El gobierno priista de Enrique Peña
Nieto acusó hoy en Ginebra a la Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas (ONU-DH) de “incumplir” con sus obligaciones y ofrecer una
“versión parcial” sobre la investigación del caso Ayotzinapa, pues el organismo
documentó en un informe reciente que por lo menos 34 imputados en la
desaparición forzada de los normalistas fueron víctimas de tortura.
En un
documento de 23 cuartillas que entregó hoy a la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra –el órgano responsable
de la ONU-DH–, el gobierno mexicano negó
los señalamientos del informe, denunció que éste careció de “rigor
metodológico” y “sustento jurídico”.
Con un tono inusualmente ofensivo, el
gobierno de Peña aseveró que la ONU-DH asumió “funciones que sólo corresponden
a un juzgador, lo cual desvirtúa la función que se acordó realizaría en el
país” y deploró que el organismo internacional haya “ignorado” las aclaraciones
de las autoridades en su reporte, publicado el 15 de marzo.
Se destaca
del documento que representantes del
gobierno federal sostuvieron “diversas reuniones de alto nivel” con Jan Jarab,
representante de la ONU-DH, en las que pretendieron frenar la publicación del
informe: indicaron al funcionario internacional que “emitir algún
pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro, dado que los
asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial”.
“Se considera respetuosamente que la ONU-DH
debió haberse allegado de la información inferida en los párrafos anteriores
antes de emitir conclusiones definitivas que fueran públicas”, subrayó.
Dos elementos del reporte provocaron
la molestia del gobierno: la documentación de presuntos
actos de tortura –afirmación que las autoridades niegan–, y el hecho de que la
Procuraduría General de la República (PGR) modificó el informe preliminar del
exvisitador César Alejandro Chávez Flores.
Entre las
conclusiones del informe de Chávez se
destacó, que el 28 de octubre de 2014, Tomás Zerón de Lucio, entonces titular
de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), alteró la escena del crimen y
fabricó pruebas, como lo reveló Proceso en noviembre de 2016.
“La PGR rechaza las aseveraciones
vertidas por la (ONU-DH) y considera relevante aclarar que la filtración de los
documentos de trabajos iniciales, en relación con las notas periodísticas, han
dado pauta para la especulación y siembran duda tanto en la opinión pública
como de los organismos internacionales que observan”, criticó.
E insistió: “Es cuestionable la falta de confianza que
demuestra la (ONU-DH) en las instituciones nacionales, en particular de la
Visitaduría General de la PGR, al mencionar que: ‘Ha tenido conocimiento de
posibles actos de amenaza contra funcionarios de la Visitaduría General de la
PGR que llevaron a cabo la primera investigación interna a la que se ha hecho
referencia’. Tal afirmación, denota un sesgo para justificar sus conclusiones,
situación que se considera ajena a las constancias que actualmente existen en
las investigaciones y en la propia institución”.
“Es importante recordar que, en caso
de que los procedimientos internos no fuesen adecuados, las personas afectadas
cuentan con vías idóneas para hacer valer sus derechos, como los mecanismos
internacionales y regionales para la protección de los derechos humanos”, añadió.
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