El PRI reveló -para tranquilidad de
algunos- que, en acuerdo con Enrique Peña Nieto, el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, nombrará al nuevo fiscal general de la nación, con lo que
se podría dar veredicto final al caso.
Mientras escuchaba desde las curules
el grito de “¡Asesinos!”, el priista Luis Miranda reveló: “el presidente de la
República, en acuerdo con el señor presidente electo, han establecido que él
nombre al fiscal general de la nación. Con la mayoría de
ustedes, pero, sobre todo, con el apoyo de todas las bancadas. Serán ustedes
quienes elijan, será este Congreso quien elija al procurador… Está en manos de
este Congreso, está en las manos del próximo fiscal encontrar la verdad”.
El morenista Víctor Adolfo Mojica
Wences fue el encargado de hacer el pase de lista mientras sus compañeros se
sumaron portando las fotografías de cada uno de los 43 estudiantes de la Normal
Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
“La noche del 26 de septiembre de
2014 quedó registrada en la historia negra de México como la Noche de Iguala.
El asesinato brutal de seis ciudadanos guerrerenses, 25 heridos, de los cuales
muchos de ellos quedaron incapacitados para el resto de su vida, y la
desaparición de 43 estudiantes quedó registrada también en el libro rojo de la
historia sangrienta de nuestro país”, dijo.
Y agregó: “se han observado omisiones, complicidades,
simulaciones, ausencia de interés e incluso desprecio a la vida de sus
gobernados por los responsables de las dependencias involucradas en la
investigación del caso y por el mismo presidente de la República que, con
fastidio, exigió a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos, impropia
de un Jefe de Estado, superar la tragedia”.
Los resultados de la investigación,
acusó, muestran graves sospechas de colusión entre dependencias federales del
Estado mexicano y los presuntos criminales, de manera oficial en la
desaparición de los estudiantes.
El morenista exhortó al presidente
Peña Nieto a reiniciar la investigación.
Luis Miranda Nava, quien ese fatídico
2014 fungía como subsecretario de Gobernación, le tomó la palabra y reveló que
ya había acuerdo entre Peña Nieto y López Obrador.
Así, transfirió la responsabilidad de
encontrar la verdad en torno a la desaparición de los 43 estudiantes, al nuevo
gobierno.
Pero también
hizo sus aportaciones. Recordó que tres
días después de la desaparición acudió a Iguala, “platiqué directamente con los
involucrados y ellos señalaron a la policía municipal de Iguala como los
autores del crimen”.
El priista
hizo puntualizaciones: “el gobernador
del estado, Ángel Aguirre, sabía perfectamente lo que sucedía entre grupos
delincuenciales en la entidad. El 26 de septiembre solo fue el continuismo de
una guerra por plazas y trasiegos de droga.
“Asimismo, como un lugar donde impera
el caciquismo, el presidente municipal de Iguala encabezó con su policía y ésta
disparó a estudiantes. Asimismo, los detuvo. Y es un hecho ineludible e
incontrovertible”.
“Crimen de
Estado”
Ningún otro partido respaldó al PRI
en la hipótesis de que solo fue un pleito por la plaza. Por ejemplo, el PRD
-que en las dos pasadas legislaturas fue un activo en las indagaciones hechas a
través de las comisiones conformadas para llegar a la verdad-, dijo que, al
pasar de los días, “se fue develando una circunstancia aún peor de lo que
augurábamos en un inicio. Lo que creíamos era un delito cometido por la
criminalidad organizada, terminó siendo el quebrantamiento del Estado de
derecho que actuó contra la juventud mexicana”.
La diputada
Lilia Villafuerte Zavala sintetizó: la
vida de nueve muchachos en el sitio del enfrentamiento y 43 más desaparecidos
con la colaboración de agente policiales y la connivencia de las autoridades
municipales, estatales y federales.
Quedan pendientes, añadió, la
participación de la Policía Federal, el Ejército, las policías municipales y
las estatales.
Y demandó la creación de una tercera
comisión especial que dé seguimiento al caso Ayotzinapa.
Siguió la
diputada por Movimiento Ciudadano, Kehlia Abigail Ku Escalante, quien sostuvo: “el crimen de Ayotzinapa sí es un crimen de
Estado porque las instituciones de procuración y justicia han sido incapaces de
esclarecer los hechos, de juzgar a los responsables directos y a las
autoridades cómplices por omisión de tan lamentables hechos”.
También reveló que, mientras un tribunal federal
ordenó al gobierno de Peña Nieto a crear una comisión especial de investigación
o comisión de la verdad, “este gobierno federal ha interpuesto cerca de 200
recursos legales para evitar la creación de dicha comisión”.
Gerardo
Fernández Noroña, diputado por el PT, fue
más sensible al fijar el posicionamiento y puso a todos los legisladores a
ubicarse en un duro papel: “Les pido que se pongan en los zapatos de esos
padres, no creo que aguantáramos más, que te maten un hijo, una hija, debe ser
una prueba durísima, terrible. Que te lo desaparezcan debe ser una tortura
inaguantable, que sea una desaparición forzada”.
Y siguió: “Imaginen a esto padres que, durante cuatro
años, todos los días se levantan con el dolor a cuestas exigiendo saber qué
pasó con sus hijos, exigiendo que los presenten con vida. Imagínense a estos
padres y a esas madres yendo a ver restos, yendo a identificar cadáveres,
tocando puertas, exigiéndole al Ejército, exigiendo al gobierno, escuchando
burlas, escuchando necedades”.
Fue el único legislador que llamó a
la desaparición de los jóvenes por su nombre: “un crimen monstruoso, un crimen
de Estado, un crimen de lesa humanidad”.
María del
Carmen Cabrera Laguna, del PES, manifestó
su incredulidad ante la verdad histórica que el gobierno peñanietista pretendió
imponer: “a pocas horas de cumplirse cuatro años de este atroz acontecimiento,
es inconcebible pensar que ante la magnitud de los hechos no estuvieran
involucrados los mandos de seguridad de los tres órdenes de gobierno en la
complicad con el crimen organizado”.
Luego, exigió: “que se diga quién dio la orden de
disparar a sangre fría a los jóvenes esa noche que se movilizaban
pacíficamente. Que se diga por qué no han regresado. Que se diga por qué no hay
respuestas a las muchas interrogantes, por qué tanto silencio, por qué tanta
injusticia que lacera cada minuto, cada segundo, a los padres de los 43
estudiantes desaparecidos que buscan sin descanso, cada día, cada minuto y cada
segundo a sus hijos”.
A un par de
meses de dejar de ser gobierno, los priistas lo aceptaron. “El caso Iguala no
se ha cerrado. Por el contrario, hay apertura para sumar todo aquello que
aporte en el objetivo central, que es castigar a todas las personas implicadas
por acción o por omisión.
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