Javier Risco.
Hace poco más de un año tuve la oportunidad de platicar con
Patricia Colchero, responsable de la unidad para la defensa de los derechos
humanos de la Secretaría de Gobernación. Hablamos de la situación de esta
oficina en un sexenio en el que ha habido una larga lista de casos de agresión
y violación a los derechos humanos y de la manera en que lidiaban con la
resolución de los mismos. Aunque se hacía un gran esfuerzo, el número de
personas que trabajaban en este lugar y el presupuesto que recibían eran insuficientes
por la cantidad de casos diarios que llegaban. Recuerdo dos momentos de la
conversación:
JR: ¿Cuánta gente se acerca a esta unidad? Porque son los
encargados de ver informes de tortura, desaparición forzada, ejecuciones,
decisiones arbitrarias, agresión a periodistas, etcétera. ¿Cuántas denuncias
llegan con ustedes?
PC: Pues muchas, porque vienen de todos los estados de la
República, porque vienen temas distintos. Es muy amplio el tema. Nuestro papel
es más de coordinación que de entrar a la solución de los problemas.
JR: ¿Están rebasados?
PC: Sí, hay demasiados casos.
Así que la oficina se encargaba de coordinar los casos que
alcanzaban a procesar, fueron seis años en los que estuvimos lejos de abarcar
las denuncias, pero sobre todo estuvimos lejos de la verdad.
Y saco el tema de la verdad porque ayer la Plataforma Contra
la Impunidad y la Corrupción propuso al virtual presidente electo de México,
Andrés Manuel López Obrador, un modelo de comisión de la verdad nacional. En
primer lugar la memoria, recopilar información sobre casos de violaciones de
derechos humanos que han sido cometidos de diciembre de 2006 al 30 de noviembre
de 2018. Aunque podría parecer una tarea titánica, recuperar los expedientes
del olvido debe ser un primer paso necesario, no habrá reparación sino se traen
al presente los casos que se creen perdidos.
Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Notre Dame, lo
expuso de manera contundente ayer en la presentación: “En la justicia
transicional el orden de los factores sí altera el producto. Los casos más
exitosos de justicia transicional en el mundo empiezan con búsqueda de verdad,
la verdad es el punto de partida; sin verdad, la justicia penal es superficial
y la reparación del daño es limitada”. Cuando varios defensores de derechos
humanos y activistas en las últimas semanas decían que no podía empezar de cero
el nuevo gobierno, se refería a esto. Los foros planteados por el equipo de
transición pueden acercar a las víctimas, pero esto ya es un planteamiento que
pasa a la acción, a los hechos, en la búsqueda de justicia.
La propuesta que será
entregada a Andrés Manuel López Obrador sugiere que la comisión esté formada
por diez o doce comisionados, expertos nacionales y con cercanía a las
víctimas, y que sean apoyados por 500 investigadores y personal administrativo.
Los primeros resultados se plantean a los dos años y medio de su conformación.
En temas legales esta comisión de la verdad tendría que ser aprobada por
mayoría legislativa y conformada en un organismo autónomo financiado con
recursos del erario, pero independiente del gobierno. Por último, es
fundamental la observación de organismos internacionales, como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para Derechos Humanos.
Lo dice muy bien Jan Jarab, representante en México del Alto
Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas: esta comisión “es una ventana de oportunidad histórica para que la
justicia transnacional pase de un sueño a una política”.
La defensa de los
derechos humanos en este país no merece una oficina rebasada. Ojalá el nuevo
gobierno abrace esta propuesta y trabajemos en la memoria y la justicia para
recuperar este país.
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