Por Dulce
Olvera.
“Cuando me soltaron me fui corriendo a mi casa
y le conté a mi abuela lo que estaba pasando. Para esto en el pueblo ya se
empezaba a salir la gente, todos tenían miedo. Dicen que eran como unos
cincuenta hombres con armas sacando a la gente de sus casas, pero yo creo que
eran más”, contó un niño a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Un testimonio de Sinaloa compartió que en
otro caso “el Comisario que se encontraba encargado de la seguridad del pueblo
se salió antes que ellos”.
Luego de que personas o familias
enteras han huido de manera involuntaria de sus hogares, sin sus pertenencias,
en medio de balaceras, cobro de piso, secuestros, reclutamiento, amenazas,
asesinatos e incendio de casas, al menos 53 pueblos y comunidades del norte y
sur del país se han ido quedando solas, las cuales están ubicadas en 36
municipios de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas,
Michoacán, Durango, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el Informe Especial sobre
Desplazamiento Forzado en México (2016) de la CNDH. Con base en testimonios, el
organismo detectó que el desplazamiento ocurre en familias o grupos de más de
100 personas.
La ausencia de cifras detalladas de
poblados abandonados y de desplazamiento interno forzado refleja la falta de
reconocimiento del fenómeno por parte de las autoridades, así como un bajo
índice de denuncia por miedo o desconfianza. Lo único claro es que, sumado a la
experiencia traumática de los conflictos armados, la separación de algunas
comunidades de sus tierras ancestrales y la ruptura de sus tradiciones ocasiona
en las víctimas un sufrimiento emocional, psicológico, espiritual y económico,
determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre
violencia por la actividad criminal diversificada de los grupos de narcotráfico
y la instalación de megaproyectos, los
principales efectos en quienes escapan buscando tranquilidad, de acuerdo con la
CIDH, son la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves
repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de
las condiciones de vida, el incremento de enfermedades y de la mortalidad, la
desarticulación social y la inseguridad alimentaria, de salud y educación.
Una niña de
8 años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera,
plantar drogas y los minerales que hay ahí, contó a la CIDH un testigo del
desplazamiento de 58 familias de la Sierra de Totoloapan, Guerrero.
A la CNDH, le narraron que un padre
de familia de Sinaloa se quedó sin empleo en un lugar donde extorsionaban,
secuestraban y mataban a los propietarios de los ranchos. La familia huyó y se
sienten más seguros allá, “pero viven en una situación precaria, ya que no
gozan de los mínimos servicios de agua, luz, alcantarillado… por lo que toleran
vivir así, en vez de vivir inseguros”.
Como regla
general, las personas desplazadas
enfrentan condiciones precarias de vivienda en los lugares en donde se han
reubicado posterior al desplazamiento, expuso la CNDH.
“LO TUVIMOS
QUE DEJAR TODO DE REPENTE”
En México, tras más de una década de una guerra
contra el narcotráfico iniciada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa
que cuenta con 12 escoltas, al menos 329 mil 917 personas han sido internamente
desplazadas por la violencia de 2006 a la fecha, de acuerdo con registros de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Solo de enero a diciembre del año
2017, basado en reportes de prensa la CMDPDH registró en el país 25 episodios
de desplazamiento interno forzado masivo, que impactó a 20 mil 390 personas de
nueve estados del país (sobre todo en Chiapas, Guerrero y Sinaloa).
“A casi 12 años de haber sido
declarada y puesta en marcha la Guerra contra las Drogas, la problemática del
desplazamiento interno forzado carece de un diagnóstico oficial, lo cual es un
elemento necesario para la construcción de una política pública para la
atención y protección de las víctimas de ese fenómeno en el país”, alerta la
organización civil en su informe “Entre la invisibilidad y el abandono” (2019).
“El desplazamiento interno forzado en
México ha sido abordado aisladamente y sus víctimas acalladas, invisibilizadas
e incluso criminalizadas por las autoridades del Estado mexicano”, acusa.
Un joven de
20 años recordó que cuando un grupo
armado entró a su casa y lo encañonaron, su abuelo de 85 años estaba acostado
en la hamaca, lo rodearon y le apuntaron con pistolas. Su mamá y él huyeron.
“Mi abuelito se quedó, no hubiera
aguantado estar amontonado con tanta gente. Lo dejamos en casa de una tía donde
a él no le gusta mucho, porque donde estaba contento pues era con nosotros,
porque se come sus cuatro tortillas y ya hasta estaba engordando y agarrando
color. Ahora que lo fui a visitar se me puso triste de vuelta. Ya vaciaron mi
casa y envenenaron a los animales… Lo tuvimos que dejar todo, así, nada más, de
repente, la casa, la gente, los animales… y al abuelo”, evocó en testimonio a la CNDH.
En su
Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México (2016), este organismo autónomo alertó que “al dejar desprotegida a la
población en riesgo de desplazamiento forzado interno, las autoridades de
Seguridad Pública están generando impunidad y un aliciente a esos grupos para
continuar afectando a la población”.
