Por Milton
Martínez.
En tres años y siete meses de
actividades, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de
Corrupción en Sonora ha desembolsado 242.8 millones de pesos, pero sólo ha
logrado ocho sentencias.
En promedio,
cada una de esas sentencias –se
desconoce si son condenatorias o absolutorias– ha costado al gobierno estatal
30.3 millones de pesos, de acuerdo con el informe estadístico de la Fiscalía
Anticorrupción de Sonora (FAS) y los Presupuestos de Egresos estatales de 2016,
2017, 2018 y 2019.
El informe detalla que han recibido 631 denuncias en
46 meses, desde el 29 de septiembre de 2015, cuando esa fiscalía fue creada por
orden de la gobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano.
Según la FAS
–encabezada por el priista Odracir Espinoza Valdez–, hasta ahora han resuelto 249 expedientes, de los cuales se obtuvieron
54 órdenes de aprehensión, 57 consignaciones ante la autoridad judicial en 25
averiguaciones previas, 27 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, 14
personas imputadas en 12 carpetas de investigación y ocho individuos
sentenciados.
El departamento jurídico de la FAS
también muestra un pobre desempeño, ya que, de 464 juicios de amparo
interpuestos, sólo se le han concedido nueve, le han negado 327 y restan 128
por resolver. Además, de las 631 denuncias sólo le han concedido la
autorización para ejecutar nueve cateos.
En las
cuentas alegres, la FAS presume que ha
citado a comparecer a 2 mil 523 personas, ha asegurado 581.1 millones de pesos
entre bienes muebles e inmuebles y ha firmado más de 15 convenios reparatorios.
La cifra más inverosímil es que ha
realizado 25 mil 650 diligencias en mil 308 días de actividades, a un ritmo de
19.6 diarias,
pasando por alto que el personal de la fiscalía descansa sábados y domingos.
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