La Procuraduría General de la
República (PGR) se mantiene en el ojo de huracán por segunda semana
consecutiva: primero fue por la liberación de la ex lideresa sindical Elba
Esther Gordillo Morales y hoy por la reclasificación de una de las acusaciones
en contra de Javier Duarte de Ochoa, que podría derivar en su eventual
excarcelación.
Pero son varios los casos de alto
impacto en México, que incluso acapararon la atención mundial, que han puesto
en entredicho la eficacia de la dependencia en el actual sexenio y que ha visto
desfilar a tres titulares: Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González y Raúl
Cervantes Andrade.
Hoy, en un país con niveles
históricos de violencia e impunidad, la Procuraduría General de la República se
encuentra hace casi un año, sin un titular y bajo el mando de un encargado de
despacho: Alberto Elías Beltrán.
Recientemente,
las investigaciones por la desaparición
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, y la masacre de Tlatlaya, en
el Estado de México, ocurridas en 2014, fueron echadas por tierra por jueces
que encontraron diversas irregularidades de la PGR y han ordenado a la
dependencia reabrir los casos.
Además, los escándalos por los sobornos de
Odebrecht y las acusaciones de corrupción del priista César Duarte Jáquez no
han derivado en capturas por parte de la dependencia federal. Esas omisiones
son consideradas por analistas, activistas y políticos de oposición al actual
Gobierno federal como una muestra de la justicia selectiva que impera en un
país invadido por la impunidad, de acuerdo con las conclusiones de diversos
índices nacionales e internacionales.
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