Un comisario ejidal de Guerrero
escribió en una carta de agosto de 2013: “Me dirijo a usted Señor Gobernador de
la manera más atenta y respetuosa, para solicitarle a nombre propio y a nombre
de 120 personas que fuimos afectadas en nuestra comunidad, ya que un grupo
armado nos obligó a salir de ella, quemando algunas de nuestras viviendas y
llevándose nuestras pertenencias”.
CASOS DE
CHIHUAHUA Y GUERRERO.
El desplazamiento forzado ocurre de
norte a sur. Isela González Díaz, antropóloga de Alianza Sierra Madre en
Chihuahua, y Abel Barrera Hernández, Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan en Guerrero, han visto cómo el fenómeno se ha agudizado los
últimos años.
De 2009 a
2014, el 6.5 por ciento de mexicanos que
migraron a otro estado por inseguridad pública o violencia representa un
estimado de 185 mil 936 personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Tamaulipas (22.08 por ciento) y Chihuahua (14.27 por ciento) fueron las
entidades donde las personas más declararon haberse cambiado por motivo de
inseguridad pública o violencia en ese periodo de cinco años.
Isela ha acompañado a los pueblos
indígenas del municipio de Guadalupe, al sur de la entidad norteña, que
defienden su territorio y recursos naturales. Pero desde 2011, cinco años
después de iniciada la guerra, comenzó un desplazamiento silencioso a raíz de las
actividades diversificadas de la delincuencia organizada que, además de
traficar drogas, violentaban con el cobro de piso, toques de queda y
secuestros. Años después se sumó otro tipo de desplazamiento: el de indígenas
defendiendo su tierra.
En la comunidad indígena de Colorado
de la Virgen, asentada en un territorio de 40 mil 500 hectáreas, comenzó el
desplazamientos luego de que el crimen los despojaba y asesinaba a los
defensores del territorio. Los sobrevientes debían huir de la sierra Tarahumara
antes de poder realizar sus rituales de despedida a los difuntos, de acuerdo
con la costumbre rarámuri. Sin cerrar el duelo.
“Son personas que llegan en
condiciones emocionales malas. Algunas víctimas siempre con el anhelo de querer
regresar contrastan las actividades que hacían y lo que hoy tienen”, narró Isela.
A la pérdida de su entorno ecológico
y cultural, su ganado o parcelas, se suma la pérdida de seres queridos. “Los
tiene con mucho temor, con síndrome de ansiedad y de tristeza sin cerrar
duelos, entonces deben ser acompañadas. Llegan a Chihuahua (Chihuahua) sin
conocer nada cuando estaban acostumbrados a andar de manera libre en el campo,
asoleando su ganado, a sembrar, a estar en su casa”, compartió. Para la
activista Isela González, cuya organización Alianza Sierra Madre se ha
coordinado con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, lo que falta es que
se reconozca en términos legales a las víctimas de desplazamiento forzado como
eso: como víctimas.
Abel Barrera
Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha detectado el desplazamiento en la
región central de Guerrero en los municipios náhuas de Zitlala y Chilapa por el
conflicto entre Los Ardillos y Los Rojos, así como en la Sierra, donde se
concentra la producción de amapola y con ello la disputa armada por un
territorio abandonado por las autoridades desde hace décadas.
El
antropólogo expuso que las familias han
sido orilladas a aliarse del lado de un grupo del crimen o comprar productos
solo a determinados comerciantes. De lo contrario, hay desapariciones o
asesinatos, sobre todo de hombres por lo que las principales víctimas de
desplazamiento en esa zona son mujeres indígenas, quienes no dominan el español
y son revictimizadas por las autoridades.
La Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía revela que el 54 por ciento de
las personas que se mudaron a otro estado por la inseguridad pública o
violencia entre 2009 y 2014 eran mujeres, los niños de cinco a catorce años
aparecen como un grupo especialmente vulnerable y más de la mitad de las
víctimas de desplazamiento tiene entre preescolar y secundaria como grado
máximo de estudios.
Las familias de Chilapa y Zitlala (y
comunidades aledañas), víctimas de asesinato o desaparición de familiares
huyeron luego de que, dijo Abel, buscaron con la autoridad que se investigara
pero no hubo resultados. En un caso, 60 familias se desplazaron a Copalillo
para pedir auxilio y un espacio dónde reubicarse.
“No les ha quedado otra opción que
salir. La gente no solo ha perdido a un familiar, sino también pierden la
parcela, la casa y vive en la amenaza”, expuso. ” Mientras haya impunidad y los
grupos delincuenciales sigan controlando ciertos territorios, pues el riesgo de
cualquier agresión es latente”.
En la zona de producción y traslado
de amapola hasta Estados Unidos, se disputan los caminos por lo que cercan los
poblados e incendian unidades.
“[La Sierra] es la parte más
escabrosa e inhóspita junto con La Montaña”, enfatizó Abel. “Es un lugar pobre
con una producción de enervantes de alta calidad que está muy cotizado en
dólares. Son los grandes contrastes que vive Guerrero”.
“Esta producción de drogas ha sido a
costa de la vida, la violencia, los asesinatos, las desapariciones y los
desplazamientos”,
lamentó.
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