martes, 30 de abril de 2019

Astudillo espera alternativas para suplir ZEE en la Costa Grande.


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Por Ezequiel Flores Contreras.

El gobierno de Héctor Astudillo Flores, quien se ha caracterizado por impulsar proyectos de inversión minera y portuaria, se cimbró ante el anuncio de cancelación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Astudillo Flores dijo, durante un acto público, que espera alternativas para “suplir la posibilidad de generar inversión y empleo” en la región de la Costa Grande.

En esa franja de la entidad se contempló, en 2017, una inversión millonaria en la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, al municipio de La Unión, Guerrero.

En tanto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal (Sedeco), Álvaro Burgos Barrera, reprochó la decisión presidencial argumentando que tres empresas extranjeras supuestamente habrían comprometido la inversión de 2 mil millones de dólares en la ampliación del proyecto portuario.

Burgos Barrera recordó que la administración federal pasada y el gobierno de Astudillo estimaban que, en 20 años, iban a llegar inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares, que habrían de generar 100 mil empleos directos e indirectos en la región de la Costa Grande de Guerrero.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la desaparición de las ZEE, promovidas en el sexenio pasado, al afirmar que “solo se hicieron negocios” y “hubo derroche de recursos públicos”.

La violencia en la ZEE.

Pese al discurso de Astudillo, lo que llegó a la región de la Costa Grande fue una nueva etapa de violencia pues comenzó una guerra por el control de zonas productoras de metanfetaminas producidas con precursores químicos procedentes de Asia, así como la riqueza minera de La Unión y las ganancias que deja el arribo, trasiego y venta de cocaína.

A finales de enero pasado, Apro informó que el surgimiento de un nuevo grupo de autodefensas adherido a la UPOEG, en los municipios La Unión de Isidoro Montes de Oca y Coahuayutla de José María Izazaga, desató un nuevo conflicto armado en esa región de la Costa Grande y provocó la desaparición de dos excandidatos a alcaldes, quienes hasta el momento se desconoce su paradero.

En ese entonces, los alcaldes de ambas localidades, el perredista Crescencio Reyes Torres y el morenista Rafael Martínez Ramírez, respectivamente, exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que interviniera en el caso porque la nueva guardia comunitaria –subrayaron– está al servicio del grupo delictivo Los Cuernudos, que lidera Flavio Delgado Cruz.

El surgimiento del nuevo grupo encendió la alarma entre inversionistas nacionales y extranjeros, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó etiquetados recursos millonarios para la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán a La Unión Guerrero.

De acuerdo con reportes oficiales, en enero pasado hizo su aparición el grupo armado en Petacalco, municipio de La Unión, donde se encuentra la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y su dirigente visible se identificó como El Chori.

También, apareció otro grupo adherido a la UPOEG y dirigido por Eleazar Mercado Rodríguez,El Chay, excandidato del PRI a la alcaldía de Coahuayutla, según los mismos informes.

En respuesta, los alcaldes de La Unión y de Coahuayutla, pidieron a los gobiernos federal y estatal que atendieran el conflicto generado en el extremo de la Costa Grande, que colinda con el estado de Michoacán.

Luego, a mediados de febrero pasado, se reportó la desaparición del líder del grupo de autodefensa de Coahuayutla, Eleazar El Chay Mercado Rodríguez, así como Leonel Vargas Mata, empresario dedicado a la seguridad privada y exjefe de escoltas del exgobernador priista, René Juárez Cisneros, fueron reportados como desaparecidos por sus familiares desde hace dos semanas.

Mercado Rodríguez y Vargas Mata fueron candidatos a la alcaldía de Coahuayutla durante el pasado proceso electoral. El primero fue postulado por la alianza PRI-PVEM, y el segundo por el Partido Encuentro Social (PES).

Ambos políticos, hasta el momento siguen desaparecidos y las autoridades estatales no han dado una explicación pública de este hecho que exhibe el nivel de impunidad y violencia.

Desde marzo de 2016, Proceso advirtió que los proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria que contempla el gobernador Héctor Astudillo Flores están enfocados en zonas controladas por el narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.

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