Prospera y el Seguro Popular,
programas clave del gobierno federal para abatir la pobreza, disminuir el
rezago educativo y llevar seguridad social a toda la población, carecen de
indicadores que prueben realmente el impacto positivo de su funcionamiento.
Además, presentan un déficit en cobertura lo que deja a sus posibles
beneficiarias sin recibir apoyo.
Así lo advierten las evaluaciones de
desempeño practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, a estos dos programas
financiados con recursos públicos, pero cuya contribución en el mejoramiento de
las condiciones de bienestar de la población es, en el mejor de los casos,
“dudosa”.
En el caso de Prospera, las
auditorías practicadas detectaron problemas de raíz en sus tres componentes:
alimentario, educativo y de salud.
En cuanto al
componente alimentario la auditoría
destaca que en 2017, se destinaron 37 mil 832 millones de pesos en subsidios
para la alimentación de seis millones y medio de familias en condiciones
vulnerables, con lo que creció la cantidad de familias beneficiadas.
Sin embargo,
dado que el programa no está diseñado
para ser un simple apoyo asistencialista sino proporcionar una alimentación de
calidad que a su vez contribuya al desarrollo de la familia, se requieren
parámetros que permitan revisar si esos objetivos se están alcanzando, lo que
no existe hasta el día de hoy.
“La carencia de información sobre la
mejora de la cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de las familias
que recibieron los apoyos, no posibilita evaluar en qué medida las intervenciones
del programa contribuyeron a mejorar su alimentación”, señala esta auditoría.
El análisis también alertó que únicamente el 0.8 % de
las familias beneficiadas con los subsidios de alimentación recibieron
capacitación para desarrollar actividades productivas, un elemento que clave
para que los beneficiarios no dependan solo del apoyo del gobierno en el corto
plazo.
En el
componente de educación de Prospera, la
ASF registró que se dieron becas a más de 4 millones 680 mil estudiantes de
educación básica, así como a un millón 153 mil alumnos de nivel medio superior;
más del 90 % tuvieron una asistencia regular a clases.
Sin embargo,
los auditores señalaron que no hay
indicadores que permitan evaluar que cada vez menos alumnos deserten y terminen
satisfactoriamente sus estudios, ni tampoco que permitan saber en qué medida
este programa realmente contribuyó en la inscripción de más alumnos en los
planteles.
“Tampoco se dispuso de mecanismos y
de información para dar seguimiento, controlar y evaluar la contribución del
programa en la ampliación de capacidades en educación”, indica el informe de resultados de
la Auditoría.
Respecto al
componente de salud, los auditores
encontraron que el 94 % de las seis millones y medio de familias dadas de alta
en Prospera recibieron cobertura, además de que se mantiene el control
nutricional del 99 % de los menores pertenecientes a las familias beneficiadas.
Además, se impartieron más de un millón 600 mil
talleres para el autocuidado de la salud a la población vulnerable.
Pero al
igual que en los casos anteriores, hallaron
que más allá del apoyo subsidiario no hay indicadores que permitan evaluar si
se están incrementando las capacidades de los servicios de salud ni la
efectividad de los talleres para incrementar la prevención de enfermedades. Son
componentes clave para que las acciones no sean solo asistencialismo ni exista
dependencia del apoyo específico.
Seguro
popular… no para todos.
El programa
del Seguro Popular tiene como finalidad proporcionar servicios de salud y
atención médica (incluidas cirugías y tratamientos) a la población en México
que no es derechohabiente de los seguros que proporcionan el IMSS y el ISSSTE.
En 2012, se calculaba que el universo de personas sin ninguna clase de acceso a
esquemas de salud era del 25 % de la población.
Lo que los auditores encontraron es
que en 2017, el programa falló en beneficiar a la población objetivo e incluso
la cobertura ha disminuido.
De acuerdo
con el informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada en 2013, había 55.6 millones de personas afiliadas
al Seguro Popular, lo que representaba el 85.4 % de la población objetivo. Pero
para 2017 la cifra de beneficiados disminuyó a 53.5 millones de personas, 79.2
% de la población objetivo.
En realidad, no todas las personas en
México tienen seguridad social, objetivo central de este programa que proviene
desde el sexenio de Vicente Fox y que la administración actual ha fallado en
fortalecer.
La ASF subrayó que al menos en 2017 tampoco se
hizo una confronta con los padrones de personas derechohabientes de otras
instituciones que proporcionan seguridad social, lo que genera un riesgo de que
existan personas duplicadas con distintos seguros en perjuicio de quien no
tiene ningún tipo.
Además, no hay indicadores que permitan evaluar una
cobertura amplia a los beneficiados para que no tengan que invertir en gastos
complementarios.
“A 14 años de operación, (el
programa) sigue sin contar con información ni indicadores y metas, para evaluar
el cumplimiento del mandato del Seguro Popular relativo a garantizar el acceso
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud y, con
ello, valorar la atención del problema público”, concluye la ASF.
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