Por Arturo
Rodríguez García.
Un primer caso de corrupción,
relacionado con quienes tomaron el control del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), en Hidalgo, pone por primera vez en el
banquillo a uno de los muchos cacicazgos históricos que apoyaron la candidatura
de Andrés Manuel López Obrador el año pasado.
Se trata del llamado “Grupo
Universidad”, formación con varias décadas de control hegemónico en la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), tan poderoso en su región que
solía obtener cuotas políticas, como un sector más del PRI, en espacios
legislativos y de la administración pública, hasta que su líder, Gerardo Sosa
Castelán, rompió con sus antiguos aliados.
La
oportunidad se presentó magnífica: enemistado
con Miguel Ángel Osorio Chong, pero también con el gobernador Omar Fayad, el
cacique universitario pudo concretar una vez más las candidaturas para sus
incondicionales a través de Morena no obstante el reclamo de los izquierdistas
históricos y los obradoristas luchones que venían desde los tiempos del
desafuero, así como de las elecciones de 2006 y 2012, que hicieron saber su
malestar en los mítines proselitistas de 2018.
Eso ocurrió con regular frecuencia en
muchas entidades federativas. Que el proyecto de cambio incluyera a expriistas,
expanistas y experredistas recientes, que en no pocos casos tenían agravios
pendientes con el morenismo incipiente de otros años, se respondió una y otra
vez por el hoy presidente de México, como un asunto de pragmatismo: conseguir
adhesiones para ganar la Presidencia y luego ver.
Naturalmente, ese tipo de adhesiones parecían (y en
muchos casos parecen) sellar pactos de impunidad… excepto, por ahora, en el
caso de Sosa Castelán y su grupo.
No es posible saber si hay una razón
política, pero lo que si hay es una evidencia, aparentemente ya acreditada por
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por movimientos en torno a 150
millones de dólares, que naturalmente son inexplicables.
¿Cómo es que una universidad pública
puede mover así, sin afectar su operación, 150 millones de dólares a Suiza y
recibirlos de regreso? Cuál es la procedencia de esos recursos? Para qué serían
destinados? Quién controla las cuentas? Bajo que supervisión?
La revelación de esas operaciones,
posiblemente filtradas desde la UIF –a cuyo titular Santiago Nieto Castillo, no
se le da muy bien aquello del debido proceso—surgió a principios de marzo, una
semana después de que Gerardo Sosa Cravioto, hijo Sosa Castelán, muriera
asesinado en un ataque a tiros hasta ahora insuficientemente esclarecido.
La noche del pasado viernes, la UAEH
–donde Sosa Castelán ocupa la presidencia de un patronato cultural— informó, a
través de un comunicado signado por el rector Adolfo Pontigo, el congelamiento
de todas las cuentas de la casa de estudios, afirmando que siempre operó en la
legalidad y que la UIF ponía en riesgo su operación y la nómina.
Fue justo al día siguiente del
desafuero del diputado de Morena (pero principalmente, del Grupo Universidad),
Cipriano Charrez, a quien se le imputa un atropellamiento con persona fallecida
y huida, presuntamente en hechos ocurridos el año pasado.
En una
perspectiva tradicional, el cacicazgo de
Sosa Castelán agoniza; también sería un mensaje para los grupos políticos que
treparon al morenismo en el último año y medio, algo especialmente relevante
pues el manotazo anticorrupción sería en las filas del partido que el hoy
presidente fundó. Y, finalmente, sería
un llamado de atención para el resto de los caciques universitarios en Durango,
Sinaloa y, señaladamente, en Jalisco.
Lo único que puede salir mal es que
la impericia de Santiago Nieto, titular de la UIF, deje el asunto impune, de
manera que el caso ejemplar anticorrupción para el arranque de sexenio resulte
como ha ocurrido en sexenios pasados, en un rotundo ridículo.
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