La construcción de un gasoducto genera violencia en una comunidad yaqui.

Esta vez la violencia en la comunidad yaqui de Loma de Bácum, cuyos habitantes se oponen a la construcción del gasoducto Sonora, empezó con la quema de un trigal y terminó con el asesinato de un joven de 18 años, y el incendio provocado de varios vehículos y casas.

“Un joven, de los cholos de la comunidad, le prendió fuego a un sembradío que está en renta. Las autoridades tradicionales de Loma de Bácum lo detuvieron y lo llevaron ante el ministerio público –cuenta Anabela Carlón, abogada y habitante de este poblado yaqui– pero el afectado no quiso proceder con la denuncia para no tener más problemas. Entonces dejaron ir al muchacho, pero continuaron las agresiones por parte de él y su grupo (cinco familias, que están a favor del gasoducto Sonora al que el resto de la comunidad se opone), nos gritaban insultos y majaderías”.

“En la comunidad no queremos tener gente así –dice Carmen García, otra de las pobladoras yaquis que se opone al gasoducto-, ya les habíamos dicho desde antes que se fueran, y no se iban, pero tampoco se comportaban. Así que, el 30 de abril pasado, fuimos varios a decirles a sus casas que se marcharan. Ni nos dejaron hablar. Nos recibieron a balazos y uno le tocó a mi primo (Víctor Adolfo Molina Vázquez), de 18 años, que murió al otro día en el hospital”.

Mientras en la comunidad, casas y vehículos pertenecientes a las personas que se oponen al gasoducto fueron quemadas por lo que, durante la misma noche de la gresca, varios de sus pobladores huyeron a Lomas de Huamuchil, otro pueblo yaqui.

El secretario de gobierno de Sonora, Miguel Pompa Corella, declaró a medios de comunicación que la disputa entre pobladores de Loma de Bácum no tiene nada que ver con el gasoducto y que en realidad eso tiene que ver con un trasfondo político que se va a investigar.

Un poco de contexto.

El gasoducto Sonora es un megaproyecto de 835 kilómetros ubicado en los estados de Sonora y Sinaloa, para llevar gas natural desde Arizona a los estados del Pacífico mexicano. El primer tramo Sásabe-Guaymas está integrado por un gasoducto de 505 km. El segundo, Guaymas-El Oro, tendrá 330 km. La empresa a cargo es Infraestructura Energética Nova (IEnova), la filial mexicana de la estadounidense Sempra Energy, que ha invertido mil millones de dólares en el proyecto, con el consentimiento de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

El segmento Guaymas-El Oro contempla una longitud de más de 90 kilómetros sobre el territorio de la tribu yaqui y ocupará una franja de 12 metros de terreno sobre los que la empresa tendrá el control durante 30 años. De los ocho pueblos que conforman la tribu, siete dieron ya su consentimiento para que el gasoducto se construya en su territorio.

Loma de Bácum, en cambio, negó el permiso e interpuso un amparo ante un juez federal, en el juzgado séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón, que ordenó la suspensión de la obra, desde abril de 2016, por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, la empresa IEnova, acusan los pobladores, no acató esa resolución judicial y continuó con los trabajos.

Los habitantes de esa comunidad en desacuerdo con el gasoducto dicen que lo rechazan porque no hubo una consulta abierta a toda la tribu para aprobarlo. “No hubo una consulta general, no hubo un consenso. Apartaron a las autoridades de los otros siete pueblos, se los llevaron a hoteles y pollerías y ahí les dieron el dinero. Pero las comunidades en realidad no quieren la obra”, afirma Carmen García.

Raquel Padilla Ramos, investigadora del Instituto Nacional de Antropología, quien se ha dedicado a estudiar la historia y la cultura del pueblo yaqui, avala lo dicho por Carmen. La historiadora comenta a Animal Político que “siete de los ocho pueblos firmaron el consentimiento para el gasoducto, pero eso no significa que las comunidades están a favor del proyecto. En general, la tropa yoemia, es decir las familias yaquis, no están de acuerdo pues no fueron bien informados o de plano no fueron informados”.

La abogada Anabela Carlón afirma que han hablado con gente de base de los otros pueblos y “nos dicen que no están de acuerdo con el gasoducto, pero que no pueden hacer nada porque sus autoridades ya no los toman en cuenta”.

No les hemos pedido nada.

