El presidente electo Andrés
Manuel López Obrador deberá investigar el presunto desvío de 246 millones de
pesos en recursos del gobierno de Chihuahua que tres policías del Estado de
México hicieron a través de empresas fantasma, afirmó el gobernador Javier
Corral.
Corral dijo que la
investigación de Mexicanos contra la Corrupción debe avergonzar a la
Procuraduría General de la República (PGR) porque para desistirse de la
acusación en contra del ex secretario general adjunto del PRI nacional,
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, justificó que representantes de las cuatro
empresas por las que desviaron el dinero, aseguraron que sí prestaron el
servicio pagado, aun cuando el SAT las declaró empresas fantasmas.
El gobernador chihuahuense advirtió que las cinco agentes del Ministerio Público federal que
participaron en la audiencia donde el juez Marco Antonio Fuerte Tapia exoneró
al imputado, habrían incurrido en delito de encubrimiento.
Las agentes aseguraron
que la Policía Federal acudió con los representantes de las empresas que
desviaron 246 millones de pesos, y no encontraron elementos para imputar a
Alejandro Gutiérrez en el delito de peculado agravado.
Corral destacó que la
revelación más importante, es la empresa que actúa en todas las
triangulaciones, operada por expolicías o policías de una corporación fundada,
originalmente por Enrique Peña Nieto en el Estado de México, que luego se
convirtió en una empresa privada coadyuvante de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de México y a través de la cual se realizó la “Operación
Zafiro”, implementada para el desvío de recursos públicos de diversas
entidades.
Insistió en que López
Obrador tendrá que proceder para investigar y castigar ese caso, por lo que
Chihuahua contribuirá con lo que sea necesario.
El mandatario estatal hizo
énfasis en que la investigación corroboró las indagatorias de la Fiscalía
General del Estado para demostrar la culpabilidad de Alejandro Gutiérrez y
otros involucrados.
Las cuatro empresas
señaladas por la FGE y ahora también por Mexicanos contra la corrupción, son
Despacho de Profesionistas Futura, Servicios y Asesorías SISAS, SAMEX y SINNAX
SA de CV, a las que el gobierno de Chihuahua transfirió 246 millones de pesos
en abril de 2016.
El presunto
prestanombres de esa red es el policía José Juan Saliano González, quien operó
junto con vecinos y parientes que residen en la delegación Azcapotzalco y en
los municipios de Tultepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
Las dos primeras
empresas fueron creadas el 13 de agosto de 2015 y cinco días después las otras
dos, ante María Cristina Cerrillo Álvarez, titular de la notaría 158 de la
Ciudad de México, ubicada en Coyoacán, indica la investigación.
El 24 de febrero de 2016, a los seis meses de que las empresas habían sido creadas, el Comité de
Adquisiciones del Gobierno de Chihuahua les asignó directamente cuatro
contratos por 246 millones de pesos por cursos de capacitación a papás y
maestros, los cuales nunca se impartieron.
El trabajo periodístico indica
que entre las personas que presuntamente recibieron transferencias estaban
Ernesto Fernández Mora y Maximiliano Benítez Montoya, quienes eran compañeros
de Saliano González en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México
(CUSAEM), según información documental consultada por MCCI.
“Los tres policías
fueron detenidos en octubre de 2016 cuando intentaron robar 3 millones de pesos
en una empresa que custodiaban en Jardines del Pedregal, en la delegación
Coyoacán, de la Ciudad de México, de acuerdo con notas periodísticas.
“Su arresto ocurrió
medio año después de que habían colaborado en el desvío de fondos del Gobierno
de Chihuahua”.
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