Jenaro
Villamil.
El informe del fiscal general de
Pensilvania, Josh Shapiro, sobre cientos de denuncias de abusos sexuales a más
de un millar de menores de edad a lo largo de casi siete décadas, ha sido otro
golpe brutal para la jerarquía católica:
Trescientos sacerdotes han sido
involucrados, tres obispos de Estados Unidos, en funciones, son señalados como
protectores y presuntos cómplices, y El Vaticano también está implicado, ya que
al menos 45 veces se menciona a la Santa Sede en el informe para indicar que
sabía desde 1963 lo que sucedía.
El nuevo escándalo se suma a una
serie de expedientes tremendos en Chile, México, España y en el seno del mismo
Vaticano, que hablan no de una excepción, sino de un modus operandi, un modelo
de poder vertical, silencioso, encubridor, que está minando no sólo la
credibilidad de la jerarquía, sino el pontificado del Papa Francisco.
La respuesta
del Papa ante el escándalo de Pensilvania se
remite, una vez más, a la conmoción moral y no al compromiso para realizar una
investigación profunda sobre las redes de encubrimiento que dominan éste y
otros casos. El informe del fiscal habla de un “encubrimiento sistemático” de
obispos, pero el Papa Francisco no menciona el delito de encubrimiento y
prefiere rematar con una metáfora bíblica: “El mismo Satanás se disfraza de
Angel de Luz”.
La misiva
del Papa Francisco, dirigida al “Pueblo
de Dios”, reconoce “con dolor y vergüenza” las atrocidades cometidas por los
sacerdotes y asume que “no supimos estar donde teníamos que estar, que no
actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba
causando en tantas vidas”.
“Hemos descuidado y abandonado a los
pequeños”, afirma Francisco, pero a pesar de admitir la demora “en aplicar
estas acciones y sanciones tan necesarias”, en ninguna parte de la misiva se
compromete a llevar ante los tribunales correspondientes a los responsables de
este tsunami de decadencia moral y delitos muy graves.
El Papa insta a todos los miembros de
la Iglesia a “denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de
cualquier persona”, pero ignora el tema del encubrimiento sistemático durante
varias décadas.
¿De qué sirve denunciar si El
Vaticano terminó por proteger a Marcial Maciel, investigado desde la década de
los cincuenta por su largo historial de abusos y delitos en el seno de los
Legionarios de Cristo?
¿Para qué levantar la voz si tras
conocerse la escandalosa situación en la diócesis de Boston, dirigida por el
cardenal Bernard Law, éste fue protegido por el propio Vaticano?
¿Qué sanción ha merecido otro
cardenal acusado de encubrimiento de sacerdotes pederastas como el mexicano
Norberto Rivera?
El informe
del fiscal de Pensilvania, de mil 356 páginas, volvió a abrir las compuertas del infierno de la pederastia, la peor
plaga moral y económica para la Iglesia católica. No es sólo “diabólico”. Es
una de las maquinarias más aceitadas y acendradas en la jerarquía católica: el
uso sistemático del encubrimiento para “salvar” a los curas pedófilos,
abusadores o simplemente depredadores sexuales. Es el secreto que pasa de
generación en generación entre los sacerdotes.
El informe
de Shapiro concluye en uno de sus
párrafos más duros que “los obispos que colaboraron para mantener al padre
Luckac activo en el sacerdocio (cuyo caso conoció la Santa Sede desde 1963) lo
hicieron sabiendo que él suponía un riesgo para la población y fueron, por
tanto, cómplices del abuso que cometió”.
El
presidente de la Conferencia Episcopal norteamericana, Daniel DiNaldo, consideró el pasado jueves 16 que este
informe equivale a “una catástrofe moral”. En su comunicado, DiNardo afirmó que
una de las “raíces” del problema es “el fracaso en el liderazgo episcopal” y
demandó que “el mecanismo para abordar una queja contra un obispo debe estar
libre de injerencias”.
Tan sólo en
Estados Unidos, 55 de los 67 condados de
Pensilvania protegieron a los curas señalados.
El informe
de Josh Shapiro es un catálogo de
múltiples abusos de 301 curas: revisiones a los niños bajo el pretexto de
“detectar cáncer” (al menos 12 niños de 41 posibles víctimas habían pasado por
“la revisión del cáncer”); los abusos sexuales perdonados en “secretos de confesión”;
embarazar a niñas adolescentes (como fue el caso del padre Raymond Lukac);
abusos de un niño desnudo en la rectoría cuando tenía entre 13 y 15 años (caso
de Joe Pease); la sociedad de al menos “cuatro curas depredadores” que tomaban
fotos de niños en pose de Jesucristo crucificado, o regalos de cruces de oro
como señal de que estaban siendo preparados para ser abusados.
“El patrón fue el de abuso, negación
y encubrimiento”, señaló Shapiro. Los casos demuestran “claramente” que hubo
“un abuso corrupto y desmedido”, afirmó el fiscal.
Como en el
escándalo del “MeToo” que cimbró a Hollywood desde hace nueve meses y provocó
la caída de un hombre tan poderoso como el productor Harvey Weinstein, acusado
por al menos 20 mujeres de ser un abusador sexual, en el caso de la Iglesia católica el asunto no se resuelve sólo con
conmociones emocionales si el modelo de poder que alimenta el abuso no cambia
de raíz.
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