Germán
Larrea Mota Velasco, dueño de la minera Grupo México, felicitó a Andrés Manuel
López Obrador, por su triunfo en los comicios y se comprometió a redoblar
inversiones para contribuir al crecimiento del país.
Germán Larrea es uno de los
empresarios que estuvo enfrentado abiertamente a López Obrador en todo el
proceso electoral. Con cartas enviadas a sus trabajadores, proveedores e
inversionistas, el segundo hombre más rico de México, según la revista Forbes,
pidió no votar por el tabasqueño, a quien llamó “populista” y advirtió que si
ganaba afectaría gravemente a los empleos y a la economía.
Eso decía
Larrea en mayo, hoy el escenario es
distinto. AMLO será el presidente más votado en la historia reciente de México,
24 millones 127 mil 451 ciudadanos, equivalente al 53 por ciento, así lo
decidieron.
Tras ser
declarado virtual ganador de la elección por el Instituto Nacional Electoral
(INE), López Obrador envió un mensaje
conciliador para los grandes empresarios del país, quienes lucharon hasta el
último minuto de la contienda para evitar su triunfo.
Dijo que se mantendrá la autonomía del Banco de
México (Banxico), habrá una política macroeconómica estable en su Gobierno, se
revisarán conforme a la ley los contratos otorgados en la Reforma Energética y
se acabará con la corrupción.
Grupo México celebró ese discurso a
través de un desplegado publicado este miércoles en la prensa nacional:
“Grupo
México y yo personalmente le expresamos nuestra felicitación por su triunfo
democrático en las elecciones del pasado 1° de julio, para Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.
“Coincidimos
y oímos con beneplácito su discurso inaugural como próximo Presidente electo,
en donde nos convoca a todos los mexicanos a la reconciliación y a trabajar en
unidad por el bien de México.
“Recibimos
con entusiasmo sus manifestaciones para el fortalecimiento de la legalidad y
del Estado de Derecho, el respeto a las libertades y derechos consagrados en
nuestra Constitución.
La minera Grupo México, responsable
del derrame de 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre y metales
pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, se comprometió con el nuevo
Presidente a “redoblar esfuerzos e inversiones con un alto sentido de
responsabilidad social que generen importantes empleos calificado”.
También se
sumó al compromiso de AMLO “para desterrar la corrupción y la impunidad que
tanto daño le han hecho a México”.
“Le deseamos
el mejor de los éxitos en su gestión como Presidente de la República Mexicana
en beneficio de un mejor país y de todos los mexicanos”, finalizó el desplegado
firmado por Germán Larrea, el hombre que ha recibido un total de 333
concesiones desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique
Peña Nieto para sus actividades mineras, de ferrocarriles de carga y pasajeros,
y de infraestructura.
Entre esas concesiones están las de
las minas responsables del derrame de químicos en Sonora y el estallido en
Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, que hasta la fecha siguen
afectando a las víctimas.
LAS CONCESIONES
DE LARREA
De acuerdo
con una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo, Grupo México, la compañía de minería, transporte e infraestructura de
Germán Larrea Mota Velasco, ha recibido 333 concesiones de la Secretarías de
Economía (SE), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
hasta el de Enrique Peña Nieto con vigencia incluso hasta 2063.
El 25 de
mayo pasado, la compañía emitió una carta a sus empleados, colaboradores y
accionistas para asegurar que las concesiones mineras, ferroviarias y
carreteras que opera no son producto de corrupción como Andrés Manuel López
Obrador ha señalado.
La empresa
minera expone en la Bolsa Mexicana de Valores, donde cotiza desde el 2000, que
desde 1988 ha participado en licitaciones públicas adquiriendo del Gobierno
federal la Minera de Cobre y Minera Cananea.
Su división de minería la integra la
filial Industrial Minera México, que ha recibido 282 concesiones desde inicios
de 1994, el último año de gestión de Salinas de Gortari, con vigencias hasta
mayo de 2063 en el caso de una otorgada en 2013. Se trata de la que tiene
número de título 242111, con nombre de lote El Moral. Para su vencimiento
faltan 45 años y el empresario Germán Larrea tiene 76 años. También hay otras
que finalizan en 2055 o 2060.
De ese puñado, la Secretaría de
Economía le ha dado 257 concesiones, en su mayoría en los sexenios de Vicente
Fox Quesada (124) y de Felipe Calderón Hinojosa (125), cuando los titulares de
la dependencia eran Fernando Canales Clariond, Sergio García de Alba, Eduardo
Sojo Garza-Aldape, Gerardo Ruiz Mateos y Bruno Francisco Ferrari García de
Alba, respectivamente. Con Peña Nieto y el secretario Ildelfonso Guajardo
Villarreal se le han dado ocho.
La Conagua, por su parte, le ha
otorgado 25 concesiones desde 1994 con vigencia de entre 5 a 50 años a través
de sus delegaciones en Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero y
Zacatecas.
Grupo México
es la compañía de minería más grande en el país y opera en Perú, Estados
Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España.
Su mina estrella es Buenavista del
Cobre en México, la tercera minera de cobre más grande a nivel mundial,
responsable del derrame de 40 mil litros cúbicos de tóxicos sobre los ríos
Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014. Hasta la fecha, habitantes de siete
municipios siguen afectados por el agua contaminada y efectos en la salud.
LA IMPUNIDAD
EN PASTA DE CONCHOS.
En Coahuila, la compañía también es
responsable de la muerte de 65 mineros tras un accidente en febrero de 2006 en
la mina de carbón Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila. Sus familiares
han exigido por 12 años recuperar sus cuerpos. Esa concesión la recibió en 2009
durante el Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.
En abril de
2018, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia
Pasta de Conchos (OFPC) en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en
la violación al derecho a la vida de los mineros fallecidos, la integridad de
quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las
víctimas en la explosión.
Pasaron ocho años para que el
organismo internacional tomara la decisión. La queja fue interpuesta el 19 de
febrero de 2010 por 235 familiares de los 65 mineros sepultados en la mina y la
Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese momento representaba a más de
600 familiares.
Pasta de
Conchos se encuentra en la llamada “zona carbonífera” conformada por los
municipios de Múzquiz, y San Juan Sabinas, los cuales, agrupan las ciudades de
Nueva Rosita, Palaú, La Agüita y La Florida, en Coahuila, al norte de México.
Cinco horas por carretera las apartan de Saltillo, la capital de la entidad, y
135 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras, frontera con Estados Unidos.
El siniestro
dejó 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 63 viudas, [un minero es
soltero y otro viudo, se conocerá pronto].
Han pasado más de cuatro mil días
desde la explosión. La Organización Familia Pasta de Conchos sostiene lo dicho
desde un principio: “la muerte de los 65 mineros es el resultado de la no
contención de los riesgos por parte de la avaricia de la empresa que no quieren
invertir en seguridad y por la negligencia del Estado”.
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