Carmen García asegura que los gobernantes de los otros pueblos aceptaron solo por el dinero que les iban a pagar, un peso con treinta centavos por cada metro cuadrado de tierra, que en total da 7 millones de pesos para cada pueblo, por rentar sus terrenos a IEnova por 30 años.

“No sabemos si los gobernadores de los otros pueblos hicieron un análisis, pero nosotros en Loma de Bácum sí analizamos el contrato que querían que firmáramos, es por 30 años la renta, ¿qué renta es por 30 años? ¿Cómo se puede rentar algo por tanto tiempo? Eso es una venta, y nos querían pagar 1.20 pesos por cada metro cuadrado, pero a nosotros no nos importa el dinero, nuestro territorio es sagrado”.

Carlón completa la explicación de por qué no quieren un gasoducto en sus tierras. “Nos han dicho que nos oponemos al desarrollo, pero ¿al desarrollo de quién? Si ese gas no es para nosotros. No, nosotros no vamos a tener ningún beneficio de eso y no les hemos pedido que traigan nada. Nosotros no somos pobres, tenemos nuestra tierra, y sembramos, cazamos, tenemos nuestras plantas medicinales. De qué nos serviría el dinero sin nuestro territorio, se nos acabaría y pasaríamos a ser parte de los cinturones de miseria de una ciudad”.

Además, las dos yaquis dicen que su comunidad teme a las explosiones que podría provocar el gas. Algo que parece no ser una paranoia. La infraestructura de IEnova ya ha tenido accidentes.

Pese a lo anterior, César Cota Tórtola, capitán del pueblo de Cocorit, ha declarado en medios de comunicación que los habitantes de Loma de Bácum se oponen al gasoducto porque asesores externos, como Rodrigo González Enríquez, doctor en Ciencias de la Tierra y académico del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) los han mal informado. “Ellos son los que generan este problema, cuando es un asunto que compete solo a la tribu yaqui, pero por intereses, gente externa, asesores se inmiscuyen y ocasiona todo esto”.

Lo que ha dejado el proyecto.

Hasta ahora, los yaquis de Loma de Bácum dicen que el gasoducto solo ha llevado tres cosas a su comunidad: la división, la violencia y los muertos. Primero, dicen, toda nuestra comunidad estaba de acuerdo en rechazar el gasoducto, luego un grupo de cinco familias cambió de opinión y se pronunciaron a favor, junto con los otros siete pueblos. “A esas familias las compraron también. Les dieron dinero y camionetas”, denuncia Carmen.

Ante el desacuerdo interno, la violencia se desató. Luego de la orden judicial para suspender la obra por la falta de consenso entre los ocho pueblos yaquis para autorizar el gasoducto, las familias de Loma de Bácum a favor del proyecto intentaron destituir a las autoridades tradicionales y cambiar al gobernador.

El 21 de octubre de 2016, cuando la mayoría de la comunidad se encontraba en asamblea, los disidentes, acompañados de integrantes de los otros pueblos yaquis, principalmente de Lomas de Guamúchil, “llegaron hasta la comunilla (donde se reúnen los Yaquis para sus asambleas) y quisieron imponernos otro gobernador, que estuviera a favor del gasoducto, como en un golpe de estado”, explica Carlón. Los yaquis se agredieron entre sí: volaron piedras, salieron machetes y se oyeron balazos. En la riña resultó un hombre muerto, Cruz Buitimea Piñas, tres heridos y 12 autos incendiados.

“A mi esposo (Fidencio Aldama) lo culparon del homicidio de Cruz, y lo sentenciaron a 15 años. Los mismos testigos de ellos señalaron, basándose en fotos, que mi marido traía una pistola calibre 45 y al muchacho lo mataron con una 22. Mi esposo traía la pistola porque es de la vigilancia, de la guardia, pero él no mató a nadie, lo agarraron a él porque mi mamá (Francisca Vázquez) es la que habla en las asambleas por las mujeres y acusaron a mi marido para que ella y yo nos enfoquemos en su defensa, pero no, aun así vamos a seguir en la lucha por lo del gasoducto”.

Ahora, los pobladores de Loma de Bácum temen otro ataque mayor. Carmen García asegura que amigos de los otros pueblos la han alertado sobre eso. “Me marcaron y me dijeron que César Tórtola, el capitán de Lomas de Huamuchil, anda en las calles buscando cholos (drogadictos) y les ofrece dinero para que vengan con él a atacarnos. Puede suceder otro 21 de octubre”.