Por Neldy
San Martín.
En los años en los que Emilio Lozoya
Austin fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) se dispararon las
tomas clandestinas de combustible y cinco empresas mexicanas fueron
beneficiadas con contratos por adjudicación directa para la reparación de los
ductos perforados.
De diciembre
de 2012 a febrero de 2016 los ataques a
ese tipo de infraestructura aumentaron en al menos 300%, al pasar de mil 635 al
inicio de su administración a más de 6 mil 159 cuando tuvo que dejar el cargo.
Entre 2015 y
2016, debido al incremento del
huachicoleo, Pemex Refinación –cuyas funciones de transportación de combustible
asumió Pemex Logística– firmó cuatro contratos por un total de 476 millones 523
mil pesos para la reparación de ductos durante seis meses, es decir, se trató de un gasto promedio de 2
millones 678 mil pesos diarios. Una empresa más firmó para ofrecer sus
servicios de reparación por 21 meses.
Cinco
empresas fueron favorecidas: Servicios
Integrales Sigma, Petropipe de México, HF Construcciones, Consultoría en Obra y
RAM-100 del Sureste, de acuerdo con los contratos que Proceso obtuvo vía la
solicitud de acceso a la información pública 1857000015119.
A decir de
un exfuncionario de Pemex, que solicitó la reserva de su identidad, las empresas beneficiadas atendieron un
crecimiento “irregular y desmedido” de llamados para reparar los ductos.
Incluso, esta persona reveló una sospecha que rondaba en los pasillos de Pemex:
las compañías contratadas para reparar los ductos eran las mismas que los
perforaban para acrecentar el negocio.
Dicha conjetura corre paralela a las
declaraciones que en septiembre de 2018 dio el entonces director general de
Pemex, Carlos Treviño, al diario El Universal, cuando explicó que la petrolera
dejó de pagar la reparación de ductos debido al riesgo de crear un mercado que
disparara aún más las perforaciones clandestinas.
No es pública la localización de la
red operada por Pemex, que mide poco más de 17 mil 690 kilómetros, porque las
autoridades consideran que se trata de información sensible para la seguridad
nacional.
Sin embargo,
las empresas contratadas para arreglar
los ductos conocen su ubicación en los sectores de Minatitlán, Mendoza, Salina
Cruz, Madero, Victoria, Monterrey, Torreón, Chihuahua, Bajío, Catalina y
México.
La Auditoria
Superior de la Federación (ASF)
identificó que 57% de las 6 mil tomas clandestinas detectadas en 2016 están
ubicadas en las zonas donde Pemex contrató a las cinco compañías para
repararlas: mil 938 ataques ocurrieron en la zona de Salamanca, Guanajuato, y
mil 791 en Mendoza, Veracruz.
Los
beneficiados.
El 27 de
diciembre último, en lo que fue una de sus primeras acciones de gobierno, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
lanzó la operación antihuachicol. En esa ocasión denunció que desde Pemex se
gestó una red de robo y venta de combustible.
El fiscal
general de la República, Alejandro Gertz
Manero, explicó que esa red de huachicoleo estaba en Pemex Logística, encargada
de la operación y monitoreo de los ductos. De hecho, tres empleados de esa área
fueron cesados por intervenir en el flujo del combustible para que fuera
robado.
El
exfuncionario de Pemex consultado reveló
que existe una investigación interna sobre los contratos que fueron adjudicados
a las cinco empresas para la reparación de ductos. Al respecto, Proceso buscó
la confirmación de la indagatoria, pero el área de Comunicación Social no
respondió a la solicitud de entrevista.
De los contratos presuntamente bajo
investigación destaca el que fue asignado a Construcción y Servicios Integrales
Sigma, SA de CV, compañía registrada en Monterrey.
Uno de sus socios es Crisóforo Robles
Sánchez, extrabajador de Pemex Refinación, de acuerdo con el cruce de
información del acta constitutiva en el Registro Público del Comercio y su
declaración patrimonial en la plataforma Declaranet de la Secretaría de la
Función Pública.
Asociado con Petropipe de México, SA
de CV, Sigma obtuvo el contrato “DCPA-OP-SCC-SUD-GTD-A-27-15” por un monto de
102 millones 773 mil pesos para reparar los daños a la infraestructura causados
por las tomas clandestinas en los sectores Madero, Victoria, Monterrey, Torreón
y Chihuahua. Sin embargo, Pemex terminó pagando 125 millones 811 mil pesos, según se desprende de la
información solicitada vía transparencia.
Esos trabajos debían realizarse en
179 días naturales a partir del 15 de junio de 2015, cuando se firmó el
contrato. Un día antes, el 14 de junio, Robles Sánchez –quien estudió
ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí– dejó su
trabajo como técnico en la Subdirección de Proyectos de Pemex Refinación.
Propiedad de
César Castillo Medina y Rubén Darío Pavón Leal, la compañía veracruzana Petropipe de México, en asociación con HF
Construcciones, de Jesús Manuel Hernández Fricachi, obtuvo otro de los
contratos sin licitación para la reparación de ductos en Minatitlán, Mendoza y
Salina Cruz.
De acuerdo con el contrato “DCPA-OP-SCC-SUD-GTD-A-26-15”, firmado
el 15 de junio de 2015, el monto a pagar
era de 125 millones 460 mil pesos; no obstante, la cifra ascendió a 181
millones 612 mil pesos, es decir, 56 millones 152 mil pesos más.
Sobre este
caso último, Pemex Logística reservó la
mayor parte de las 895 fojas del contrato y no aclara las causas del
incremento. Este semanario inició un proceso ante las autoridades competentes
para que la petrolera entregue la información completa.
RAM-100 del
Sureste, cuyo socio mayoritario es
Teodoro Ampudia Gutiérrez, obtuvo dos contratos. El primero lo consiguió el 15
de junio de 2015 en asociación con Consultoría en Obra, de Héctor Garza
Geovela; el segundo lo ganó en solitario el 27 de diciembre de 2016.
El contrato “DCPA-OP-SCC-SUD-GTD-A-28-15” entre
Pemex, RAM-100 y Consultoría en Obra fue
por 122 millones 181 mil pesos para arreglar los ductos atacados en los
sectores Bajío, Catalina y Valle de México.
Y el convenio “PLOG-018/2016” de Pemex con RAM-100 fue por 46 millones
916 mil pesos para la “atención de 30 reparaciones permanentes de tomas
clandestinas en diferentes ductos del Sector de Ductos Nuevo Pemex”. En este
caso, la empresa realizó las reparaciones durante 21 meses, del 29 de enero de
2015 al 21 de septiembre de 2016.
En la cuenta
pública 2016, la ASF reportó que Pemex
identificó 17 mil 535 tomas clandestinas entre 2011 y 2016 y un incremento de
868.5% en los costos de reparación, lo que representó un monto de 3 mil 70
millones de pesos.
La Gerencia de Gestión Técnica de
Salvaguardia Estratégica de Pemex informó a la ASF que el aumento en los costos
se debió a que fueron cancelados los programas y proyectos de seguridad por
falta de ajustes presupuestales, pero también por la posible “existencia de
algunos trabajadores de Pemex y autoridades de los tres órdenes de gobierno que
participan en el mercado ilícito de combustibles”.
Este texto
se publicó el 21 de abril de 2019 en la edición 2216 de la revista Proceso.
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