Defensores de derechos humanos
denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en
los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto han sido víctimas de
“una campaña de desprestigio” contra organizaciones civiles, en particular de
aquellas que “acompañan a víctimas y sobrevivientes de tortura”.
Y es que,
contra este delito, la Procuraduría
General de la República (PGR) ha integrado más de nueve mil carpetas de
investigación, pero sólo existen 16 sentencias de 2006 a la fecha, dijeron.
Los
activistas denunciaron lo anterior en la
audiencia sobre la Situación de los defensores de víctimas de tortura en
México, llevada a cabo este lunes 7 en Santo Domingo, República Dominicana, en
el marco del 168 Periodo de Sesiones.
La audiencia
fue impulsada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos
(CMDPDH), del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Colectivo contra la
Tortura y la Impunidad (CCTI), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz),
Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas) y la Organización Mundial
contra la Tortura (OMCT).
Ante la
información, la presidenta de la CIDH, Margaret May Macaulay, exintegrante de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), condenó la persistencia de la tortura en México, así como la
estigmatización de los defensores de las víctimas.
La comisionada
recordó la obligación del Estado
mexicano de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, así como
de no exhibir a los detenidos “de haber cometido delitos aun cuando sean muy
graves”, mientras están siendo procesados y están sentenciados, “por protección
a ellos y a sus familias”.
Entre los
solicitantes de la audiencia, Federico Rodríguez, de la CMDPDH, explicó que entre miembros de cuerpos
policiacos y fuerzas armadas la tortura es “una práctica normalizada y común” y
ha sido estimulada por políticas en algunas procuradurías del país, entre ellas
la de la Ciudad de México, que han premiado a elementos que realizan
detenciones, lo que ha derivado en “detenciones arbitrarias y fabricación de
culpables”.
Nancy López,
también de la CMDPDH, y Florencia Reggiardo, de CEJIL, sostuvieron que los ataques contra defensores “se han materializado en
campañas de desprestigio a partir de declaraciones públicas en medios de
comunicación”.
Las
activistas acusaron que “el Estado
mexicano ha estigmatizado y desprestigiado a las víctimas, así como aquellos
que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos y, en particular, de la
dignidad humana y la prohibición de la tortura, tachándoles de ‘defensores de
criminales’, contrariamente a sus obligaciones internacionales de respeto y
cumplimiento de estándares”.
Dos casos.
En la audiencia se presentaron los
casos de Gerardo Garduño Escobar, sobreviviente de tortura, y de Austreberta
Casales Salinas, madre de Verónica Razo, víctima de tortura sexual.
El primero forma parte de un grupo de
25 policías municipales de Tijuana, detenidos arbitrariamente entre el 21 y 27
de marzo de 2009, por instrucciones del entonces secretario de Seguridad
Pública municipal, Julián Leyzaola Pérez, actualmente candidato a diputado
federal por la vía plurinominal.
Garduño y sus compañeros, señalados
por Leyzaola de estar supuestamente involucrados con el crimen organizado,
fueron arraigados y torturados en la base militar del 28 Batallón de Infantería
de la Segunda Zona Militar. En diciembre de 2011, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación validando la tortura y,
posteriormente, los 25 policías fueron absueltos, pero el gobierno mexicano no
ha reparado el daño.
El expolicía
municipal destacó que, pese a que él y
sus compañeros fueron exonerados entre 2010 y 1012, “seguimos siendo
estigmatizados, a nueve años no hemos podido recuperar nuestro proyecto de
vida, sin que haya un costo social para los torturadores ni haya quien
reconozca el daño causado”.
La víctima
sostuvo que, en su búsqueda de justicia,
los expolicías han sufrido represalias. Uno de los 25 fue asesinado, otro está
desaparecido, mientras esperan que la CIDH admita su caso.
La señora
Casales narró el caso de su hija
Verónica, quien fue detenida el 8 de junio de 2011 por elementos de la Policía
Federal vestidos de civil que no se identificaron y se trasladaban en vehículos
particulares. Ellos la torturaron física, psicológica y sexualmente para que
aceptara confesar que formaba parte de una banda de secuestradores.
La señora
Austreberta presenció la detención de
Verónica en la colonia Doctores de la Ciudad de México, por siete hombres que
portaban armas largas, y en ese mismo momento reportó la sustracción de su hija
como un secuestro, ante la falta de identificación de los agentes.
Razo narró que su hija sigue en prisión
preventiva, “mientras continúa la tortura familiar, la deshonra y la
criminalización” en contra, a pesar de que existen pruebas de su inocencia.
Las demandas.
La presidenta de la CIDH pidió a los
representantes del Estado mexicano mostrar cifras del número de personas
torturadas en los últimos tres años, así como el número de funcionarios que son
entrenados para atender las denuncias por tortura.
Durante la
audiencia, los comisionados Esmeralda Arosamena, relatora especial para México;
Francisco José Eguiguren y Flavia Piovesan condenaron
la tortura en México y la criminalización de los defensores y solicitaron al
Estado mexicano datos concretos sobre las sanciones a los responsables, así
como las capacitaciones del personal que aplica el Protocolo de Estambul, para
determinar la tortura física y psicológica.
Los comisionados solicitaron
información real sobre el número de averiguaciones previas sobre casos de tortura
y qué garantías ofrece el Estado mexicano para que las investigaciones se
lleven a cabo con independencia y autonomía.
En la
audiencia, los representantes de las
víctimas y de organizaciones defensoras pidieron la intervención de la CIDH
para conminar al Estado mexicano a reformar la Constitución para crear “una
fiscalía autónoma, independiente y profesional con capacidades suficientes para
investigar los casos de tortura”; conformar
un mecanismo internacional para combatir la impunidad, para “investigar y
presentar acusaciones en contra de personas que participan en políticas que
promueven, facilitan o toleran la tortura”.
También exigieron la abrogación de la Ley de
Seguridad Interior; crear una “comisión de la verdad” que realice un
“diagnóstico sobre la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles
inhumanos o degradantes en el contexto de la política de seguridad vigente”;
que las instancias responsables de la procuración de justicia o cualquier
funcionario cuestionen a los denunciantes de tortura.
Las
organizaciones solicitantes de la audiencia pidieron que el Estado mexicano “reconozca de forma pública y notoria
la existencia del problema de la tortura en México, el daño que ocasiona y la
importancia de proteger los derechos reconocidos a las víctimas de tortura”,
así como que respalde a las organizaciones que acompañan a los sobrevivientes;
que se garantice la reparación del daño a las víctimas de y que la CIDH agilice
las peticiones de medidas cautelares por casos de tortura.
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