Suscrita por
14 senadores de las bancadas del PAN, MC y PRD, el senador independiente Emilio
Álvarez Icaza presentó una iniciativa
para abrogar la Ley de Seguridad Interior, publicada el pasado 21 de diciembre
de 2017, por los constantes señalamientos de inconstitucionalidad.
En tribuna,
Álvarez Icaza recordó que, desde la
presentación, en lo general y en lo particular, senadores y activistas del
colectivo #SeguridadSinGuerra resaltaron que esta ley incrementaría las
violaciones a los derechos humanos y la violencia.
La iniciativa precisa que las
consecuencias de la regularización de las fuerzas de seguridad pública, a
través el despliegue de las fuerzas armadas, se refleja en denuncias por
torturas, homicidios y otras violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa de Álvarez Icaza fue
turnada a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.
En tanto, la
senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento
Ciudadano (MC), presentó una iniciativa
para adicionar un segundo párrafo al Artículo 83 de la Constitución federal y
establecer que los expresidentes sólo gozarán de las prestaciones en materia de
seguridad y servicios sociales establecidos en la máxima Carta Magna y en la
ley en la materia.
Informó que a los expresidentes de la
República se les otorgan 205 mil pesos al mes, se les paga el seguro de vida,
el seguro de gastos médicos, el teléfono, la gasolina, el transporte y
asesores.
“En este país, los expresidentes nos
cuestan cerca de 200 millones de pesos al mes”, precisó.
La iniciativa para prohibir las
pensiones a los expresidentes de la República fue turnada a las comisiones
unidas de Puntos Constitucionales, de Salud y Seguridad Social y de Estudios
Legislativos.
Batres
presenta iniciativa para reformar la Ley de Aguas.
El senador y
presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, presentó una iniciativa para prohibir la privatización del servicio del
agua y propuso reformar los artículos 1, 4, 9 y 12 de la Ley de Aguas
Nacionales, así como derogar el Capítulo II de este ordenamiento.
La nueva
iniciativa de ley establece que “toda
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así
como a conducir todo tipo de investigaciones independientes para monitorear la
calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable”.
“Tampoco se otorgarán concesiones o
contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la
infraestructura hidráulica o para prestar los servicios de salud asociados a
ésta”, establece la iniciativa que se turnó a las comisiones dictaminadoras.
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