Por Ezequiel
Flores Contreras.
El gobierno
de Héctor Astudillo Flores, quien se ha
caracterizado por impulsar proyectos de inversión minera y portuaria, se cimbró
ante el anuncio de cancelación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que
hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Astudillo
Flores dijo, durante un acto público,
que espera alternativas para “suplir la posibilidad de generar inversión y
empleo” en la región de la Costa Grande.
En esa
franja de la entidad se contempló, en
2017, una inversión millonaria en la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas,
Michoacán, al municipio de La Unión, Guerrero.
En tanto, el
titular de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal (Sedeco), Álvaro
Burgos Barrera, reprochó la decisión
presidencial argumentando que tres empresas extranjeras supuestamente habrían
comprometido la inversión de 2 mil millones de dólares en la ampliación del
proyecto portuario.
Burgos
Barrera recordó que la administración
federal pasada y el gobierno de Astudillo estimaban que, en 20 años, iban a
llegar inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares, que habrían de
generar 100 mil empleos directos e indirectos en la región de la Costa Grande
de Guerrero.
La semana
pasada, el presidente Andrés Manuel
López Obrador confirmó la desaparición de las ZEE, promovidas en el sexenio
pasado, al afirmar que “solo se hicieron negocios” y “hubo derroche de recursos
públicos”.
La violencia
en la ZEE.
Pese al
discurso de Astudillo, lo que llegó a la
región de la Costa Grande fue una nueva etapa de violencia pues comenzó una
guerra por el control de zonas productoras de metanfetaminas producidas con
precursores químicos procedentes de Asia, así como la riqueza minera de La
Unión y las ganancias que deja el arribo, trasiego y venta de cocaína.
A finales de
enero pasado, Apro informó que el
surgimiento de un nuevo grupo de autodefensas adherido a la UPOEG, en los
municipios La Unión de Isidoro Montes de Oca y Coahuayutla de José María
Izazaga, desató un nuevo conflicto armado en esa región de la Costa Grande y
provocó la desaparición de dos excandidatos a alcaldes, quienes hasta el
momento se desconoce su paradero.
En ese
entonces, los alcaldes de ambas
localidades, el perredista Crescencio Reyes Torres y el morenista Rafael
Martínez Ramírez, respectivamente, exigieron al gobernador Héctor Astudillo
Flores que interviniera en el caso porque la nueva guardia comunitaria
–subrayaron– está al servicio del grupo delictivo Los Cuernudos, que lidera
Flavio Delgado Cruz.
El surgimiento del nuevo grupo
encendió la alarma entre inversionistas nacionales y extranjeros, porque el
gobierno de Enrique Peña Nieto dejó etiquetados recursos millonarios para la
ampliación del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán a La Unión Guerrero.
De acuerdo
con reportes oficiales, en enero pasado
hizo su aparición el grupo armado en Petacalco, municipio de La Unión, donde se
encuentra la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y su
dirigente visible se identificó como El Chori.
También, apareció otro grupo adherido a la UPOEG y
dirigido por Eleazar Mercado Rodríguez,El Chay, excandidato del PRI a la
alcaldía de Coahuayutla, según los mismos informes.
En
respuesta, los alcaldes de La Unión y de
Coahuayutla, pidieron a los gobiernos federal y estatal que atendieran el
conflicto generado en el extremo de la Costa Grande, que colinda con el estado
de Michoacán.
Luego, a mediados de febrero pasado, se reportó la
desaparición del líder del grupo de autodefensa de Coahuayutla, Eleazar El Chay
Mercado Rodríguez, así como Leonel Vargas Mata, empresario dedicado a la
seguridad privada y exjefe de escoltas del exgobernador priista, René Juárez
Cisneros, fueron reportados como desaparecidos por sus familiares desde hace
dos semanas.
Mercado Rodríguez y Vargas Mata
fueron candidatos a la alcaldía de Coahuayutla durante el pasado proceso
electoral. El primero fue postulado por la alianza PRI-PVEM, y el segundo por el
Partido Encuentro Social (PES).
Ambos políticos, hasta el momento
siguen desaparecidos y las autoridades estatales no han dado una explicación
pública de este hecho que exhibe el nivel de impunidad y violencia.
Desde marzo
de 2016, Proceso advirtió que los
proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria que contempla el
gobernador Héctor Astudillo Flores están enfocados en zonas controladas por el
narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el
desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.
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