Los expedientes de los militares
Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite,
involucrados en la “Guerra Sucia” en Guerrero, tendrán que darse a conocer,
ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai).
A través de
un comunicado, el Instituto informó que
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene que compartir la versión
pública sobre Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, quienes fueron los primeros
militares de alto rango en ser enjuiciados por su participación en la “Guerra
Sucia”, periodo en el que el Estado mexicano tomó medidas de represión militar
y política contra sectores de la población que consideraba peligrosos, sobre
todo en la zona centro del país, Chihuahua y Guerrero.
“El Informe Especial de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos sobre Quejas en Materia de Desapariciones
Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80, registra 532
casos a nivel nacional, de los cuales 332 corresponden al estado de Guerrero”, detalló el comisionado Joel Salas
Suárez.
“Sin duda, el contexto político
actual es distinto al de la ´Guerra Sucia´. La violencia actual no es parte de
una estrategia sistemática para neutralizar fuerzas políticas que buscan
enfrentar o sustituir al gobierno; sin embargo, las violaciones graves a los
derechos humanos continúan ocurriendo. De acuerdo con la prensa, de 2006 a
2017, la SEDENA recibió 10 mil 917 quejas por violaciones a derechos humanos
cometidas por sus elementos y 125 recomendaciones por parte de la CNDH”, señaló Salas Suárez.
Comprender los casos de violaciones
graves a los derechos humanos durante la “Guerra Sucia” y la responsabilidad de
las autoridades del Estado en ellas, abona a la memoria nacional, ya que los
mexicanos debemos conocer los episodios obscuros de nuestra historia para
verificar que se hagan las reparaciones necesarias a las víctimas y sus
allegados, y exigir que se tomen las medidas necesarias que eviten su
repetición, indicó
el comisionado.
“Esta información nos ayudará a
comprender los crímenes cometidos por agentes del Estado, identificar
responsables y hacer las reparaciones correspondientes. Permitir el acceso a la
información de casos como los que se refiere en el recurso de revisión que
ahora expongo, permitirá a las autoridades involucradas, entre ellas la SEDENA,
demostrar que actúan con total apego a la ley y respeto a los derechos
humanos”, remarcó.
La información pública, continuó,
“permite construir y preservar colectivamente la memoria histórica del país y,
tener acceso a ella, favorece a la población a participar en los espacios
públicos disponibles para discutir la evidencia y, junto con las autoridades
competentes, llegar a la verdad de cada caso”.
Un
particular solicitó a la Sedena la información, sin embargo, la institución
señaló que no era posible proporcionarla, por ser reservada y confidencial, con
base en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia.
La difusión,
indicó la Sedena, “podría comprometer la seguridad nacional y la seguridad
interior del Estado mexicano. Asimismo, señaló que algunos datos personales, el
número y ubicación de las instalaciones militares, y el nombre y la firma del
personal militar, contenidos en los expedientes, fueron considerados como
información reservada”.
El
particular, quien se mostró inconforme con la respuesta, interpuso un recurso
de revisión ante el Inai.
En
diciembre, el Inai instruyó a la Sedena dar a conocer los documentos
relacionados con un mandato que permite a las tropas operar en la noche de
forma masiva.
La orden se
dio en medio de un fuerte escrutinio público a partir de la discusión y
posterior aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que otorga facultades de
seguridad pública a los elementos de la Marina y el Ejército.
En un
comunicado, el Inai precisó que esta
instrucción es con el fin de destacar la información generada por la Sedena con
relación a las funciones de seguridad que se encuentra realizando en diferentes
entidades, especialmente durante la noche y madrugada, pues es cuando se comete
el mayor número de delitos.
“Dado el contexto actual, donde hemos
obligado al Ejército a desarrollar funciones de seguridad pública, la
transparencia y la rendición de cuentas se instituyen como herramientas
fundamentales, que deberían ser apreciadas por la misma institución armada. Ya
que de cumplirse a cabalidad le permitiría legitimarse ante los ciudadanos”, señaló Oscar Guerra Ford,
comisionado del Inai.
Guerra Ford destacó que el análisis oportuno de la
información generada por la Sedena haría posible la evaluación adecuada del
desempeño de la dependencia en las tareas de seguridad interior, “sobre todo en
el contexto legislativo que se desarrolla en estos días en torno a las
regulaciones de dichas funciones en el Congreso de la Unión”.
De acuerdo con el comisionado,
presentar el asunto ante el Pleno, el Inai localizó el informe “Tlatlaya a un
año: la orden fue abatir”, emitido el 11 de junio de 2014 por el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se menciona el oficio
número SIIO 10582.
Oscar Guerra también citó el exhorto
de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores al titular de
Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que, en el ámbito de sus atribuciones,
revisara y propusiera los cambios correspondientes a la normatividad militar,
pues las órdenes contenidas en los documentos solicitados resultan
instrucciones controvertidas que pueden incentivar la violación de derechos
humanos.
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