La
organización civil TECHO interpuso un
amparo para que una autoridad judicial obligue al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) a contar el número de asentamientos irregulares
que existen en el país y las características de quienes los habitan.
“Ojalá no tuviéramos que recurrir a
este tipo de medidas para tener esa información, pero el gobierno que va de
salida nunca se interesó por el tema de los asentamientos. Esperamos que el
nuevo gobierno sí lo haga, aunque no ha dicho nada sobre el punto de generar
esa información”,
explica Enrique Cano, director social de TECHO México.
Contar los asentamientos irregulares
es indispensable para el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho
a la vivienda de las personas que se ven obligadas a vivir en ellos, junto con
otros derechos consagrados en la Constitución, considera la organización.
“Las causas estructurales que dan pie
a los asentamientos informales son la baja oferta de suelo asequible y
adecuado, sumado a los niveles de pobreza y desigualdad del país. Sin
información no podemos avanzar en la construcción de un México más justo”, señala Cano.
TECHO, una organización latinoamericana con
presencia en varios países que busca ayudar a superar la situación de pobreza
que viven millones de personas en asentamientos informales, ha denunciado que
en México no hay la información mínima sobre estos asentamientos ni mucho menos
sobre quienes los habitan: no se sabe cuántos asentamientos de ese tipo existen
en el país, cuánta gente habita en ellos, en qué condiciones y si tienen acceso
a los servicios básicos.
De acuerdo
con estimaciones de ONU Hábitat, en América Latina más de 104 millones de
personas viven en asentamientos informales, equivalente al 23.5 % de la
población total. Algunos países del continente han hecho ya un censo, como
Argentina y Honduras, pero México aún no
cuenta con uno.
Por ello la organización presentó un amparo en
contra del Inegi, después de una solicitud de información vía Transparencia en
la que preguntó al instituto cuántos asentamientos informales existen en el
territorio nacional, cuántos hay en cada entidad, cuál es el número de personas
que los habitan, cuántos son mujeres y cuántos se auto-adscriben como
indígenas.
“Fueron 15 preguntas en total, nos
contestaron que no tenían la información”, dice Cano. Si bien el INEGI aclaró
que durante el levantamiento del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Delegaciones 2017 se captaron datos sobre asentamientos irregulares, “para
TECHO resultan ambiguos e incompletos. Además, no son
públicos y no cuentan la totalidad de la población”. Se espera que el próximo
miércoles se publique en el Diario Oficial de la Federación la fecha en la que
se resolverá el recurso o si la revisión de éste se alargará.
De acuerdo
con TECHO, la falta de información es
uno de los principales obstáculos para diseñar políticas públicas y garantizar
que habitantes de asentamientos irregulares cuenten con servicios públicos
básicos.
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