Gustavo De la Rosa.
Otra vez una simple declaración en el
calor de la contienda política produjo una respuesta empresarial desmesurada.
Alejandro
Ramírez, dueño de Cinépolis, amplió el
sentido del desplegado del Consejo Mexicano de Negocios contra AMLO en estos
términos: “… las descalificaciones infundadas no ayudan a generar confianza y,
por otro lado, cancelar el aeropuerto. Todo eso genera incertidumbre: el tema
de cómo van a revisar la reforma energética, cómo van a cancelar la reforma
educativa, la amnistía para criminales…”.
Pero Ramírez está tomando partido contra un
candidato a la Presidencia de la República sólo por diferencias de opinión
sobre su proyecto de país; no puede ocultarse en una supuesta imparcialidad
cuando hipócritamente manifiesta que “han sido respetuosos con los
planteamientos de López Obrador, aun cuando no comparten sus ideas y propuestas”.
Por obligación legal él y los suyos
deben ser respetuosos de todos los candidatos; no están facultados para
determinar si cumplen o no la ley.
Los puntos que tienen en desacuerdo
con AMLO son los fundamentales para reconstruir al país o dejarlo así; El
México que ellos quieren es uno donde los poderosos puedan seguir traficando
influencias en la política y en los negocios, y rechazan la separación de estos
sectores; insisten en mantener la construcción del aeropuerto cueste lo que
cueste, pese a todas las evidencias de su disfuncionalidad y saber que será un
perjuicio grave para la Ciudad de México.
No aceptan revisar la reforma
energética pese al fracaso de la misma, ni sienten la rabia de los ciudadanos
al pagar 20 pesos por litro de Premium, sólo les interesa repartirse entre
ellos los recursos energéticos; insisten en mantener la misma estrategia
educativa, imponiéndola a fuerza de fusil e ignorando el rechazo ciudadano y
magisterial que sentencian a México al atraso científico.
Quieren continuar con esta guerra
sangrienta que se ha vivido desde 2008, sin pensar siquiera en la posibilidad
de brindarle una oportunidad a la paz; y finalmente quieren luchar contra la
corrupción sin primero enfrentar el tráfico de influencias, lo que es imposible
pues justamente es allí en donde se origina.
Y aun así el Consejo niega el hecho de que
Anaya les pidió auxilio, aunque el desplegado y las declaraciones de Ramírez le
brindan todo el respaldo a su candidatura, y además las palabras de ambos son
tan similares que no se sabe si Ramírez apoya a Anaya o viceversa.
Por otro
lado, AMLO propone restablecer el Estado
de derecho, lo que significaría terminar con el tráfico de influencias, revisar
el costo y pertinencia de las obras públicas, regresar las fuerzas armadas a sus
cuarteles, reformar para mejor la reforma educativa y acabar con la narco-guerra
fratricida que vive el país.
Pero estas acciones son apenas las
mínimas necesarias para empezar a gobernar con la ley en la mano, y los empresarios anayistas hasta a esto se oponen, ¿cómo se pondrán
entonces cuando se investigue el pacto con Odebrecht, el enriquecimiento
inexplicable de los líderes del PRIAN y el lavado de dinero con obras públicas,
y cuando se les cobren los impuestos que deben?
Ahora es el momento de las grandes
decisiones, ¿aceptamos los riesgos de cambiar al país o mejor la dejamos de ese
tamaño y nos vamos con Anaya, para otros seis años de la misma miseria de
nación que actualmente soportamos?
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