Cuatro de cada 10 mexicanos tienen
alguna carencia y a la mitad de la población su ingreso no le alcanza para
adquirir la canasta básica, esto es similar a la situación que se vivía en
1992, hace 25 años,
reveló el estudio “Derechos humanos y Pobreza”, presentado este miércoles por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza.
El documento,
que expone indicadores y presenta propuestas de mejora en las políticas
públicas en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales (DESCA), destacó que
actualmente 62 millones de personas carece de un ingreso suficiente, además, el
44 por ciento de la población presenta al menos una carencia social, esto es 53
millones de personas.
“La pobreza es causa y consecuencia
de violación de derechos humanos. Abatirla requiere de oportunidades que les dé
a las personas mayor libertad. Vamos a poner el estudio en manos de las
autoridades actuales y de las entrantes porque la exigencia debe ser de
cumplimiento, es una deuda que tenemos con 53.4 millones de mexicanas y
mexicanos”, dijo
Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH en la presentación del estudio.
Conforme a
la medición oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), la carencia
social con mayor incidencia refiere a la falta de acceso a la seguridad social,
que en 2016 afectaba al 56 por ciento de la población, esto es más de 68
millones de personas.
La carencia social con menor
incidencia es la carencia por espacios y condiciones de la vivienda, que afecta
al 15 por ciento de la población. La carencia que más se ha reducido es la
falta de acceso a servicios de salud que bajó del 33 por ciento en 2010 al 19
por ciento en 2016.
De acuerdo
con el estudio, el primer problema que
enfrenta para reducir la pobreza es que la gran mayoría de los programas y
acciones considerados en el Inventario de Programas y Acciones Sociales de
Coneval no cumplen con los criterios de consistencia mínima.
Por ejemplo,
de los 232 programas federales, sólo 40
tienen alcance superior al 50 por ciento de su población objetivo y sólo 20
tienen una cobertura superior a 100 mil personas. En el caso de los 2 mil 528
programas de los gobiernos estatales, el 95 por ciento no cumple con la
institucionalidad mínima, mientras que sólo 128 cumplen ese primer criterio
mínimo.
El documento
expone que entre las debilidades de la
política de medición de la pobreza son: identificar el concepto de cohesión
social con el índice Gini que únicamente mide la desigualdad en ingresos; no
incluir como pobres a todas las personas con ingreso inferior a la línea de
bienestar; no incluir como pobres extremos a todas las personas con ingreso
inferior a la línea de bienestar mínimo; aceptar como acceso a seguridad social
a quienes reciben programas sociales de adultos mayores, aunque no estén en
sistemas institucionales de seguridad social completos; facilitar que muchos
esfuerzos de programas públicos se concentren en modificar variables y mejorar
la “medición” en lugar de la transformación de las condiciones y el ejercicio
real de los derechos que dan fundamento a las carencias.
“Para enfrentar a la pobreza y la
desigualdad necesitamos políticas públicas que no se enfoquen en promedios (de
ingreso, alimentación, seguridad social, etc) sino bajo el principio
pro-persona y en pro del cumplimiento de sus derechos”, explicó Rogelio Gómez Hermosillo,
coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El estudio
analizó algunos programas alimentarios y de transferencias monetarias como el
Abasto Rural (DICONSA), Abasto Social de Leche (LICONSA), Comedores
Comunitarios, Pensión de adultos mayores y Prospera.
Las debilidades de estos programas se
resumen en que carecen de fundamento específico en la Ley y ninguno adhiere a
estándares internacionales de derechos ni cuentan con mecanismos de
exigibilidad.
“La Cruzada no cumple con requisitos
mínimos de consistencia institucional o de diseño; los programas de Abasto
Rural, Leche y Comedores Comunitarios no tienen alcance adecuado de su
población objetivo; esos tres programas además presentan serios problemas de
efectividad según sus evaluaciones; el programa Prospera no cuenta con
mecanismos de participación; los programas de transferencias y alimentarios no
han logrado reducir significativamente la incidencia de la pobreza y la
carencia alimentaria”, destacó el documento.
De 2010 a
2016 la población con ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo pasó
de 19.4 por ciento a 17.5 por ciento de la población. La población con carencia
alimentaria pasó del 24.8 a 20.1 por ciento, menos de cinco puntos porcentuales de reducción en seis años.
“Necesitamos políticas públicas que
muevan la realidad de quienes más lo requieren y no solo que cambien
estadísticas, deben garantizar equidad”, señaló Gómez Hermosillo.
El documento reveló también que la pobreza hace 25 años
era similar en proporción a la medición de 2014: 53 por ciento de la población,
y el dato más reciente correspondiente a 2016 sigue siendo poco más de la mitad
de la población: 50.1 por ciento. Con la diferencia de que hoy, por el
crecimiento poblacional son casi 11 millones más de personas que padecen esa
situación.
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