios, ES UNA SIMULACIÓN MÁS.

Ante el conflicto, un ciudadano decidió hacer válido su derecho al acceso a la información pública y solicitó vía Transparencia las declaraciones de todos los servidores públicos en un formato abierto que le permitiera hacer un cruce de datos. ¿La respuesta? Obvio: la negativa.

La Secretaría de la Función Pública, que está encargada de vigilar que no haya un mal uso de las funciones de un servidor público y que no exista conflictos de interés o enriquecimiento durante su trabajo en el gobierno, argumentó que no tenía una base de datos que estuviera alimentando la página de Declaranet y que por tanto no podría dar esa información, ya que generarla en formatos abiertos le costaría a México un millón 560 mil pesos. Demasiado alto para el simple capricho de un ciudadano que decidió no quedarse con la información proporcionada tan de buena fe por los funcionarios. Debieron pensar en la secretaría hoy tutelada por Arely Gómez.

“En los alegatos para negar la información, la Función Pública aseguró que la unidad administrativa encargada del desarrollo de Declaranet estimaba que el tiempo requerido para hacer una base de datos era de 221 días naturales, ‘lo cual traería un costo aproximado de un millón 560 mil pesos, considerando el número de personas que intervendrán en el proyecto’.

“Además, dicha cotización sólo incluía el proceso de transformación de la información y del desarrollo de la funcionalidad, pero no ‘los costos de operación y de infraestructura requerida para el alojamiento de la nueva base de datos y de la aplicación que se desarrolle, así como la actualización diaria de la información’”, explicaba la nota publicada por Animal Político en septiembre pasado. El dinero y la falta de personal como pretexto para no contribuir con la transparencia.

Hoy, como una cachetada con guante blanco ante la ineficiencia de una secretaría que ha estado casi de adorno, la organización civil Data Cívica, encabezada por José Merino y con el apoyo de Periodismo CIDE, darán a conocer la plataforma 1560000.org en la que, durante cuatro meses, dos programadores, un analista de datos y un diseñador lograron desenterrar 2.5 millones de declaraciones patrimoniales de 330 mil funcionarios que laboran en dos mil dependencias públicas. El trabajo de cuatro personas que mostraron de nuevo que lo único que se requiere para la transparencia es voluntad.

“Al analizar de manera conjunta todas las declaraciones de todos los funcionarios en un año determinado, ciertos patrones resultan evidentes. En primer lugar, los datos erróneos son comunes. Declaraciones patrimoniales donde los funcionarios reportan ingresos, por puesto, de cero o de un peso, o, en el caso opuesto, en las que se reportan ingresos mensuales multimillonarios para funcionarios que son jefes de despacho. Es decir, datos erróneos.

“Más alarmante que los errores son, tal vez, las omisiones. En 2017, menos de 20 por ciento de los funcionarios que hizo una declaración patrimonial por inicio del cargo reportó algún ingreso. La gran mayoría de los funcionarios optó por reservar su información patrimonial y declaró no tener ningún conflicto de interés”, reporta Data Cívica como parte de los hallazgos de este ejercicio de transparencia.

Dado que estas declaraciones quedan bajo responsabilidad del declarante, es imposible saber si lo que dicen que tienen es realmente el único patrimonio con el que cuentan, pero poder conocer al menos esos datos es un derecho y el principio para que como ciudadanos responsables comencemos a hacernos preguntas. Afortunadamente aún hay organizaciones dispuestas a mostrarle al gobierno que el pretexto de 1.5 millones de pesos no es nada contra el ingenio y el trabajo por tener a disposición de todas las herramientas para exigirles cuentas claras.