Un Tribunal Colegiado
revocó la suspensión definitiva dictada contra la aplicación y entrada en vigor
de la Ley de Seguridad Interior.
En un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal se informó que “el Décimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito… resolvió revocar la
interlocutoria recurrida y negar la suspensión solicitada en contra de la
resolución emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora,
en la que concedió la suspensión definitiva para que, hasta en tanto se
resuelva sobre el fondo del asunto en lo principal, se paralizaran los efectos
y consecuencias de la aplicación y entrada en vigor de la Ley de Seguridad
Interior como actos de un agravio personal”.
De acuerdo a la quejosa, en
dicha ley se transgreden los principios de legalidad y certeza jurídica por lo
cual solicitó la suspensión para impedir su aplicación en términos generales.
El Tribunal Colegiado resolvió
que no procedía otorgarse la medida cautelar solicitada “ya que no se cumplió
con el requisito de no afectación al interés social, que para el caso en
estudio y en función de la naturaleza del acto, estaba representado por la
voluntad general de implementar una normativa en materia de seguridad interior,
la cual debía reglamentar la vigilancia y proteger la intervención de las
fuerzas armadas en coordinación con diferentes dependencias locales y federales
en tareas de seguridad interior, con irrestricto apego a la protección de los
derechos humanos de los ciudadanos así como de los elementos policiales y
militares que intervienen en dichas tareas, por lo que era necesario contar con
una legislación en materia de seguridad interior para poder estar en
condiciones de encarar las amenazas que enfrenta el país y vulneran la calidad
de vida de los ciudadanos”.
Si concedieran la
suspensión “implicaría desconocer de manera directa el objetivo y finalidad de
la norma, siendo el orden público y paz social, por medio de la intervención de
las fuerzas armadas en coordinación con las diferentes dependencias locales y
federales en tareas de seguridad interior, una obligación que busca cumplir con
el Estado y un derecho constitucionalmente establecido por los ciudadanos”, apuntó.
“Por tanto, se concluyó
que no se justificaba la procedencia excepcional del efecto
restaurador-paralizador característico de la suspensión del acto reclamado y
que en forma alguna encontraría consonancia con el interés social en las
disposiciones reclamadas, como lo exigen las disposiciones constitucionales y
legales que prevén la medida excepcional de suspensión del acto reclamado,
considerándose que preservar la materia del amparo es solo un efecto de la
suspensión que debe procurarse cuando procede otorgarla, sin que se excluya el
cumplimiento de los restantes requisitos para la obtención de la medida
precautoria, como en el caso”, finalizó.
Esto, mientras la
Suprema Corte resuelva y se posicione en torno a la ley de seguridad interior.
@CJF_Mx
#NotaInformativa
Tribunal Colegiado revoca suspensión definitiva dictada contra la aplicación y
entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior https://bit.ly/2OPVeDx
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