La Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió
a los gobiernos federal, así como de Jalisco y Nayarit, garantizar la
restitución de tierras al pueblo wixárika, reconocidas por tribunales,
diligencia suspendida ante actos de violencia de quienes poseen de manera
ilegal los terrenos.
En un
comunicado signado también por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco(CEDHJ), ambos organismos
recordaron que la restitución de tierras ha sido obstaculizada pese a que en
octubre del año pasado se concluyeron dos procesos para la restitución de
tierras en San Sebastián Teponahuaxtlán y Kuruxi Manawe, en la localidad de
Hujimic, en el municipio de Yesca, Nayarit.
Resaltaron
que durante los últimos meses los
intentos de restitución, “han sido impedidos de manera violenta y sin que las
autoridades responsables de la seguridad pública hayan otorgado las garantías
para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, y con ello dar
cauce a la legalidad y al orden social”.
Los
organismos públicos puntualizaron que
“el uso de la violencia para obstaculizar la ley es alarmante, si se considera
que dicha resolución forma parte del derecho de los pueblos originarios y
comunidades indígenas a preservar sus tierras y a hacer efectivas las formas y
modalidades de propiedad y tenencia de la tierra”, estipulado en el
artículo segundo constitucional.
El panorama es aún más tenso, si se
considera que en una reciente asamblea, del 28 y 29 de abril, las comunidades
wixaritari afectadas “hicieron pública su inconformidad y manifestaron como postura
la de impedir el desarrollo del proceso electoral e incluso recurrir a toma de
escuelas si no recibían la atención a sus demandas”.
Las
comisiones de derechos humanos
destacaron que la advertencia de los pueblos originarios responde también a la
amenaza de que sus terrenos sean anexados a Nayarit, sin que se haya consultado
a la población wixárika.
Explicaron que una evidencia del
“abandono que por siglos han vivido” las comunidades wixaritari de Jalisco, es
la intención reciente de anexar tierras ocupadas por población wixárika que
habitan en la comunidad de San Andrés Cohamiata, para hacerlas parte de otra
entidad federativa, de ahí que los habitantes de esa localidad advirtieron “que
si hubiera modificaciones en los límites territoriales en las tierras donde
ellos han vivido ancestralmente, impedirán la realización de las elecciones
estatales y federales de este año”.
Las comunidades indígenas exigieron a
los congresos de Nayarit y Jalisco, “la revisión del proceso de anexión de
tierras para que este sea invalidado por no haberse respetado su derecho a
decidir”, advirtiendo que de lo contrario recurrirán a instancias
internacionales.
Ante este
contexto de tensión social, la CNDH y la CEDHJ exigieron a los gobiernos federal, estatales y municipales involucrados
“a que realicen lo necesario a efecto de que se garantice el acceso a la
justicia del pueblo wixárika en un clima de seguridad y paz social”.
En cuanto al
conflicto de la restitución, ambas
comisiones recomendaron la realización de mesas de diálogo que incluyan “a la
comunidad indígena wixárika, a los grupos de personas que actualmente ocupan
las tierras y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el fin de
abrir un canal de discusión que analice en toda su profundidad e implicaciones
humanas esta controversia”.
De manera
preponderante, los organismos alertaron
sobre “la asignación de recursos suficientes por parte del Estado mexicano a
efecto de lograr los acuerdos que garanticen a las comunidades wixaritari su
derecho a la restitución de sus tierras, derecho que ha sido debidamente
avalado por los tribunales”.
En cuanto a la intención de anexar
territorios de población wixárika a Nayarit, la CNDH y la CDHJ exigieron “el
pleno respeto del derecho a la consulta previa e informada, y en general, a los
derechos específicos de los pueblos indígenas consignados en las leyes
nacionales y en tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro
país”.
Al insistir en que las autoridades de
los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de “garantizar el acceso
a la justicia de la población wixárika”, los organismos de derechos humanos
puntualizaron que este grupo indígena “es un pueblo milenario que ha mantenido
su identidad social y cultural a pesar de las históricas agresiones e
intromisiones en su vida comunitaria”.
Precisaron
que pese a la violencia con que han sido
tratados, estos grupos originarios “se ha distinguido por su actuación y
exigencia de sus derechos en un marco de legalidad, por lo que resulta un acto
básico de justica la debía atención de sus reclamos sustentados en la ley y en
sentencias dictadas por los tribunales”.
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