Por Linaloe
R. Flores.
Grupo Fármacos Especializados S.A. de
C.V. (Grufesa) consiguió una suspensión definitiva en contra del oficio que el
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le envió a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 20 de marzo, para impedirle
participar en licitaciones públicas y adjudicaciones directas en venta de
medicamentos y materiales de curación.
Con esta suspensión –otorgada por el
Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Gorka Migoni
Goslinga– la farmacéutica puede competir por contratos del Gobierno federal
mientras se resuelve de fondo si en el pasado incurrió en acaparamiento, lo que
debe ser asentado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un proceso que puede tardar seis
meses o más, según fuentes judiciales consultadas por SinEmbargo.
Otro elemento que pudiera impedirle
participar en las ventas gubernamentales sería una inhabilitación por parte de
la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incumplimiento de contratos.
Hasta ahora, la empresa ha acreditado que no ha estado en esa circunstancia.
CUANDO ERA
EL REY.
Hoy en los
juzgados, el paisaje era otro para la
empresa el año pasado. Sólo en 2018, el Gobierno de Enrique Peña Nieto le
compró medicamentos por 19 mil 756 millones 112 mil 415 pesos con lo que le
puso la corona de rey entre los proveedores del sector salud, según la
localización de los fallos de los contratos en Compranet, el sistema
electrónico de información pública gubernamental de uso obligado para los
proveedores según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
En total, durante el sexenio, el grupo se hizo del
35.2 por ciento (106 mil 813.3 millones de pesos) de los 303 mil 76.6 millones
de pesos que se autorizaron en el Gobierno federal, una cifra que supera dos
veces a sus cercanos competidores y que también fueron vetados por el Jefe del
Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Farmacéuticos Maypo se llevó el 11.6
por ciento (35 mil 149.3 millones de pesos) y Distribuidora Internacional de
Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) tuvo 11.4 por ciento (34 mil 620.4
millones de pesos).
Mientras, el sector salud de México
alcanzaba uno de sus puntos más críticos, según consta en un diagnóstico
elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval). La infraestructura se debilitó tanto que no
había -no hay aún- acceso efectivo a atención médica de calidad; los médicos
llegaron a ser 2.4 por cada mil habitantes cuando la recomendación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) es de tres por cada mil ciudadanos, y en
general, fue registrada la peor inversión entre los países miembros de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) al recibir sólo
3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El
investigador Gustavo Leal, de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel
Xochimilco, explica que la venta de
medicamentos concentrada en unos cuantos “fue posible después de la aplicación
sistemática de política neoliberales en el sector salud, un ciclo que se inició
en los ochenta, en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y
continuó sin parar hasta los días del ex Presidente Enrique Peña Nieto
(2012-2018). Una gran posibilidad tras el acaparamiento son los intereses de
algunos políticos”.
Pese a la
crisis del sector salud, para Grufesa no
parecía haber grandes obstáculos. De hecho, fue en 2018, cuando arrancaba la
última etapa de la administración, cuando firmó cuatro de sus cinco contratos
más caros del sexenio. Uno fue por tres mil 520 millones 101 mil 495 pesos,
otro por dos mil 567 millones 227 mil 681 pesos, uno más por mil 107 millones
130 mil 619 pesos y otro por mil 28 millones 188 mil 415 pesos.
Y fue ese año en que consiguió 18.4 por
ciento de toda su venta durante la Administración peñanietista, que fue de 106
mil 813 millones 300 mil pesos.
De 913 contratos que le fueron
otorgados ese año, 68.5 por ciento fueron signados con el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y 8.3 por el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Otros compradores a esa
empresa fueron el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA
(Censida), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Los contratos localizados de Grupo
Fármacos Especializado en Compranet, el sistema electrónico de información pública gubernamental
de uso obligado para los proveedores según la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tienen un denominador: no están completos. Así que se desconoce en
cuánto vendieron las unidades y qué cantidades fueron compradas; además de si
hubo mejores precios por parte de otros competidores.
Un ejemplo
de esa opacidad, es el contrato signado
con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida) por
557 millones 468 mil 915 pesos por los antirretrovirales Atazanavir, Lopinavir,
Ritonavir y Dolutegravir. Fue el último suministro antes del veto impuesto por
el Presidente López Obrador, pero no es posible conocer los precios por clave.
La página cibernética de Grufesa se
encuentra caída. En Linkedin, red social (de empleos), aparece como Director
general, Jorge Rozette con quien SinEmbargo solicitó una entrevista, pero no le
fue concedida. Por lo pronto, el próximo semestre será clave para la resolución
de esta madeja de miles de millones de pesos sobre la cual, el Jefe del
Ejecutivo dijo el pasado 6 de marzo: “Había, cuando menos, omisión”.
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